En resumen: Casa Presidencial comenzó el 2025 señalando una veintena de criterios supuestamente ilegales de “coadministración” de la Contraloría General de la República (CGR). La acusación carece de fundamento: no hay resoluciones que certifiquen un acto indebido en esos casos y el Poder Ejecutivo ni siquiera impugnó las disposiciones que recibió.
Frente a repreguntas de Doble Check, Presidencia cambió el tono de sus mensajes públicos al indicar que las disposiciones señaladas “podrían interpretarse” como una intromisión en las funciones del Gobierno. Casa Presidencial también dio la interpretación infundada de que las auditorías de la Contraloría se limitan a la consignación de hallazgos y recomendaciones; en realidad, la legislación costarricense permite que la Contraloría emita disposiciones de acatamiento obligatorio a partir de auditorías.
En noviembre pasado, la ahora exministra de la Presidencia, Laura Fernández, le dijo a una comisión legislativa que ella podría entregar una “bitácora diaria de la coadministración de la Contraloría”. Ante un recurso de amparo de Doble Check, Fernández reconoció que no podía sustentar esa crítica porque “es una información que como tal no tenemos” y que sus palabras deben entenderse “de manera figurativa”. Luego de que Doble Check publicara esa admisión de Laura Fernández, el Gobierno difundió la lista de criterios que, supuestamente, prueban la coadministración ilegal de la CGR.
Presidencia también mencionó informes que la CGR envió a instituciones públicas descentralizadas y municipios, así como una auditoría al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Solo tres de esos casos recibieron algún tipo de apelación por parte de las entidades involucradas, confirmó la CGR a Doble Check.
Contrario a lo promocionado por el Gobierno, una de esas impugnaciones es una demanda que el Tribunal Contencioso Administrativo le rechazó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en julio pasado. El tribunal determinó que la auditoría que impugnaba la Aresep en ese caso “no se trata de una coadministración” de la CGR.
El Gobierno también hizo referencia a una auditoría en la que el Tribunal Contencioso Administrativo negó la medida cautelar que solicitaba el CFIA, y que sigue en apelación. El tercer caso es una apelación archivada que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) retiró después de presentarla. Presidencia no explicó por qué el Ejecutivo dejó sin apelar las supuestas intromisiones de la CGR.
“Dato mata mentira” tras admisión de Laura Fernández
A partir de enero, Casa Presidencial empezó a difundir supuestos criterios ilegales de la Contraloría General de la República (CGR) para demostrar que esa entidad excede sus competencias al abarcar funciones del Gobierno. El Gobierno publicó esos mensajes después de que la exministra de la Presidencia, Laura Fernández, reconociera bajo juramento que no tenía la información que sustentara dicha crítica.
“Yo les podría, si ustedes quieren, dar una bitácora diaria de la coadministración de la Contraloría”, dijo Fernández ante una comisión legislativa el 19 de noviembre anterior. Tras un recurso de amparo de Doble Check, la ahora exministra reconoció ante la Sala Constitucional que tal afirmación la hizo en “sentido figurado” y que “es una información que como tal no tenemos”.
Después de esa admisión, el 8 de enero, Presidencia envió a Doble Check una lista de oficios de la Contraloría para distintas instituciones que, supuestamente, son “casos de coadministración”. Casa Presidencial y la diputada oficialista, Pilar Cisneros, han mencionado varios de esos informes en redes sociales y conferencias de prensa.
En la conferencia del 22 de enero, Casa Presidencial difundió un segmento llamado “Dato mata mentira” en el que mostró titulares de noticias y portadas de informes de la CGR para cuestionar a la contralora general, Marta Acosta, quien ha reiterado que la CGR no acapara funciones que le corresponden al Gobierno.
Luego del segmento, el presidente de la República calificó esos ejemplos como ilegalidades cometidas por la contralora:
“Buenísimo ese dato mata mentira, porque se contrastan las palabras vacías de una funcionaria pública que no sé por qué le da vergüenza reconocer que coadministra, si lo hace todos los días. ¡Ah! Es que la Constitución lo prohíbe, ¿es así, doña…ministra? No es que le da vergüenza; es que no quiere confesar ante los costarricenses que viola la ley y la Constitución de manera cotidiana y arbitraria […] Ah, ella, no, porque está haciendo algo ilegal”, dijo Rodrigo Chaves.
