Tierras y cobre, los ganadores de Minera Panamá

Una concesión de cobre declarada dos veces inconstitucional encierra una historia de acaparación de miles de hectáreas de tierras fiscales en una reserva de bosque virgen de Panamá. Un listado de empresarios, incluídos dos socios del bufete Morgan y Morgan, lograron que el Estado les adjudicara fincas públicas que después vendieron a las mineras por varios miles de dólares más. Para hacerlo, echaron mano de una figura creada para beneficiar a los campesinos de la zona. Hoy Minera Panamá declara por esas tierras menos de la mitad de lo que pagó por ellas.

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Las mineras extranjeras que llegaron a Panamá a explotar uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo no habían cortado un solo árbol de los cientos de miles que luego talaron ni habían cavado un hueco de cinco mil hectáreas en la montaña de Donoso, en pleno pulmón de bosque virgen del pequeño país tropical. Nada de eso había sucedido cuando ya un club de abogados y empresarios ligados al poder político estaba sacando jugosas ganancias con la adjudicación de tierras fiscales.

Quien hoy controla directa o indirectamente el 90% de las acciones del proyecto Cobre Panamá es la canadiense First Quantum Minerals, según sus propios reportes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Tras cinco años de explotación, ésta se vio obligada a suspender operaciones en noviembre de 2023 por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó la inconstitucionalidad de la ley que regía la concesión minera que le habían otorgado.

Ahora, una investigación de la alianza periodística Países Minados II sobre los cambios de propiedad de 75 fincas a nombre de Minera Panamá, la subsidiaria local de la multinacional canadiense, y de sus afiliadas describe un capítulo desconocido de la historia de problemas que ha venido acumulando esta zona minera. En la primera etapa de esta investigación colaborativa y transfronteriza de Concolón en Panamá y La Voz de Guanacaste en Costa Rica, en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), habíamos revelado el extenso daño ambiental que un proyecto vecino a Cobre Panamá, llamado Molejón de Petaquilla, había dejado en esa región.

De las 75 fincas que hoy tiene la minera, el Estado ha venido adjudicando desde hace casi 30 años, 65 fincas por un total de 1,759 hectáreas a 50 personas y tres empresas en el mismo lugar donde se construiría la mina. Estas personas pagaron, sumados, apenas 71 mil dólares, aprovechándose de una figura legal creada para reconocer a campesinos el derecho sobre las parcelas que habitan. Algún tiempo después, las vendieron a la minera por un precio más de cien veces mayor del que pagaron al Estado por ellas: 8 millones de dólares. Entre esas personas había un grupo de socios del actual bufete de Minera Panamá, Morgan y Morgan, sus familiares y aliados, a quienes les reconocieron la tajada mayor: 859 hectáreas divididas en 15 fincas.

El negocio en detalle

La operación comenzó en febrero de 1997, cuando el gobierno otorgó a la empresa Petaquilla una concesión para explotar oro que dejó un lastre de contaminación peligrosa para las comunidades. Continuó durante la siguiente década, mientras la empresa se escindía en dos, una parte cambiaba de nombre a Minera Panamá y era comprada por la gigante canadiense. La presión sobre las tierras públicas no paró ni con el fallo de la Corte de hace casi dos años, por el cual la justicia panameña dejó sin validez jurídica el vínculo entre la empresa y su proyecto estrella Cobre Panamá. En efecto, el Registro Público inscribió a nombre de la empresa dos nuevas propiedades en abril de 2024, cinco meses después de la sentencia.

Y eso no es todo.

La Minera Panamá tampoco está declarando al Estado el valor real de esos bienes. Por las 75 fincas pagó un promedio de 6,600 dólares por hectárea, pero el valor registrado es menos de la mitad: $2,900. En el mercado, según información de agentes inmobiliarios, esa hectárea puede superar los cien mil dólares.

La familia minera

El origen de esta maniobra se remonta a la década de 1970.

