El historiador Óscar Aguilar, quien presentó una de las denuncias contra Chaves ante el TSE, rechaza que las investigaciones por beligerancia política sean un “golpe de Estado institucional” y asegura que quienes violan la ley son los que amenazan la democracia.
Óscar Aguilar Bulgarelli, uno de los ciudadanos que presentó denuncias contra el presidente Rodrigo Chaves por supuesta beligerancia política, afirmó que el avance de estas investigaciones no constituye un “golpe de Estado institucional”, como lo ha sostenido la diputada oficialista Pilar Cisneros.
Por el contrario, el historiador subrayó que los golpes de Estado se producen cuando alguien se sale del marco legal, mientras que su intención y la de otros denunciantes es precisamente garantizar que el presidente cumpla con la Constitución.
“Cuando es la aplicación de la ley, no hay golpe de Estado de nada. Los golpes de Estado los dan quienes se quieren salir de la ley”, manifestó Aguilar, y añadió: “Nosotros cumplimos como ciudadanos con el deber de pedir que se defienda la ley”.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó este martes a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del presidente Chaves para que pueda ser procesado por 15 denuncias acumuladas en un expediente de beligerancia política.
Las acusaciones fueron presentadas por diez personas, entre ellas Ricardo Sancho (PLN), Fabián Solano y Gonzalo Coto (PAC), así como los diputados Antonio Ortega, Johana Obando y Luis Fernando Mendoza. También figuran Allen Solera, Claudio Alpízar, Giovanni Delgado y el propio Aguilar.
La decisión de la Sección Especializada del TSE, adoptada el 3 de octubre por unanimidad, indica que las denuncias contienen elementos suficientes para su admisibilidad. Sin embargo, conforme al artículo 270 del Código Electoral, la Asamblea debe levantar primero la inmunidad presidencial para que pueda iniciarse el procedimiento sancionatorio.
Tras conocerse la resolución, la diputada oficialista Pilar Cisneros aseguró que la institucionalidad “está utilizando todas sus herramientas para intentar desmontar el proyecto político de Rodrigo Chaves”, y pidió a los legisladores impedir el levantamiento del fuero presidencial.
Aguilar explicó que las acusaciones se basan en hechos concretos. El expediente incluye denuncias por manifestaciones realizadas desde diciembre del año pasado, entre ellas alusiones al símbolo del jaguar —registrado como divisa del partido Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva)— y declaraciones en las que el mandatario instaba a votar por diputados afines a su proyecto político. En julio, el TSE prohibió al Gobierno usar ese símbolo por tratarse de una divisa partidaria.
“Ha sido una acción permanente, consecuentemente planeada del presidente, de violar la Constitución todos los días, a todas horas y en todas sus conferencias de prensa”, señaló Aguilar.
El denunciante recalcó que quienes presentaron la denuncia junto a él no responden a intereses partidarios.
“Todos los que firmamos este documento somos ciudadanos interesados en la preservación de la democracia. No obedecemos a ningún lineamiento partidario ni ideológico”, afirmó.
También insistió en que el proceso se apega estrictamente a la normativa.
“Todo lo que se está actuando está dentro de lo que señala el Código Electoral y los artículos que se refieren a la beligerancia política. Se están siguiendo los pasos institucionales correspondientes”, sostuvo.
Aguilar destacó además que el presidente podrá ejercer su defensa con todas las garantías legales.
“El Tribunal pide que se aplique la ley. Eso no significa que no pueda defenderse; puede presentar descargos, pruebas y todo dentro del marco legal”, indicó.
Ante críticas recibidas por el momento en que se realiza el proceso, Aguilar respondió:
“Nada es inoportunamente jurídico. ¿Cuándo es inoportuno aplicar la ley? La ley hay que aplicarla cuando hay que aplicarla. Si esto coincidió con la campaña política, coincidió y punto. Lo importante es que se cumpla la ley”.
El historiador consideró, por el contrario, que este es el momento oportuno “para que el presidente sepa que no puede hacer lo que le dé la gana, porque hay un marco jurídico que tiene que respetar”.
Aguilar enfatizó que ninguna persona está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de la República.
“Las leyes son las reglas del juego. Quien juega fuera de la ley enfrenta consecuencias. Ese es el camino para garantizar el respeto al orden jurídico y la estabilidad democrática”, concluyó.