Criterios que el Gobierno señala ahora
El discurso presidencial de ilegalidades cometidas por la Contraloría carece de sustento. No hay resoluciones que respalden esa acusación, y el Poder Ejecutivo ni siquiera apeló los supuestos casos de coadministración que le achaca al ente contralor.
Doble Check revisó 20 criterios de la Contraloría que el Gobierno ha señalado públicamente. Se trata de 18 informes de auditorías, un informe de opiniones y sugerencias (DFOE-CAP-OS-0001-2024) y una orden a la Municipalidad de Siquirres por una denuncia ciudadana (DFOE-DEC-ORD-00005-2024). Los criterios estaban dirigidos principalmente a ministerios, instituciones descentralizadas y gobiernos locales, y fueron emitidos mayormente el año pasado.
La mayoría de esas auditorías incluye disposiciones para crear, actualizar o formalizar programas y planes estratégicos que permitan medir la eficiencia del uso de recursos públicos en las instituciones evaluadas, con base en leyes y reglamentos vigentes.
La CGR aclaró que los ministerios que son parte del Poder Ejecutivo no apelaron ninguna de las disposiciones que Presidencia señala ahora como coadministración.
Por ejemplo, el Gobierno señaló el “Informe de auditoría sobre los otorgamientos y la revisión de requisitos de permanencia para empresas en el régimen de zonas francas” (DFOE-FIP-IAD-00003-2023), dirigido a los ministerios de Hacienda y Comercio Exterior en 2023. Dicha auditoría concluyó que “si bien existe un cumplimiento total en la presentación de requisitos y definición de parámetros de ingreso al régimen, se identificaron debilidades en la gestión de información, y ausencia de parámetros técnicos para valorar el otorgamiento del régimen a empresas previamente beneficiadas”.
Esa auditoría también halló que “un tercio de los procedimientos administrativos abiertos se encuentran pendientes de resolución” y que “existen rezagos de hasta dos años en la revisión de informes de operaciones de los beneficiarios del Régimen de Zona Franca para la verificación de requisitos de permanencia”. Entre otras disposiciones, la Contraloría le pidió a Comercio Exterior “elaborar una hoja de ruta para resolver los procedimientos administrativos pendientes de resolución” y “definir, aprobar, divulgar e implementar un procedimiento que regule la gestión documental de los expedientes de las empresas de zona franca, con el propósito de fortalecer el control sobre el régimen”. El ministerio no reclamó esas disposiciones.
Tres criterios apelados por otras instituciones
La lista de informes de la CGR que Casa Presidencial cuestionó solo incluye tres casos que fueron impugnados por instituciones descentralizadas y un colegio profesional. Una de esas apelaciones fue resuelta a favor de la Contraloría, otra fue archivada y solo un caso sigue en trámite.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) perdió una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo en la que alegaba la invasión de competencias de la CGR por el “Informe de auditoría acerca del proceso instaurado por el ICE [Instituto Costarricense de Electricidad] y la ARESEP para la concesión de la generación y compra de energía eléctrica a privados”, emitido en febrero del 2020 (DFOE-AE-IF-00009-2019).
Contrario al mensaje del Gobierno, el tribunal determinó en julio pasado (sentencia 2024-004630) que el accionar de la Contraloría en ese caso “no se trata de una coadministración, en tanto en ningún momento la CGR ha sustituido las competencias del ente regulador respecto de la fijación de las tarifas que debe pagar el ICE a los generadores privados de energía eléctrica”. El tribunal concluyó que la Contraloría se limitó a indicar “situaciones puntuales en las que [la ARESEP] debe cumplir con los parámetros de legalidad y eficiencia, e incluso dejar de incurrir en omisiones, como es el caso de las tarifas relacionadas con la generación de energía eléctrica utilizando la tecnología eólica”.
Por otro lado, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) impugnó el “Informe sobre las funciones, atribuciones y obligaciones del CFIA y su contribución en proyectos de obra pública” (DFOE-CIU-IAD-00003-2024). El Colegio pidió una medida para suspender las disposiciones del informe “argumentando que su naturaleza de ente público no estatal lo excluía de la Hacienda Pública y, por ende, de la fiscalización ejercida por la CGR”, describió el ente contralor.
El Contencioso Administrativo rechazó la solicitud de medida cautelar del CFIA, y el caso sigue en trámite en el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo (expediente 24-005249-1027-CA), indicó la CGR. La Contraloría defiende la fiscalización del CFIA porque “es un organismo público no estatal que administra ingresos públicos, como los provenientes de timbres”.
