El crimen organizado y los delitos contra la propiedad en Costa Rica han crecido de forma alarmante, mientras las políticas de seguridad y los recursos policiales parecen insuficientes para contener su impacto en la sociedad.
La inseguridad en Costa Rica se ha convertido en una preocupación generalizada, con un incremento en los delitos de propiedad y en las actividades del crimen organizado. En el programa de Desayunos de Radio Universidad del 24 de octubre, Rodrigo Campos, coordinador de la carrera de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), fue invitado para conversar sobre el tema.
Ciertamente, esta problemática abarca desde delitos comunes hasta el surgimiento de cárteles bien estructurados, quienes buscan consolidar su control en el país. Es un hecho que la delincuencia está creciendo desmedidamente y que el crimen organizado está ampliando sus cuotas de poder en diversas áreas de la vida económica y social del país.
La situación de criminalidad responde a múltiples factores que complejizan el panorama. Por un lado, la delincuencia en Costa Rica se manifiesta de distintas formas, desde los delitos comunes y la ciberdelincuencia hasta el sicariato y el tráfico de drogas.
Entre 2021 y 2022, hay un crecimiento del 18% en los delitos. Solo en 2022, se reportaron más de 10,000 denuncias de asaltos, alrededor de 6,000 asaltos a viviendas. Estas situaciones impactan especialmente en sectores vulnerables, donde el crimen organizado se instala aprovechando las carencias económicas.
Uno de los elementos de mayor crecimiento es la ciberdelincuencia. Otro frente que se ha ampliado para el crimen organizado.
“La ciberdelincuencia que nos está afectando muchísimo y es como un cáncer silencioso y no estamos hablando de eso y ha crecido de manera pavorosa”, Rodrigo Campos, coordinador de la carrera de Ciencias Criminológicas en la UNED.
Con el avance de la tecnología, los criminales han encontrado nuevas formas de acceder a las finanzas de las personas, a menudo sin que estas lo perciban. Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2022 en el módulo de victimización, se registraron casi 160,000 familias que estuvieron involucradas en intentos de cibercrimen y se concentraron en poco más de 60,000.
“Este tipo de criminalidad es de los más fáciles de prevenir porque se hace a través de la educación”, recalcó Campos. Sin embargo, no se ha tomado con la seriedad necesaria y eso vulnera cada vez a más personas.
Factores estructurales y geográficos
La posición geográfica de Costa Rica juega un papel importante en el crimen organizado, pues el país se ha convertido en una ruta clave para el narcotráfico hacia Norteamérica y Europa. Los narcotraficantes, explicó Campos, utilizan embarcaciones rápidas que requieren repostaje en el mar costarricense para seguir su ruta hacia México.
Unido a lo anterior, esa logística también fomenta el tráfico de armas que acompaña al cargamento de drogas, lo que incrementa los riesgos de violencia en las comunidades. Gran parte de la droga que entra al país se queda aquí, y esto ha llevado a la formación de grupos delictivos y mercados internos en nuestro país.
El impacto de la inseguridad no es igual para todos los sectores de la población. Las desigualdades estructurales en Costa Rica generan zonas donde la violencia y la criminalidad son realidades diarias, mientras que en otras, como las áreas metropolitanas de clase media y alta, se vive una sensación de seguridad.
“Un hombre joven de un vecindario con muchas vulnerabilidades ha tenido pocas posibilidades de un buen estudio y de una buena formación. El tema de la violencia está tocando a su puerta. Si fuese una mujer adulta de clase media o alta que vive en el centro del país y tiene una formación universitaria, puede vivir en condiciones con posibilidades muy remotas de ser víctima”, mencionó Campos.
Acciones limitadas del Estado
A pesar de la creciente violencia, Campos señala que la respuesta del Estado sigue siendo limitada y enfocada mayormente en la represión. Aunque los operativos policiales han tenido cierto éxito, la falta de políticas integrales de prevención a largo plazo dificulta la reducción sostenida del crimen. La solución debe incluir una estrategia de prevención primaria, secundaria y terciaria, que no solo ataque los síntomas del crimen, sino también sus causas subyacentes.
«La represión es importante para controlar y contener en ciertos momentos, pero los operativos policiales no pueden estar ahí por siempre. En el momento en el que se está dando la represión, deben entrar otras políticas sociales para cambiar las condiciones de esos lugares y evitar que la problemática persista”, Rodrigo Campos, coordinador de la carrera de Ciencias Criminológicas en la UNED.
El pasado mes de setiembre el ministro de Seguridad, Mario Zamora, en una intervención para el foro de Inseguridad Ciudadana y Violencia en Costa Rica organizado la mañana de este martes en la Universidad Nacional (UNA), indicó que hace diez años temas como el sicariato era algo alejado al país pero que ahora es tendencia.
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