Costa Rica se presenta como un referente ambiental, pero mantiene uno de los consumos de plaguicidas más altos del mundo. Mientras la regulación avanza lento y la fiscalización es débil, trabajadores y comunidades siguen enfermando en un modelo agrícola que privilegia la productividad sobre la salud y el ambiente.
“El año pasado un trabajador de herbicidas andaba el cuerpo todo brotado. Pero una manera que daba cosa verlo. Las piernas, las pantorrillas…las plantas de los pies, las manos, totalmente”, relató Dania Obando, del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines (Sintrapa).
Obando, quien labora en la lavandería de una finca palmera en la zona sur, enfrenta ahora un procedimiento disciplinario interno, iniciado después de que denunciara las afectaciones en la salud de su compañero.
En la Zona Atlántica, José Luis Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores del Sector Agrícola del Atlántico (Untraatla), comentó a Interferencia lo que considera una situación lamentable en las plantaciones bananeras: la aplicación de plaguicidas mediante riego aéreo mientras las personas trabajadoras siguen en el campo.
“Dependiendo del químico o el producto se queda en las hojas y si el trabajador sigue laborando, muchas veces le cae en los ojos…han llegado hasta el punto, algunos trabajadores, de perder la vista”, detalló Castro.
Ambos testimonios revelan una contradicción profunda: Costa Rica, país que construyó su reputación internacional en torno a la conservación ambiental, mantiene una agricultura que depende intensamente de los plaguicidas. Y aunque el país cuenta con políticas y leyes, la realidad en el campo muestra otra cara, una donde la normativa es débil y la fiscalización insuficiente.
Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica”, el país utiliza cada año millones de kilos de sustancias que estarían prohibidas en la Unión Europea. De ese total, más de 11 millones de kilos no están aprobados en ningún país de ese bloque de naciones, 12.5 millones de estas sustancias se asocian con el cáncer y más de 14 millones con otros efectos graves en la salud.
Además, en el país se siguen comercializando 1.884 productos registrados hace más de una década, algunos incluso desde hace 37 años, sin que se haya fijado una fecha de vencimiento para sus registros. Entre 2010 y 2020, el PNUD contabilizó 58 muertes por intoxicación con plaguicidas, la mayoría vinculadas a los cultivos de banano, piña y café.
Los datos del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones confirman que el problema persiste. Solo en 2025, más de 500 personas fueron víctimas de intoxicaciones en el sector agrícola, muchas de ellas directamente expuestas durante su jornada laboral.
El investigador Fernando Ramírez Muñoz, del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA), planteó que el uso intensivo de plaguicidas está anclado en el modelo de producción agroexportador: “banano y piña son los principales consumidores, pero también hay un uso elevado en cultivos nacionales como chile, tomate o cebolla”.
A esto se suma, según Ramírez, un aumento sostenido en los ciclos de producción y una dependencia creciente de insumos importados desde países como China o India, lo que agrava la huella de carbono.
Por su parte, el agrónomo e investigador Elidier Vargas, quien participó en el estudio del PNUD, señaló que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha cedido progresivamente su rol de asistencia técnica a las empresas que venden plaguicidas. “Ellas dan crédito y asesoría a los agricultores. Pero esa ‘asesoría’ promueve el consumo, no la reducción. A más uso, más ventas”, aseguró.
Para Vargas, este modelo crea un círculo vicioso donde los productores quedan endeudados y dependientes de los insumos químicos. Además, muchos de los plaguicidas que se aplican no están registrados para el cultivo en el que se usan, por lo que no se conoce ni la dosis adecuada ni los residuos que dejan en los alimentos.
Ramírez afirmó que en teoría los plaguicidas se registran para usos específicos, pero en la práctica eso no se respeta. Y en los cultivos de consumo nacional, donde no hay presión de los mercados internacionales, el control es casi inexistente.
“Entonces, no sabemos cuál es el efecto que tienen en cuanto a residuos, no sabemos cuál es la dosificación correcta para el cultivo, porque simplemente no se registró para ese cultivo”, manifestó.
Para el sindicalista José Luis Castro, el tema más urgente es la salud laboral. Según comentó, muchas empresas no muestran un interés real por la protección de sus trabajadores. En lugar de capacitaciones o información clara, “la prevención” suele reducirse a hacerles firmar formularios donde, en letra pequeña, se advierten posibles riesgos. Esa termina siendo la única información que reciben.
Castro añadió que a esto se suma que las personas trabajadoras no tienen acceso a una póliza de riesgo de trabajo que puedan utilizar cuando ocurren accidentes laborales. Además el sindicalista planteó que quienes se atreven a denunciar estas condiciones con frecuencia enfrentan represalias e incluso despidos.
Normas en el papel, debilidad en el campo
Costa Rica cuenta con una extensa legislación para el control de pesticidas y, desde 2025, con una nueva Política Pública para los Plaguicidas de Uso Agrícola. Sin embargo, los especialistas sostienen que la aplicación real es escasa.
Para el agrónomo Elider Vargas, la normativa, pese a ser amplia, no se aplica como debería. Como ejemplo Vargas cuenta que el MAG publicó una modificación al reglamento de registro de plaguicidas pero continúa manteniendo en el mercado todos los plaguicidas sin revisión. “Mejoras no hay. Lo que hay es un maquillaje estadístico histórico”, dijo Vargas.
Fernando Ramírez, por su parte, asegura que las leyes “no se sienten” en el campo. El investigador del IRET-UNA manifestó que las fiscalizaciones son mínimas, no se respetan los periodos de retiro y las aplicaciones de agroquímicos se hacen en tiempos indebidos. “No se prohíben por capricho; sino simplemente es porque están causando un efecto muy grave en la salud”, enfatizó.