Omar Torrijos comandaba un país ocupado por bases militares de Estados Unidos y partido por un Canal que no le pertenecía. Mientras luchaba por recuperarlo, se obsesionaba también con otras fuentes de riqueza. En las montañas de las provincias de Coclé y Colón podía conseguirlas. Eran suelos fértiles para expandir la frontera agrícola y contenían la segunda reserva de cobre más grande del mundo. Torrijos fomentó ambas actividades con marcos jurídicos para la explotación minera y varios intentos por habitar la zona, hasta que murió cuando su avión explotó contra un cerro de la zona en 1981.

Dos décadas después, el presidente Guillermo Endara retomó uno de los objetivos.

Tras la invasión de Estados Unidos a Panamá de diciembre de 1989, Endara emprendió la reconstrucción de un Estado en ruinas. Montó la nueva arquitectura institucional para la democracia y promovió la apertura de la economía con el fomento de la inversión extranjera. En agosto de 1991 otorgó un permiso de exploración a la empresa Geo-Recursos Internacional S.A., representada por “el padre de la minería en Panamá”, Richard Fifer.

En 1995 Geo-Recursos se rebautizó como Minera Petaquilla. Trece años después, pasó a llamarse Minera Panamá. El cambio quedó inscrito en el Registro Público de Panamá por uno de los bufetes más influyentes del país: Morgan & Morgan, vinculado hasta hoy a la empresa.

Los Morgan estuvieron al lado de Torrijos. Uno de sus socios fundadores, Eduardo Morgan Jr., fue su ministro de Gobierno y fomentó el desarrollo del centro bancario internacional. También, por lazos familiares, muy cerca del primer presidente del partido que éste fundara, el PRD, en el período post dictadura: Ernesto Pérez Balladares, quien asumió la Presidencia en 1994 y a los tres años otorgó derechos exclusivos a Petaquilla para explotar metales como oro y cobre en 13,600 hectáreas.

El contrato de concesión contenía un paquete de beneficios que despertó polémicas. La empresa no pagaría impuestos sobre sus ganancias ni por importar maquinaria o combustibles, y podría sacar su dinero del país sin comisiones ni explicaciones. También tendría un trato especial para comprar tierras para el desarrollo del proyecto, como para cualquier trámite.

De inmediato, el Estado adjudicó tierras públicas a dos socios de Morgan & Morgan con las mismas herramientas legales ideadas para reconocer derechos a los campesinos con los que Torrijos quería poblar la zona.

Entre 1997 y 1999, Roberto Lewis Morgan y Luis Hincapié Vila —entonces socios, ahora consejeros del bufete— registraron la compra de un total de 213 hectáreas por 14,690 dólares.

Luis Hincapié Vila pagó 12 mil dólares por fincas de 161 hectáreas y vendió 87 de éstas por más de 52 mil dólares a Petaquilla. Es decir, recuperó su inversión casi cuatro veces y todavía le quedaron 74 hectáreas sin vender. Una de las fincas, obtenida en 1999 por 11 mil dólares, la dividió y vendió la mitad por 39 mil, según consta en la escritura 1,077, inscrita en el Registro Público en febrero de 2000 con la firma de otro socio del bufete que pocos años después sería mucho más conocido que Hincapié: Rómulo Roux, ex ministro y dos veces candidato a la presidencia de la República.

Lewis Morgan, por su parte, obtuvo a fines de 2001 “una parcela de terreno estatal patrimonial” de 52 hectáreas mediante la compra de los derechos posesorios de un vecino de la comunidad llamado Abelisario Rodríguez, a quien le dio 2,500 dólares.

Los derechos posesorios fueron impulsados como una forma de terminar con el acaparamiento de tierras con fines especulativos, reconociendo la titularidad a quienes la trabajaban mediante unos títulos informales. El sistema ayudó a centenares de campesinos humildes pero también permitió titular a precio de saldo decenas de miles de hectáreas de tierras fiscales a especuladores inmobiliarios ligados al poder político, como mostraron investigaciones periodísticas como La Conquista del Atlántico y Panamá en venta: tierras disponibles para el mejor especulador.