La Contraloría también dio información sobre el recurso de apelación que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) presentó por una auditoría del 2023 sobre la planificación integral del sistema educativo (DFOE-CAP-IAD-00012-2023). “El CONARE presentó un recurso contra las disposiciones 4.8 y 4.9 [de la auditoría], argumentando que excedían el ámbito de competencia del Consejo. Sin embargo, el CONARE desistió de continuar con el proceso y el recurso fue archivado”, detalló la CGR.
Cambio de tono de Presidencia
Casa Presidencial cataloga a los informes de la Contraloría como “casos de coadministración” y “algo ilegal” sin ambigüedades. Frente a repreguntas de Doble Check, Presidencia cambió el tono y señaló que dichas disposiciones “podrían interpretarse” como una intromisión en las funciones del Gobierno.
Doble Check le pidió al Gobierno que fundamentara por qué los criterios señalados exceden las funciones del ente contralor, pues son informes que su ley orgánica permite explícitamente, como las auditorías (artículo 21). Sin explicar cómo, Presidencia dijo inicialmente que la Contraloría “excede su ámbito de competencia contenido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y los artículos 11, 183 y 184 de la Constitución Política”.
El artículo 12 de la ley orgánica de la CGR establece que “las disposiciones, normas, políticas y directrices que ella dicte, dentro del ámbito de su competencia, son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le opongan”, y que la Contraloría “dictará, también, las instrucciones y órdenes dirigidas a los sujetos pasivos, que resulten necesarias para el cabal ejercicio de sus funciones de control y fiscalización”. Doble Check insistió en que Presidencia explicase cómo los informes señalados exceden esa norma.
En una respuesta del 5 de febrero, Presidencia reconoció que la Contraloría “es el órgano rector del control y fiscalización superior, y que sus disposiciones son obligatorias dentro de su ámbito de competencia”. “Sin embargo, se ha observado que, en ciertos casos, la Contraloría ha emitido instrucciones que podrían interpretarse como una intromisión en las funciones propias de la administración activa, lo que podría exceder sus potestades legales”, dijo Casa Presidencial.
Según el Gobierno, “en los casos documentados, la Contraloría no solo fiscaliza, sino que también dicta instrucciones específicas a los sujetos pasivos sobre cómo implementar políticas o regulaciones internas”. “Esto podría interpretarse como un excedente de sus potestades”, dijo Presidencia.
Casa Presidencial también justificó que “los informes revisados revelan que las disposiciones emitidas por la Contraloría han ido más allá de los hallazgos y recomendaciones propios de una auditoría”. El Gobierno no fundamentó por qué considera que las auditorías de la CGR se limitan a la consignación de hallazgos y recomendaciones.
La Contraloría refutó la interpretación de Casa Presidencial. El ente contralor destacó que tiene la potestad de hacer auditorías “sin que exista restricción alguna que limite sus facultades a meras recomendaciones sin efectos jurídicos”.
“La potestad de fiscalización implica que, cuando se identifican incumplimientos o deficiencias en la gestión de los recursos públicos, la CGR puede y debe emitir disposiciones”, recalcó la CGR.
El ente contralor destacó que “las disposiciones emitidas por la CGR no constituyen órdenes discrecionales, sino mecanismos de control destinados a garantizar la legalidad, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos”.
La CGR basó ese criterio en el primer voto de la Sala Constitucional sobre el proyecto de Ley Jaguar, que el Gobierno quiere llevar a referendo:
“La Contraloría tiene la potestad de realizar actuaciones de control y fiscalización que, sin duda, incidirán en la función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa de la administración activa en aquellos asuntos propios donde debe pronunciarse, sin que ello se entienda, de ninguna manera, como una sustitución o apropiamiento de las competencias propias de esa administración activa”, reafirmó la Sala en octubre pasado.
Además, Doble Check le pidió a Casa Presidencial que señalara cuáles informes de la CGR habían sido impugnados por el Ejecutivo. Presidencia contestó que “no disponemos de información específica sobre impugnaciones presentadas por el Poder Ejecutivo” porque “la posibilidad de impugnar los informes recae en la institución o sujeto fiscalizado”, y mencionó que, en general, la plataforma de disposiciones de la CGR tiene “algunos informes” que han sido impugnados.