Petaquilla: las evidencias de los daños de la minería a cielo abierto en Panamá

Después de dejar un lastre de contaminación peligrosa para las comunidades, piletas cargadas de cianuro que amenazan con desbordarse sobre las últimas reservas de bosque primario de Panamá y facturas impagas, la minera canadiense Petaquilla dejó la mina de oro que explotaba. Ahora, la empresa a cargo de la concesión declarada inconstitucional busca que el Estado la indemnice y responsabiliza a dos gobiernos por el incumplimiento. ¿Qué ocurre con la sociedad y el medio ambiente una vez que las mineras deciden irse?

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A inicios del siglo XVI, un español llamado Pedro de Andagoya vio en las montañas panameñas de Donoso unas tierras “finas y bellas, muy hermosas”, abundantes en maíz, con “muchas maneras de aves” y de animales como “venados que no gruñían aunque los maten”. De los ríos brotaban peces y las iguanas —“un animal muy rico”— anidaban en los árboles junto a ellos. Los indígenas lo recibieron con frutos y obsequios. A Andagoya le sorprendió que vivieran “en mucha justicia, en ley de naturaleza”.

Cinco siglos después, el cerro de Petaquilla, en el distrito de Donoso, es un hueco seco y olvidado con aguas contaminadas de cianuro y metales pesados. Es lo que quedó de la década en que un conglomerado de empresas nucleadas en Minera Petaquilla S.A. explotó oro en un proyecto llamado Molejón. Mientras exportaban millones de dólares, abrieron huecos en la tierra y violaron más de veinte leyes panameñas, empezando por el mismo contrato de concesión que habían firmado. Cuando ya no les convino o no supieron cómo seguir, dejaron de operar en 2014. 

Entrar hoy al proyecto Molejón es como zambullirse en una zona de catástrofe: edificios a punto de derrumbarse, máquinas oxidadas, envases de químicos esparcidos. Visto desde arriba, es una herida oscura nacida de la tala y la erosión en el verde salvaje del bosque. En sus bordes, los habitantes lloran muchas injusticias.

“La empresa dijo que estaba en la quiebra y se fue, dejando todo eso así pues… No le importó nada con nadie”, dijo José Mateo, un hombre de 52 años, en un portal de Los Molejones.

Los Molejones es un punto de pocas casas, mucho barro y dos ríos al borde de la mina abandonada. En la tarde de un jueves de julio, la lluvia no daba tregua y era imposible avanzar por sus caminos en un carro cualquiera.

“La minera hizo una carretera, pero para entrar a su proyecto nomás”, contó José Mateo. A unos metros de su casa, más vecinos cuentan otras cosas que hizo la empresa.

“Cuando hacían esas explosiones, la escuela temblaba. Era como si fuera un sismo, como si estuviera pasando un temblor”, dijo Marcial, un maestro de 48 años que llegó hace doce a la escuela.

“Antes el río era bastante limpio y uno podía bañarse —dijo Eli, una maestra de 43 años, como queriendo entender para qué sirve un río si no puede usarse—. A veces ahora los niños se bañan y llegan a la escuela brotados en el cuerpo”.

“Los pescados aparecían muertos”, dijo Lilia, una mujer de 62 años con la voz aplastada y el cuerpo agotado por la faena de la siembra del día.

Como en un eco, los demás cuentan las mismas escenas de despojo.

“Todo se ha ido perdiendo —dijo Henry, 33 años, albañil informal—. Antes usted sobrevivía de los pescados, de los animales… Y ahora es mentira que usted va a agarrar algo”.

Para arrancar el oro de la tierra, la minera Petaquilla usó explosivos, excavadoras y molinos hasta reducir las rocas a arena y tirarlas en un caldo de agua y químicos mortales como cianuro. Ese caldo separa el oro de la roca en un proceso llamado lixiviación, que genera casi veinte toneladas de residuos tóxicos por cada onza de oro y cuyos desechos van a parar a las tinas de relave. Hasta fines de 2013, cuando una onza costaba cerca de $1,400, la empresa reportaba un promedio de producción de seis mil onzas por mes, lo que dejaba más de un millón de toneladas de residuos con cianuro almacenados en las tinas de relave en solo un año. El cianuro es tan letal que menos de un gramo disuelto en un litro de agua puede matar decenas de peces de un río.

Una historia de conflictos

El origen de este desastre se remonta a 1969, cuando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo rastrilló zonas volcánicas y descubrió que podía haber grandes reservas de oro en el cerro Petaquilla, un cerro de 300 metros de altura. Rápido de reflejos, el dictador Omar Torrijos promulgó enseguida el decreto 267 de 1969, que reglamentó las concesiones en la zona de yacimientos de Petaquilla, Botija y Río Medio.

Había tomado el poder en 1968 con la promesa de generar riqueza para distribuirla entre los panameños que “morían de hambre”. Era una época en la que en vez de cambio climático o gobernanza participativa, los organismos internacionales estaban obsesionados con llevar crecimiento económico a las naciones que llamaban “subdesarrolladas”.  Ni bien comenzó, Torrijos quiso subirse a la ola del momento con una batería de incentivos para atraer la inversión extranjera y un acuerdo con un consorcio de empresas japonesas para la evaluación de Petaquilla, en 1973. No funcionó como se esperaba.

Con la vuelta de la democracia, en 1991, la zona tuvo quien la aprovechara: el nuevo gobierno de Guillermo Endara firmó un contrato de exploración de recursos con la empresa liderada y representada legalmente por el ingeniero Richard Fifer.