Un hermano de Lewis Morgan, Enrique Eduardo, también obtuvo así una finca con la que logró una diferencia jugosa: la Dirección Nacional de Reforma Agraria le reconoció los derechos posesorios sobre las 38 hectáreas de un campesino por 580 dólares en 1997. Al año siguiente, él la vendió a Petaquilla por casi cuarenta veces más: $22,896.

Para esta investigación se rastrearon 222 escrituras de propiedad, perfiles de 27 sociedades y más de 70 personas involucradas en la triangulación de 65 fincas estatales que hoy están registradas a nombre de Minera Panamá y dos de sus afiliadas. Los resultados muestran que el universo vinculado a Morgan y Morgan fue beneficiado con cerca de la mitad de esa extensión: un total de 859 hectáreas adjudicadas en once años.

Hay aliados, emparentados, asociados y casados revueltos en esta triangulación de tierras. Roberto y Enrique son sobrinos de los fundadores del bufete y, a su vez, primos de un empresario que también acumuló cientos de hectáreas: Benjamín Boyd Lewis.

Minería y política: ¿mundos distintos?

Además de lazos de sangre, Benjamín comparte otros asuntos con su primo Roberto: ambos integran la junta directiva de dos empresas con concesión de minería no metálica vigente, para extracción y venta de arena submarina, según un listado publicado por el Ministerio de Comercio: Arenas del Mar y Arenera Balboa. En la última hay también dos pesos pesados de la política local.

Uno es Roy Cortizo, el hermano del presidente de Panamá señalado como responsable del estallido social de 2023, Laurentino Cortizo. Cortizo asumió el gobierno en julio de 2019 por el PRD. Tras publicarse el primer fallo con el que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión de 1997 —un fallo de 2017 que el gobierno anterior ignoró y recién quedó efectivo en 2021, cuando apareció en la gaceta oficial—, el entonces Presidente negoció con Minera Panamá. Muchas vueltas y varias denuncias de conflictos de interés después, en 2023 Cortizo envió un nuevo contrato a la Asamblea Nacional y desató enojos: críticas, marchas y más señalamientos por sospechas de corrupción. De todas maneras, avanzó. En cinco días el Legislativo aprobó el proyecto y el Ejecutivo ratificó una nueva ley. La furia escaló a niveles nunca antes vistos. Tras un mes de bloqueos en todo el país, la Corte volvió a fallar la inconstitucionalidad del contrato.

Además del hermano del expresidente, de Roberto Lewis Morgan, de Benjamín Boyd Lewis y un amigo suyo, Álvaro Méndez Fábrega, que también recibió tierras que luego revendió a la empresa minera Petaquilla, en la junta directiva de Arenera Balboa figura otro político y empresario bien conectado: Samuel Lewis Navarro. Samuel fue el vicepresidente del también perredista Martín Torrijos entre 2004 y 2009. Su gobierno activó la operación de Petaquilla tras un largo letargo y le dio luz verde para nuevas inversiones, con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el permiso para partir la concesión original en dos.

Benjamín, pariente de Samuel, fue beneficiado con 102 hectáreas divididas en tres fincas. Las últimas le fueron adjudicadas por la Dirección Nacional de Reforma Agraria en julio y agosto del año 2000. Antes de que terminara el año, Benjamín las vendió a Petaquilla por ocho veces más de lo que pagó al Estado por ellas —$32,176 versus $3,860—. Tres años antes, durante la presidencia de Pérez Balladares y mientras su tío Gabriel Lewis Galindo, padre de Samuel, era ministro, la Nación le dio otras 50 hectáreas por un poco más de dos mil dólares. Él la vendió por 15,300.

