La psicóloga de la UCR, Ana María Jurado, señaló que denunciar a figuras públicas, como sacerdotes, puede hacer los procesos más angustiantes. Además, indicó que en muchos casos el sistema protege al agresor por ser un miembro respetado de la comunidad, lo que dificulta que las víctimas avancen en el proceso. Por ello insistió en la necesidad de capacitación a funcionarios judiciales para abordar estos casos.

¿Debería la bendición de un cura a una Fiscalía ser un obstáculo para que una víctima de agresiones sexuales lo denuncie y avance su proceso?

Para la psicóloga de la Universidad de Costa Rica (UCR) y especialista en emociones y salud, Ana María Jurado, aspectos religiosos no deberían nunca intervenir en denuncias judiciales.

La especialista explicó que, ya de por sí, denunciar a una persona reconocida en la comunidad, como un sacerdote, puede hacer que un proceso judicial resulte aún más complejo para las personas denunciantes, como ocurrió a Juan Bautista Alfaro, un joven de 30 años que ha enfrentado obstáculos en su denuncia contra un sacerdote por violación sexual.

Alfaro denunció al cura Froilán Aníbal Hernández Gutiérrez por los hechos que, según su relato, ocurrieron en 2010, cuando él tenía 16 años y el sacerdote era 14 años mayor. El proceso inició en la Fiscalía de Pérez Zeledón, cerca de donde vive el joven, pero fue trasladado a la Fiscalía de Osa. La razón: el sacerdote había realizado bendiciones en la Fiscalía de Pérez Zeledón. Por ello, y con el objetivo de «garantizar transparencia y objetividad», se ordenó el cambio, según consta en un documento de la Fiscalía Adjunta de Género al que Interferencia tuvo acceso.

Este cambio complicó el proceso para el denunciante, ya que ahora debe viajar más de 80 kilómetros hasta Osa, tomando dos buses y dedicando hasta dos horas y media por trayecto cada vez que necesite hacer gestiones como declarar o presentar pruebas.

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La psicóloga explicó que, sacar a flote temas personales como la religión, puede obstaculizar el proceso judicial, y que es necesario aún más trabajo en la capacitación de las personas funcionarias para que puedan atender adecuadamente a las víctimas de violencia sexual.

En el caso de Alfaro, Jurado señaló que, si bien considera apropiado que algunos funcionarios judiciales decidan apartarse del caso por tener un vínculo con el sacerdote, es fundamental establecer mecanismos para proteger a la víctima. Dentro de este marco, protegerla implica garantizarle un proceso justo y accesible.

“Dentro de lo que es legalmente viable, es muy importante que el proceso se facilite y no se obstaculice. Créame que eso no es difícil, por ejemplo, no tenés que mandarlo a Osa para que pueda tener la imparcialidad necesaria”, afirmó.

Creencias religiosas por fuera

Alfaro contó a Interferencia que ya había intentado denunciar antes al sacerdote. La primera vez fue en el 2015, cuando se presentó a la Fiscalía pero terminó desistiendo.

Según su relato, las personas que le atendieron en la Fiscalía y cuyo nombres no recuerda le cuestionaron si realmente era necesario presentar la denuncia después de tanto tiempo de ocurridos los hechos. Además, según el joven, le advirtieron sobre el impacto que podría tener su testimonio, preguntándole si era consciente de que el acusado era una figura pública y del daño que su denuncia podría causar tanto a esa persona como a la Iglesia Católica.

Para Jurado, este tipo de comentarios son inaceptables en la atención a denunciantes. Explicó que los criterios personales, los valores y las creencias deben quedar fuera al momento de atender a quienes presentan una denuncia.

“Su lugar (el de las personas que toman denuncias) es recopilar toda la información que sea imprescindible para resolver este caso y que el juez, entonces ahí sí, pueda valorar mejor. Sus valores personales, sus creencias sobre las cosas, son irrelevantes en este momento (…) lo que importa es el relato de la víctima”, agregó.

La especialista añadió que es importante entender que no todas las víctimas de delitos de índole sexual son iguales y que por eso los tiempos que se toman para hacer la denuncia pueden variar.

«No es igual poner una denuncia cuando estamos hablando de personas que son personalidades públicas o gente importante dentro de la comunidad, como por ejemplo pueden ser los líderes religiosos también”, detalló la psicóloga.

Procesos judiciales “devastadores”

Jurado describió que los procesos judiciales son engorrosos y devastadores. “Las personas que presentan una denuncia deben atravesar un proceso angustioso y estresante. El sistema no está diseñado para facilitarle las cosas a las víctimas”, explicó.

La especialista relató que existen numerosas historias de un sistema que, al proteger activamente al agresor, porque resulta que es un miembro respetado de la comunidad, impide que las víctimas sigan adelante con el proceso. Agregó que a nivel psicológico, las consecuencias varían a raíz de las implicaciones del proceso, pero pueden incluir ansiedad, estrés postraumático, depresión y, en casos graves, ideación suicida o suicidio.

“Nosotras (psicólogas) sabemos que los procesos de traumatización, ya solo por el hecho, pero además asociados a los procesos legales, son una realidad y los tenemos documentados”, detalló la psicóloga.

A Alfaro, por su parte, le resuena cómo a la sociedad le cuesta tomar el partido de las víctimas, «de alguna forma, se encuentra alguna excusa para culpar al otro, dicen: ¿por qué duró tanto en hablar?, cuando la pregunta debería ser: ¿por qué el otro anda abusando de personas menores?».

Al respecto, la psicóloga señaló que en nuestra sociedad, el testimonio de las víctimas suele ser puesto en duda, mientras que la integridad del agresor rara vez es cuestionada. Aunque se han logrado avances, señaló que aún queda mucho por hacer en cuanto a la protección de las víctimas, donde debería estar el enfoque.