La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) pagar los pluses salariales de sus trabajadores según lo que establece el “título III del Plan Fiscal”.
Para cumplir esa orden la Junta Directiva de la Caja deberá desconocer dos acuerdos que firmaron autoridades de la institución con los representantes sindicales de los empleados de salud.
La directiva de la Caja sesionará mañana de manera extraordinaria. La institución se comprometió a acatar lo ordenado por el órgano contralor.
Acuerdos van y vienen
Para entender este conflicto hay que contar la historia larga y empezar a hablar de los acuerdos que ahora son objeto de polémica, ¿Qué dicen? y ¿Por qué son importantes?:
Bueno, el primero de ellos se firmó el 12 de febrero pasado.
En aquel momento los sindicatos de trabajadores de salud amenazaban con una huelga si no se abría una mesa de negociación para implementar al “estilo de la Caja”, la recién aprobada Ley de Fortalecimiento de Finanzas o Reforma Fiscal.
El secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas, Siprocimeca, Marvin Atencio afirma que el acuerdo de febrero se logra como una manera de implementar la Reforma Fiscal en la Caja.
El acuerdo, fue calificado como exitoso por parte del presidente de la Caja, Román Macaya y avalado por los Ministros de Planificación y Trabajo; y planteó una posible protección a los pluses salariales que se le pagan a los trabajadores del seguro social.
La Caja se comprometió a no tocar el pago de las anualidades, dedicación exclusiva y prohibición de aquellas personas que entraron en planilla de la institución antes de la vigencia de la Reforma Fiscal. Es decir, antes de diciembre pasado.
Ese acuerdo generaría que la planilla actual de la Caja siga obteniendo sus pluses salariales calculados como porcentajes y no como cifras absolutas, y que el efecto de la reforma se refleje solamente en los nuevos trabajadores.
El secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería SINAE, Lenín Hernández defiende este argumento alegando que existen derechos adquiridos por los trabajadores que deben ser respetados.
Acá se entra en un profundo debate en el que los sindicatos sostienen que las leyes no pueden ser regresivas, es decir, quitar derechos ya establecidos.
Los gremios se amparan en el artículo 34 de la Constitución Política que dice que “ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”.
Argumento que no comparte Hacienda con la aprobada recién Reforma Fiscal y en la que plantea un ajuste total a todas las planillas públicas.
Los sindicatos alegan además que el acuerdo firmado en febrero se enmarca dentro de lo que establece la reforma Fiscal.
Pero acá es contradictorio que dicho acuerdo fue avalado por la presidencia de la Caja, por la ministra de Planificación, Pilar Garrido y el Ministro de Trabajo, Steven Nuñez.
Y hay que ser honestos: la implementación de la reforma fiscal generó confusión en muchas instituciones, ya que la ley se fue reglamentando sobre la marcha digamos, y por ende, esto generó vacíos, que como en este caso fueron subsanados por acuerdos a lo interno de las instituciones.
Hacienda pretendió retomar el control de algo que se estaba saliendo de sus manos y la respuesta a este acuerdo no se hizo esperar.
En mayo, la cartera de Hacienda emitió un decreto que básicamente le ordena a la Caja la obligación de apegarse a lo que establece la Reforma Fiscal en materia de pago de salarios y por tanto llama a la institución a ajustar el salario de todos sus trabajadores, tanto los nuevos como los actuales.
Los trabajadores de salud reclaman que la Caja no fue consultado para emitir la directriz. Hacienda alega que no era necesario.
Es por ello que los sindicatos de la Caja personalizan este nuevo conflicto en la figura de la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
La nueva huelga. El nuevo acuerdo.
El nuevo decreto propició una huelga en los servicios de salud en julio, que se prolongó hasta por ocho días.
Una protesta que provocó un gran impacto en los servicios de la Caja: casi 70 mil consultas generales y especializadas se dejaron de brindar y los quirófanos fueron paralizados; la mitad de cirugías sin hacerse.
La huelga sentó en la mesa de diálogo una vez más al Ejecutivo, directivos de la Caja y representantes de los trabajadores.
Y tras 40 horas de negociación el movimiento de protesta finalizó luego de la firma de un documento en el que la Junta Directiva de la Caja se comprometió a mantener vigente los acuerdos firmados en febrero, y solicitar a los Tribunales una declaratoria de lesividad que anule los acuerdos.
Ese era el escenario en agosto, en el que ambas partes del conflicto estaban satisfechas una vez más. El documento fue firmado una vez más por representantes de Casa Presidencial, en esta ocasión incluso, el nuevo Ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora.
Las autoridades de la Caja estaban convencidas de que un tribunal anularía el acuerdo de febrero. Mientras los sindicatos esperaban que el proceso se extendiera algunos años y con ello seguir recibiendo el pago de sus pluses según el argumento sindical.
