El uso intensivo de plaguicidas en Costa Rica continúa siendo una preocupación urgente. El país ha sido señalado como uno de los mayores consumidores de agroquímicos por hectárea en el mundo, y buena parte de estas sustancias terminan contaminando fuentes de agua que abastecen a comunidades enteras. Durante el programa Desayunos de Radio Universidad, especialistas discutieron los riesgos de esta situación y las deficiencias institucionales que han permitido que la problemática se agrave con el tiempo.
CONTAMINACIÓN SIN CONTROL INSTITUCIONAL
La bióloga Yamileth Astorga Espeleta, expresidenta del AyA, explicó que la aplicación excesiva de agroquímicos está provocando un impacto directo en el ambiente y en los recursos hídricos:
“Se está aplicando más cantidad [de agroquímicos] de la que se debería, y eso se acumula en el ambiente. Se infiltra y puede llegar a aguas subterráneas o acuíferos, contaminando las fuentes de agua: quebradas, ríos, lagos, nacientes”.
La especialista advirtió que el riesgo se vuelve aún mayor cuando esas fuentes son utilizadas para consumo humano, ya que, según la experta, estos venenos, que están diseñados para atacar organismos específicos, terminan disueltos en el agua que consumen las personas.
La acumulación de residuos químicos no afecta únicamente las hierbas que se pretenden controlar, sino que también daña insectos, artrópodos acuáticos y algas, lo que rompe cadenas alimentarias completas en los ecosistemas. Esa contaminación silenciosa termina llegando a la población, que muchas veces desconoce la magnitud del problema.
El ingeniero agrónomo, Elidier Vargas Castro fue enfático en señalar que la falta de acción de las instituciones ha favorecido la continuidad de la crisis:
“La Sala Cuarta ha condenado a las instituciones porque todas se lavan las manos: MAG, Ministerio de Salud, AyA y MINAE se tiran la bola. Por eso no se ponen de acuerdo y la contaminación continúa”.
Durante décadas, el país ha incumplido con el establecimiento de zonas de protección alrededor de las nacientes, un mandato legal que establece un radio de 200 metros para resguardar las fuentes de agua potable. Sin embargo, esa disposición ha sido sistemáticamente ignorada en distintas regiones.
LA LEGISLACIÓN NO ESTÁ SIENDO SUFICIENTE
La preocupación por la contaminación se agrava con la reciente decisión del Ministerio de Salud de modificar el reglamento de agua potable. Según Astorga, el cambio sustituye el concepto de valor máximo admisible por el de valor de alerta. Esto implica que, aunque el agua supere ciertos niveles de plaguicidas, seguirá distribuyéndose mientras se realizan estudios sobre los posibles riesgos.
Vargas explicó que esta flexibilización es peligrosa, ya que no existen metodologías claras para evaluar los efectos acumulados de distintos plaguicidas presentes al mismo tiempo en el agua. Los estudios tradicionales analizan el impacto de cada sustancia por separado, pero la realidad es que la población consume mezclas de químicos cuyos efectos combinados no se conocen.
“El problema es que permiten hasta ocho metabolitos en una misma muestra de agua. Eso significa que una persona puede estar expuesta a múltiples sustancias de manera simultánea, sin que se sepa el verdadero riesgo acumulado”.
El consumo de agua contaminada con agroquímicos representa un peligro para la salud de la población. Astorga detalló que, dependiendo del tipo de sustancia, algunas se eliminan con facilidad del organismo, pero otras se acumulan en los tejidos grasos, aumentando su concentración con el tiempo hasta provocar daños irreversibles. Entre los posibles efectos se encuentran problemas crónicos, mutagénicos y cancerígenos.
En el caso particular de Cartago, donde se concentra gran parte de la producción hortícola, Vargas señaló que la región también registra una de las tasas más altas de cáncer gástrico en el país. Aunque no existen estudios concluyentes que vinculen directamente ambos fenómenos, la coincidencia es preocupante:
“La ignorancia nos hace felices. Cuanto más conocemos, más nos asustamos, porque no estamos dimensionando los efectos que realmente estamos sufriendo. Este no es un problema ambientalista extremo, es un asunto de salud pública”.
EL LLAMADO PENDIENTE
La situación requiere acciones inmediatas y coordinadas entre instituciones, comunidades y productores agrícolas. La eliminación de cultivos que incumplen con la distancia mínima de protección, la prohibición de agroquímicos altamente solubles y el monitoreo constante de las fuentes de agua son pasos urgentes para garantizar el derecho humano al agua potable.
Mientras tanto, la flexibilización del reglamento abre la puerta a que más sustancias se sumen a la lista de plaguicidas autorizados en el agua de consumo, sin claridad sobre sus efectos acumulados. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿cuánta exposición estamos dispuestos a tolerar a cambio de sostener un modelo agrícola dependiente de químicos?
Lo que está en juego no es solo la calidad de los ecosistemas, sino la salud de miles de personas que, sin saberlo, beben cada día agua contaminada. Una contaminación silenciosa que obliga a repensar con urgencia las prioridades del país.