El abogado Álvaro Sagot señaló que el proyecto de ley planteado por el Gobierno para extraer oro en Crucitas no solo es inconstitucional sino que también contraviene normas internacionales
El abogado ambientalista Álvaro Sagot calificó como “nefasta” una propuesta recientemente presentada por el Gobierno de Rodrigo Chaves para procurar la extracción de oro en Crucitas.
Chaves y su equipo impulsan que se apruebe legalmente la extracción de oro en esa zona, luego de que finalizara un arbitraje que había interpuesto la minera canadiense Infinito Gold contra Costa Rica en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones (Ciadi). La empresa extranjera reclamaba casi $400 millones por el fracaso del proyecto, pero finalmente desistió del proceso, sin que hasta ahora se conozcan las razones.
A inicios de este mes de octubre, el Gobierno presentó una propuesta a jefaturas de fracciones legislativas. Para Sagot, la idea “es un insulto a la inteligencia, refleja una visión economicista y nos ofende a los que pensamos un poquito”, según expresó en Interferencia de Radios UCR.
El abogado desarrolló siete puntos que sustentan su postura:
- Falta de salvaguardas ambientales:
El proyecto no establece variables ambientales como salvaguardas para proteger a la biodiversidad y los ecosistemas ante los efectos de la minería metálica, por lo que es regresivo.
- Ausencia de medidas contra la corrupción:
La propuesta no contribuye a mejorar la lucha contra la corrupción, lo cual es necesario porque, por ejemplo, anteriormente hubo corrupción para sacar el oro de crucitas por el aeropuerto Juan Santamaría.
- Inadecuada trazabilidad del oro:
No se establece un mecanismo de trazabilidad para el oro extraído, lo que permite que persista el escenario problemático y riesgo de corrupción.
- Falta de seguro por daños ambientales:
No se contempla la creación de un seguro que garantice la compensación por daños ambientales en caso de incidentes, como el posible rompimiento de una laguna de relaves.
- Desconsideración de fenómenos naturales:
La propuesta ignora la realidad de que Costa Rica es un país tropical, expuesto a tormentas intensas y otros fenómenos atmosféricos. En otras minas, estos eventos han provocado daños ambientales significativos, especialmente en los ecosistemas fluviales y los mantos acuíferos, debido a la ruptura de lagunas. Además, las instituciones suelen omitir acciones para cobrar compensaciones por los daños ambientales generados.
- Falta de fundamento científico:
El proyecto carece de respaldo en estudios científicos sólidos y solo hace mención de unos estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en America Latina, lo que podría constituir una violación de principios legales.
- Habilita la extracción de oro exclusivamente en Cutris:
Esta limitación podría generar inconformidad en otras comunidades que cuestionen por qué se permite la explotación solo en esa zona y no en otras regiones del país donde también se ha identificado oro.
Sagot también cuestionó la redacción del artículo 2 del proyecto, que indica que “el Estado deberá procurar respetar la legislación costarricense”. Según el abogado, este lenguaje es preocupante porque no impone una obligación clara. Además, establece que las empresas “procurarán adherirse a los estándares de conductas empresariales responsables internacionalmente reconocidas”.
Sagot calificó esto como una “falta de respeto al marco jurídico costarricense”, ya que no garantiza que las empresas cumplan con las normas.
También se mostró preocupado de que se logren los votos para aprobar un proyecto de ley como el propuesto. “Hay una mayoría que quiere volver de nuevo regresivamente la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica, lamentable, pero eso es lo que pretenden una mayoría de diputados hoy en día”, apuntó.
El Gobierno presentó esta propuesta ante la Asamblea Legislativa el 7 de octubre, indicando que busca reactivar la explotación de oro a cielo abierto en la zona de Crucitas, en Cutris de San Carlos. La propuesta plantea ofrecer la explotación mediante concesión a través de una subasta, con el objetivo de abordar los problemas derivados de la minería ilegal en esa región, según sus argumentos.
Intento fallido
En 2010, Costa Rica anuló la licencia ambiental otorgada a la empresa canadiense Infinito Gold para extraer oro en la zona de Cutris, tras una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que suspendió el proyecto por irregularidades en los permisos. Ante esta situación, la empresa agotó las instancias legales en Costa Rica y, en 2014, inició un arbitraje internacional contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una entidad del Banco Mundial.
Infinito Gold buscaba una compensación de 400 millones de dólares por los daños que alegaba haber sufrido. Sin embargo, en junio de 2021, el CIADI falló en su contra y rechazó la solicitud de indemnización, indicando que Costa Rica no debía pagarle nada.
Disconforme con esta decisión, la empresa presentó, el 18 de octubre de 2021, una solicitud de anulación parcial del fallo, esperando que se revisara la parte que rechazaba la indemnización para obtener algún tipo de compensación económica.
El proceso se suspendió temporalmente debido a que Infinito Gold no pagó los adelantos requeridos por el Reglamento Administrativo y Financiero del CIADI. Posteriormente, otra empresa canadiense, Optimus Gold Corp, se ofreció a cubrir los gastos a cambio de un porcentaje de las posibles ganancias del caso. Gracias a este pago, el proceso se reanudó el 2 de noviembre de 2022.
Finalmente, el 20 de junio de 2024, Infinito Gold anunció que abandonaría su intento de anular parcialmente el fallo del CIADI, alegando que no podía cumplir con las exigencias financieras necesarias para continuar el proceso.