Un acuerdo que le significan cerca de 3500 millones de colones adicionales en el pago de pluses salariales -solamente en el primer año-, la cifra corresponde a un cálculo hecho por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja.
Pero ahora estas expectativas se rompieron.
Lo cierto es que lo ordenado por la Contraloría es claro: Los acuerdos de febrero y agosto de 2019 no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos por lo que la Caja debe abstenerse de iniciar un proceso judicial o administrativo para la declaratoria de nulidad de los compromisos.
Argumento rechazado por el sindicalista Lenín Hernández, quien plantea que los acuerdos continuarán vigentes pese al oficio de la Contraloría.
Pero no solo eso, la Contraloría también ordenó a la Junta Directiva de la Caja la aplicación inmediata de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Todo eso será discutido mañana en una sesión convocada de manera extraordinaria, pero que desde ahora genera una gran expectativa sobre el acuerdo final de los directivos de la Caja. Pero como ya vimos podrían estar condicionados por el oficio de la CGR.
La Contraloría le puso el cascabel a la Caja y le obliga a cumplir la Reforma Fiscal. El principal motivo para decir esto, es el penúltimo párrafo de la orden emitida por la Contraloría:
“El órgano contralor advierte que cualquier actuación -omisa o activa- por parte de esta administración, en contraposición a lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o en general, que resulten disconformes con el ordenamiento jurídico, podrán ser objeto de eventuales responsabilidades”.
Cierra el oficio firmado por el director del Área de Fiscalización de Servicios Sociales. Poco margen de acción tiene, en este momento, la Caja.
Los gremios se plantea que el oficio de la Contraloría es de carácter recomendativo y por ende no supone de obligatorio acatamiento para la Junta Directiva de la Caja. Así lo dice el secretario general de Siprocimeca.
La expectativa. Los sindicatos.
Días previos a esta Junta, los directivos de la Caja no atienden el teléfono y los que lo hacen como José Luis Loría, representante del sector cooperativista, solamente dice que“todo lo que queramos saber tendremos que esperar hasta este martes”.
Loría asegura que la Caja actúa bajo el marco de la legalidad.
Para el directivo los criterios que han cambiado son los de Hacienda y por ende la institución ha tenido que ir solventando los cambios en la reglamentación de la nueva ley fiscal.
Es por ello que como ya escuchamos, la Contraloría asegura que los acuerdos firmados entre las partes no constituyen actos administrativos generadores de derechos.
Ese poco o nulo margen de la Caja para interpretar la orden de la Contraloría provoca que desde ahora los gremios de salud se preparen para un movimiento de protesta fuerte.
Para la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) este oficio de la Contraloría es un acto de provocación político en contra de la institución de salud, así lee la situación la sindicalista, Marta Rodríguez.
Los sindicatos se sienten molestos con la orden la Contraloría y por ende alzan el tono sobre lo que podrá pasar en los próximos días. Luis Chavarría de UNDECA plantea una fuerte oposición a las orden del órgano contralor.
El sindicalista, Marvin Atencio afirma que es muy probable una nueva huelga en los servicios de salud. Las medidas de presión de los trabajadores no se harán esperar.
Atencio alega que este conflicto trascendió y desnuda a un sector político que -según el criterio del sindicalista- busca limitar los derechos de los trabajadores.
El mismo Atencio afirma que los sindicatos expondrán a un grupo de diputados que -según el criterio de este gremio- son los que más atentan contra los derechos de los trabajadores.
Los sindicatos también les cobran a los legisladores impulsar las reformas para limitar los derechos salariales y laborales de los trabajadores de la salud. Al menos así lo ven los gremios.
Por ahora la única acción concreta de los sindicatos en contra de la decisión de la Contraloría es presentar una denuncia ante el Contencioso Administrativo contra las Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar y la de Planificación, Pilar Garrido.
Los gremios consideran que las jerarcas irrespetan la legalidad al desconocer los acuerdos.
Aún no hay fecha para más o nuevas acciones de protesta. Las estrategias se cuidan con recelo. Lo cierto es que todos saben que algo va a pasar pero nadie sabe cuando.
La directiva de la Caja deberá sesionar buscando un acuerdo que equilibre las cosas a lo interno de la institución y evite una nueva huelga.
Además la cabeza del presidente de la Caja del Seguro Social, Román Macaya está en juego, aunque el mandatario le ofreció su respaldo recientemente, lo cierto es que un nuevo conflicto podría provocar una presión desde diferentes frentes de oposición que piden la salida de Macaya. Por lo pronto, el jerarca de la Caja deberá comparecer ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público el jueves de la otra semana.
