Las historias de defensores ambientales asesinados y cuyos casos siguen impunes son una herida abierta en la lucha por la protección del planeta. En Costa Rica, quienes alzan la voz para proteger la naturaleza enfrentan amenazas, violencia y, en muchos casos, la indiferencia del Estado.
El 18 de marzo de 2019, Costa Rica amaneció con una noticia que le movió el piso a muchas personas que se dedican a la defensa del medio ambiente. Sergio Rojas Ortíz, líder indígena Bribri de Salitre, fue asesinado en su casa, en el marco del conflicto originado por el proceso de recuperación de territorios indígenas que inició en 2011. Seis años después, el caso está archivado y las personas que cometieron el delito, impunes. Esta y otras situaciones son la razón por la que ambientalistas y grupos de la sociedad civil se plantean la importancia de establecer mecanismos para proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
Irene Murillo, representante de la sociedad civil, destacó en entrevista para el programa Comunidad Radios UCR que “todos en algún momento hemos actuado como defensores del ambiente y que garantizar su protección no es un tema de un grupo selecto, sino un derecho fundamental”. La activista señala que Costa Rica tiene un vacío normativo en este ámbito y que no existen protocolos adecuados para atender las amenazas que les hacen a quienes protegen el medio ambiente.
“En el tema de personas defensoras, encontramos un vacío. Hablamos de los conflictos pero no vemos a las personas que hacen estas cosas como defensoras. Es algo de lo que no hablamos y no nos auto reconocemos”- Irene Murillo, representante de la sociedad civil.
En la misma línea, Esteban Monge, representante del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) explicó que si bien el Acuerdo de Escazú es una normativa regional que plantea líneas de trabajo en este tema, Costa Rica la firmó pero no la ratifica aún y eso deja desprotegida esta área, haciendo que muchas veces las instituciones no sepan actuar ante estos casos o que les resten importancia.
Monge enfatizó que el problema requiere un enfoque integral que involucre a los tres poderes del Estado y garantice mecanismos de coordinación institucional. “Crear procesos que involucren a todas las instituciones que tienen competencia en esta materia”, afirmó.
UN PROYECTO DE LEY PARA PROTEGER A LAS PERSONAS DEFENSORAS
En la Asamblea Legislativa se presentó la propuesta de “Ley para el reconocimiento y protección de personas defensoras de Derechos Humanos y defensoras del medio ambiente”, expediente legislativo Nº 23.588, impulsado por la diputada Monserrat Ruíz. Sin embargo esta iniciativa no ha sido aprobada.
Si bien la Corte Plena del Poder Judicial reconoce la importancia de la iniciativa, algunos expertos han señalado carencias y omisiones en el proyecto, ya que consideran que fue creado sin realizar consultas amplias a las entidades especializadas.
Por su parte Monge explicó que el proyecto sienta un precedente de la importancia que tiene la seguridad de las personas defensoras del ambiente, ya que es un tema en el que el país está en deuda. “Esto no es un tema de los territorios indígenas nada más. Conflictos ambientales van a seguir existiendo y las personas que asuman este compromiso tienen que saber que pueden hacerlo sin que corran riesgos”, señaló.
UNA LUCHA QUE CONTINÚA CADA DÍA
Pablo Sibar, dirigente del pueblo Brörán de Térraba, dijo en Comunidad Radios UCR que la lucha ambiental es “defensa de la vida para las futuras generaciones”.
Sibar subrayó que los pueblos indígenas sufren un asedio constante y que hay gran indiferencia estatal ante las amenazas y asesinatos de líderes como Sergio Rojas. “No se quiere investigar a profundidad. El poder económico es grande y capta muchas cosas, y desde ahí se hace muy difícil», indicó.
“Los defensores no somos como lo catalogan, realmente buscamos el término de vivir en paz y ser felices. Vamos a seguir luchando por estos principios que no son fáciles, pero que realmente se deberían respetar”- Pablo Sibar, dirigente del pueblo originario Brörán de Térraba y defensor ambiental.
Sibar atribuye la negativa del país a ratificar el Acuerdo de Escazú al temor de asumir compromisos en la protección de los defensores ambientales. A pesar de ello, insiste en la importancia de seguir luchando y en la necesidad de que toda la sociedad costarricense se una en esta causa.
Según Murillo el reto es claro: “nadie debe vivir con miedo por defender la casa común”. Se requiere visibilizar el problema, fortalecer capacidades y generar herramientas concretas que garanticen la seguridad de quienes se dedican a proteger el ambiente.
“Tenemos que empezar por visualizar el tema, tal vez no queremos verlo porque pensamos que aquí esas cosas no pasan y eso no es cierto”, recalcó la representante.