La JPS indicó que los fondos fueron remitidos a la Contraloría en julio de 2025 y que el atraso responde a un proceso sujeto a revisiones técnicas y legales. El entre contralor, por su parte, confirmó que el presupuesto sigue en análisis y aún no cuenta con resolución final.
Desde diciembre de 2024, tres organizaciones que atienden y previenen el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) no reciben los fondos que, por ley, la Junta de Protección Social (JPS) debe entregarles.
Las organizaciones afectadas son el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA Casa Abierta), Transvida y el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC). Según denuncian, la falta de los fondos ha comprometido su capacidad para atender a personas en mayor riesgo de infección, como aquellas en situación de calle, trabajadoras sexuales y en condición de pobreza.
Los recursos pendientes son en total 214.750 millones de colones dividido entre las tres organizaciones y sus respectivos proyectos de la siguiente manera:
Según reportan las organizaciones, los servicios que se han visto suspendidos o limitados debido a la falta de presupuesto se encuentran la distribución de insumos preventivos (condones y lubricantes), consejería, y los acompañamientos y apoyos en procesos de detección y tratamiento.
Keyra Martínez, presidenta de Transvida, explicó a Interferencia que, en su caso, se ha dejado de brindar la atención integral al diagnóstico del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, incluyendo la pre y post consejería. Aunque la organización ha buscado la forma de que la entrega de insumos preventivos continúe, ahora se realiza a través de mensajes en redes sociales, lo que dificulta el acceso a la población en situación de calle.
Por su parte, Dennis Castillo, director de Irca Casa Abierta, dijo que los atrasos han afectado directamente la capacidad de respuesta de la organización.
“Y esto no solo es un problema financiero, es un asunto de salud pública. Sabemos que el Estado ha asumido por ley la obligación de garantizar estos recursos. Si bien es cierto, la Junta lo ha mencionado, que garantiza los recursos para la atención y prevención del VIH. Sin embargo, su entrega oportuna no es una opción, es un deber legal y ético, pero que no han cumplido con este deber”, señaló Castillo.
Agregó que, debido a la falta de recursos, se vieron obligados a suspender temporalmente la contratación de personal clave en los procesos de atención psicosocial, legal y de salud contemplados en el proyecto, lo que ha reducido significativamente la capacidad operativa.
“Las personas más afectadas son justamente las que apoyamos: personas trans, hombres gays, jóvenes con VIH que ya han sido rechazados y excluidos en otros espacios. Como organización brindamos acompañamiento a las clínicas y velamos porque se garantice el acceso a pruebas de VIH, ITS e incluso a la medicación”.
¿Qué dice la JPS?
Tanto Martínez como Cristian Caamaño Chacón, coordinadore de la plataforma de incidencia comunitaria para la respuesta del VIH en Costa Rica, afirmaron a Interferencia que han tenido respuestas confusas por parte de la JPS, quien inicialmente les indicó que el atraso se debía a la Contraloría y a que no había podido sesionar la Junta por falta de nombramiento de un directivo.
Ante consultas de Interferencia, la JPS señaló que los recursos para estos proyectos fueron incorporados en el Presupuesto Extraordinario N.° 1-2025, actualmente en análisis y aprobación por parte de la Contraloría General de la República (CGR). El Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la JPS informó que dicho presupuesto fue remitido al ente contralor el 24 de julio de 2025.
Sobre los atrasos denunciados por las organizaciones, la institución indicó que “el traslado de los recursos depende de un proceso que debe cumplir con revisiones técnicas y legales para garantizar la correcta administración de los fondos públicos. En esta ocasión, fue necesario ajustar el calendario de trabajo relacionado con el Presupuesto Extraordinario N.° 1, el cual constituye un requisito previo para que la Contraloría General de la República realice su análisis y eventual aprobación”.
La JPS reiteró en su respuesta el compromiso de que los recursos lleguen a las organizaciones en apego al marco legal y con total transparencia.
La Ley La Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales (Ley 8718), en su artículo 8 inciso i, establece la asignación de entre un 1 % y un 1,5 % de las utilidades generadas por la JPS a organizaciones dedicadas a la prevención y atención del VIH y Sida. La distribución de estos fondos está regulada por el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la Ley 8718, que define los requisitos y procedimientos que deben cumplir las organizaciones para acceder al financiamiento.
Por su parte, la Contraloría General de la República indicó a este medio que el presupuesto se encuentra en análisis y que aún no se ha emitido el resultado final. La información fue confirmada por la División de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social del ente contralor.
Costa Rica había recibido en los últimos cinco años recursos del Fondo Mundial para la respuesta al VIH. “En el 2020 comenzamos a hacer todas las gestiones, formulaciones y planificaciones necesarias para transicionar a un financiamiento doméstico, en este caso con los recursos de la Junta de Protección Social”, explicó Martínez.
Estos fondos internacionales fueron clave para la prevención, la referencia y la atención del VIH, y permitieron avances importantes en la materia. Sin embargo, en la etapa más reciente, el proceso de transición hacia un financiamiento sostenido con recursos locales ha enfrentado obstáculos, cuyos efectos ya se reflejan en las poblaciones y proyectos que dependen de este apoyo.