Dania Obando lo confirma desde la experiencia cotidiana. La trabajadora agrícola sostuvo que aunque existen protocolos, “la fiscalización es muy débil.
“Vienen auditores (a las zonas de cultivo) y entonces corren (las personas de la empresa) a esconder lo que ellos saben que no se debe utilizar (con relación a los plaguicidas prohibidos)”, relató Dania Obando del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines.
Por su parte, José Luis Castro planteó que las denuncias que presentan los trabajadores ante instituciones como el Ministerio de Salud o el propio MAG pocas veces llevan a las empresas a la vía judicial por una infracción. Y que el precio de las multas “no es nada” para una empresa que incumple con esta normativa.
“Si como patrón yo hago una infracción a la ley, si me sancionan voy a tener cuidado, pero las empresas obviamente se están jugando el chance”, planteó Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores del Sector Agrícola del Atlántico (Untraatla).
Consultadas por Interferencia, las autoridades y cámaras empresariales insisten en que el consumo de plaguicidas en Costa Rica está sobredimensionado.
La Comisión Nacional de Riego Aéreo aseguró que las empresas no requieren permisos especiales para fumigaciones aéreas, siempre que los productos estén registrados por el Servicio Fitosanitario del Estado.
La misma Comisión añadió que en cuanto a las denuncias de personas trabajadoras agrícolas sobre el riego aéreo y los protocolos destinados a evitar su presencia en las zonas de aplicación, señalaron que es responsabilidad directa del patrono garantizar la salud y la seguridad laboral, “conforme a lo establecido en los artículos 21 y 66 de la Constitución Política, así como en el artículo 282 del Código de Trabajo”.
Decretos
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Decreto Ejecutivo N.º 44083-MAG-MOPT-S-MINAE-MTSS, Reglamento para las actividades de aviación agrícola. En su artículo 58: Es responsabilidad del dueño del cultivo o del contratante garantizar que, durante la aplicación de agroquímicos, no haya personas ni animales dentro del área a tratar.
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Decreto Ejecutivo N.º 41931-MTSS, Reglamento sobre condiciones de salud y seguridad en labores agrícolas. Artículo 20: Durante las labores de aplicación de agroquímicos, únicamente deben permanecer en el área las personas trabajadoras que realizan dicha labor. Es responsabilidad del patrono, intermediario o contratista impedir la presencia de personas ajenas a esta actividad.
La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) indicaron que “no es cierto que Costa Rica sea el país que más consume plaguicidas”, y que las comparaciones con países fuera del trópico no son válidas. Esta Cámara reconoció que el MAG tiene recursos limitados para fiscalizar, pero defendieron que “se cumple con la reglamentación existente”.
Por su parte, el MAG, no respondió las consultas sobre la aplicación de la nueva política ni sobre los mecanismos de control en campo.
Alternativas posibles
Los investigadores coinciden en que eliminar los plaguicidas de un día para otro no es viable, pero sí urge reducir su uso y apostar por prácticas agroecológicas.
Para el agrónomo Elidier Vargas, los plaguicidas químicos sintéticos no deberían ser la primera opción para el control de plagas. Vargas consideró que lo adecuado es priorizar acciones preventivas, como mejorar la calidad de las semillas que utilizan los agricultores, y dejar las intervenciones correctivas con sustancias químicas como último recurso.
Además, propuso fortalecer el acercamiento entre las empresas de plaguicidas y las agrícolas para identificar las plagas presentes y seleccionar productos más eficaces, menos agresivos para el ambiente y la salud, y con costos razonables.
El investigador del IRET, Fernando Ramírez, señaló que la agroecología ha sido descuidada y que urge promover alternativas que reduzcan la dependencia de plaguicidas, fortaleciendo las tácticas preventivas y las prácticas agroecológicas. Ramírez añadió que, aunque los plaguicidas permitidos pueden usarse en situaciones de emergencia, el país debería avanzar en el desarrollo de fungicidas e insecticidas nacionales menos dañinos.
Mientras las instituciones discuten decretos, protocolos y políticas que rara vez se sienten en el campo, Dania y José Luis continúan denunciando lo que ven todos los días: aplicaciones sin control, represalias contra quienes hablan y comunidades expuestas. Desde las comunidades más expuestas a los agroquímicos, su lucha recuerda que, detrás de la imagen de sostenibilidad, persisten prácticas que siguen enfermando a la gente y contaminando la tierra.
Principales leyes sobre el uso de plaguicidas:
Ley N.º 5395, Ley General de Salud
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Establece un marco general para el uso de plaguicidas que afectan la salud humana bajo su competencia (a través del Ministerio de Salud).
Reglamento de Salud Ocupacional
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Regula el manejo y uso de agroquímicos para proteger la salud de los trabajadores y establece condiciones mínimas en el lugar de trabajo.
Reglamento para la calidad de agua potable
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Incluye el nuevo decreto que que afecta los límites de residuos de plaguicidas en agua.
Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria
Regula las actividades relacionadas con la protección fitosanitaria, incluyendo el registro, uso y control de plaguicidas.
Reglamento sobre Registro, Uso y Control de Plaguicidas Agrícolas y Coadyuvantes
Reglamento para Regular la Actividad de Control de Plagas mediante la Aplicación de Plaguicidas de Uso Doméstico y Profesional
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Este reglamento establece los principios para el uso de plaguicidas domésticos y profesionales (no agrícolas) en viviendas, edificios, jardines, etc., con el objetivo de proteger la salud humana y el ambiente.