Por ese entonces, estas tierras estaban protegidas por una batería de leyes que permitían incorporar parcelas estatales a la economía para preservarlas. Es decir, usarlas de forma adecuada para proteger el patrimonio forestal, las cuencas hidrográficas y la fauna silvestre. En las actas por las que el Estado reconoció tierras a la familia minera hay obligaciones como “no talar bajo ningún argumento” y “preservación permanente de la vegetación existente”. Pero esas restricciones se vuelven más flexibles al momento de otorgar concesiones a empresas como las mineras. “A los megaproyectos les autorizan acciones por encima de esas restricciones en los Estudios de Impacto Ambiental”, dijo la abogada del Centro de Incidencia Ambiental, Joana Ábrego.

Países Minados II envió un listado de preguntas a los mencionados en esta investigación, para que comentaran en detalle las transacciones encontradas en los citados documentos oficiales. En su respuesta, no se refirieron a cada operación ni a sus utilidades, pero sí explicaron que la adquisición de estas tierras estuvo relacionada con la intención de preservar una zona de la que se enamoraron cuando en la década de 1980 viajaron para practicar buceo. Convencidos de hacer una reserva natural, iniciaron la compra de derechos posesorios. Luego llegó la mina y los forzó a vender. “Nos negamos y dijeron que nos iban a expropiar, valiéndose de su famoso contrato, por lo que negociamos”.

Según los archivos disponibles en el Registro Público de Panamá, la presión inmobiliaria sobre estas tierras siguió avanzando.

En el enredo de nombres conocidos que se repiten entre en el universo minero, el político y el del propio bufete están la esposa, las hermanas y un cuñado de Benjamín Boyd Lewis.

A Fátima del Rosario López Ramos, casada con él, le tocaron 34 hectáreas en una cesión también enmarcada en el Código Agrario y en simultáneo a la que obtuvo su marido en 1997. Su hermano Guillermo Luis también está en el combo. Por entonces, Guillermo Luis era abogado en otra firma. Hoy es funcionario del gobierno que pretende reactivar la mina de First Quantum a pesar de los fallos y la oposición ciudadana.

Dos años después, en 1999, la Dirección Nacional de Reforma Agraria otorgó parcelas a las hermanas de Benjamín: María Isabel y Raquel Mercedes Boyd Lewis. La primera pagó $16,660 por 187 hectáreas. Raquel Mercedes, $2,500 por 54.

El clan Boyd Lewis traspasó la propiedad de esas fincas por el mismo precio a la Reserva Natural Privada Río Caimito, una empresa afiliada a Minera Panamá donde, otra vez, figuran junto a socios y dueños de Morgan y Morgan, más un puñado de empresarios de renombre.

Los anexos del contrato del Estado con Minera Panamá de 2023 listan varias sociedades como afiliadas de la empresa, definiéndolas como “aquella que directa o indirectamente controla, es controlada o está en control común con la empresa al tener el 50% de las acciones”. Ocho de ellas están registradas en Panamá y las otras seis en otras jurisdicciones offshore. Una de las locales es Reserva Natural Privada Río Caimito, propietaria de nueve fincas de un total de 646 hectáreas en Donoso y vinculada a Morgan & Morgan, pues no sólo fue registrada por el bufete cuatro meses después de Petaquilla, en octubre de 1995, sino que en su junta directiva hubo hasta el año 2012 socios como el hijo del fundador de la firma, Jorge Enrique Morgan, los consejeros Luis Hincapié Vila y Roberto Lewis Morgan, además de allegados como Benjamín.

Ahora está dirigida por empleados de Minera Panamá y el agente residente es la firma de otro político con lazos con la minera: Melitón Arrocha, exministro de Comercio, exdiputado y candidato a presidente en las últimas elecciones.

El dominio territorial de Reserva Natural Privada Río Caimito fue alimentado por fincas públicas trianguladas a través de ocho personas: los dos consejeros de Morgan y Morgan, el clan familiar Boyd Lewis y una persona más, Misael Mora Martínez. Todos viven en la capital del país, a cientos de kilómetros de la zona. A diferencia de las que les vendieron a Petaquilla, a la sociedad en cuya junta directiva figuraban se las traspasaron por el mismo precio pagado a la Nación. Según expertos consultados, la triangulación puede obedecer a otra lógica de conveniencia: el Estado adjudica tierras a las personas por un precio menor del que tendrían que pagar las sociedades. “Te dan un precio de campesino”, dijo un abogado.

En su respuesta a Países Minados II, Benjamín Boyd Lewis y un abogado que habló en representación de los dueños de la Reserva Natural Privada Río Caimito dijeron que la crearon para proteger los bosques primarios. Allí habitan especies en peligro de extinción, como el jaguar, y nacen tres cuencas que forman el río Caimito. Cuando la minera quiso comprar una parte para abrir una carretera, indicaron que lo acordado fue cederla con la condición de que se conservara. Hoy colinda con el puerto de Cobre Panamá. Minera Panamá no quiso responder a las preguntas de esta alianza enviadas por correo electrónico sobre este y otros asuntos.

Esta alianza periodística envió 18 preguntas a la filial local de First Quantum Minerals para pedir comentarios sobre la triangulación de tierras, la conservación de la reserva Río Caimito y el subregistro del valor que declara la empresa ante el Registro Público por el total de las 75 fincas a su nombre. La gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Cobre Panamá, Maru Gálvez, respondió por mail: “En este momento no emitiremos comentarios específicos sobre los puntos planteados”.

El Ministerio de Ambiente publicó en 2022 un informe sobre el área protegida de Donoso donde menciona la reserva privada Río Caimito así: “Los pobladores se consideran víctimas de terratenientes, quienes con engaños compran sus tierras, haciéndoles promesas adicionales de fuentes de trabajo e instalaciones de servicios básicos, necesarios en la comunidad. Un ejemplo que mencionan son las tierras compradas para establecer la reserva privada de Río Caimito”.

Además del uso de derechos posesorios, la operación revela otros patrones.

Primero, las acciones fueron en bloque y para parcelas vecinas. El mismo día en que fueron adjudicadas 54 hectáreas para Raquel Boyd Lewis, el Registro Público reconoció 52 hectáreas a su primo Roberto Lewis Morgan. Hasta comparten el rollo en el que se encuentran las actas, con número 33,336. La parcela de Roberto era vecina de la de Benjamín. Las de las hermanas Boyd Lewis también estaban pegadas. Igual que las de Luis Hincapié Vila y los demás.

Segundo, los trámites avanzaron con una velocidad impensada para los tiempos de la burocracia local. El proceso de escrituración de la finca de Boyd Lewis, por ejemplo, demoró menos de un mes. Su hermana Raquel Mercedes corrió con la misma suerte: catorce días para escriturar las tierras adjudicadas por la Nación, lo mismo su venta a Reserva Natural Privada Río Caimito. Expertos consultados para esta investigación indicaron que ese papeleo suele tomar más de diez veces más. “Titular un terreno en menos de un año es un récord”, dijo un abogado.

Finalmente, el paraguas legal al que echaron mano para justificar la triangulación también ayudó a otros de los involucrados en la triangulación de tierras con la minera.

El mejor negocio lo hizo un holandés famoso por conseguir títulos de propiedad de derechos posesorios engañando a campesinos: compró a través de la sociedad Bahía Rincón por $372 y vendió a Minera Panamá por tres millones más. En ‘La Conquista del Atlántico’ el periodista Guido Bilbao mostró el modus operandi: “Al permitirse la comercialización de esos derechos de posesión, los empresarios de la ciudad llegan a las comunidades con sus abogados y sus contactos en las instituciones, adquieren esos derechos por precios irrisorios y las titulan a su nombre. Con la inscripción legalizada, el precio de la tierra se multiplica automáticamente. Y comienza el festín de la especulación”.

En contraste, los destinatarios naturales de los derechos posesorios aún esperan su titulación. A muchos campesinos y pescadores de Donoso y Coclé nunca les reconocieron las tierras que habitan.

Lea mañana: ¿Quién mueve los hilos de Minera Panamá y su dueña, First Quantum Minerals?