Conocido como “el padre de la minería panameña”, Fifer es uno de esos botones que bastan para mostrar el entramado minero en el istmo. Consiguió trabajo y negocios en gobiernos de todos los partidos políticos. Con Ernesto Pérez Balladares, del partido fundado por Torrijos, el PRD, y que gobernó el país entre 1994 y 1999, fue representante del gobierno en temas mineros y logró la concesión del cerro Petaquilla, después de seis años de explorarlo con sus empresas.

En 1997 el gobierno de Pérez Balladares concesionó la explotación del mismo cerro donde los habitantes originarios vivían en ley de naturaleza a la sociedad Minera Petaquilla, conocida en Panamá como Petaquilla, con Fifer a la cabeza y a empresas canadienses afiliadas.  Por ley, el Estado panameño le concedió derechos mineros por veinte años para oro y cobre en 13 mil hectáreas en el corazón del último pulmón de bosque primario del país, a poco más de cien kilómetros de su capital. 

Petaquilla informó entonces que podría llegar a producir hasta unas 893 mil onzas en la primera década —dos mil lingotes de oro—, mientras el Estado aceptaba solo un dólar anual por hectárea. Por los siguientes ocho años, la empresa no hizo nada porque los precios de los metales no eran convenientes.

Aún así, Mireya Moscoso, la presidenta opositora al PRD que sucedió a Pérez Balladaes en 1999, permitió que la concesión siguiera vigente aunque el Estado habría podido cancelarla por falta de inversiones.  Y no sólo eso: nombró a Fifer de asesor y gobernador de la provincia de Coclé, donde hay yacimientos y donde queda una buena parte de la concesión que él mismo representaba. 

Recién en 2005 comenzó la construcción del proyecto Petaquilla. Muy pronto comunidades,  trabajadores, organizaciones ambientales y sociales de la región comenzaron a denunciar, a poner demandas, a protestar  y a sacar comunicados  en contra de la minera. Hasta el brazo social de la Iglesia, Cáritas, advirtió en 2006 que con la venia de las autoridades se estaban “violando leyes nacionales y convenios internacionales”.

Petaquilla prometía empleos y desarrollo sin impactos ambientales, pero dejó la misma pobreza, un desastre ambiental y múltiples violaciones a las leyes panameñas.  

Empezó con pie izquierdo

Petaquilla violó acuerdos desde antes de empezar a operar. 

Esta alianza periodística accedió a 29 informes de inspecciones al proyecto del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en respuesta a una solicitud de información amparada en la Ley de Transparencia. El análisis de estos reportes muestran que desde 2008 hasta 2018 —es decir, desde que ya estaba en plena explotación hasta después de que abandonara la mina— Minera Petaquilla acumuló 174 incumplimientos a más de veinte leyes ambientales, laborales y de seguridad industrial. Y podrían ser más.

Cada informe contiene varias contravenciones o comentarios con etiquetas como “hallazgos”, “observación”, “cumplimientos”, “incumplimientos” y “posibles incumplimientos”. También hay recomendaciones como “cumplir con el pago de indemnización ecológica”. En el conteo de la etiqueta puesta por el inspector que la escribió, hay 174 incumplimientos. Pero si se leen las descripciones de las otras, las violaciones superarían esa cifra: los 30 “posibles incumplimientos”, las 54 “observaciones” y los 55 “hallazgos” incluyen cosas como “falta total de medidas de control de la erosión y revegetación”, “almacenamiento inadecuado de químicos peligrosos” y “obstrucción de quebradas” que afectaron a algún curso de agua cercano. En un total de 352 cuestiones observadas, la mayoría refiere a daños de ese tipo.

Para empezar, inició la construcción sin el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que apenas presentó en 2007 y se aprobó en 2008. Pero desde 2005, los vecinos ya estaban denunciando que movía maquinaria pesada, talaba árboles y extraía tierra por toneladas. Las inspecciones lo corroboraron.

Durante esos tres años sin ningún permiso para construir nada, la empresa taló 54.2 hectáreas donde se refugiaban especies amenazadas, según el informe 082-08. “La gestión ambiental del proyecto ha sido poco efectiva o nula, cuando podemos apreciar árboles talados (sin un inventario forestal que justifique la tala), derrumbes de taludes, medidas de conservación de suelos ineficientes, contaminación de los ríos con sedimentos, construcción de caminos sin servidumbre, ni cunetas, erosión de suelos”, apuntaron los inspectores ambientales en el análisis técnico. 

En el país que perdió el 65% de su cobertura boscosa en los últimos 80 años, la empresa ocasionó “un riesgo para el entorno ambiental del área con una posible afectación de la salud humana”.

Por todo eso, la autoridad de Ambiente inició un proceso de investigación en 2007. La empresa, obligada a presentar alegatos, terminó yendo a la Corte, lo cual podía servirle para evitar cualquier explicación. La Corte no admitió su presentación y, entonces, Petaquilla insistió con más recursos y siguió con las obras como si nada. Ni una multa por casi dos millones de dólares para compensar los daños la frenaron. Y todavía no habían sacado ni una pizca de oro.

Ese mismo año el Comité pro Cierre de Mina Petaquilla denunció que cientos de peces y camarones flotaban en el río San Lucas y que dos leones habían muerto por beber ahí. Dos años después pasó lo mismo en otros ríos de Donoso, como San Juan, Molejones y Turbe. Y en 2011 también.

Hoy la mina no opera, pero las tinas siguen llenas. Si rebalsan por lluvias o filtraciones, el veneno mortal que es el cianuro fluye hacia la tierra, las quebradas, los ríos y las napas de aguas subterráneas. Si llegaran a secarse, también podrían contaminar: el viento removería el polvo envenenado.

“Eso no lo han reparado y cada vez que llueve desbordan, todo eso conduce al río todavía”, dijo José Mateo, el vecino de Los Molejones, sin poder creerlo aunque lo sepa.

Los documentos de MiAmbiente les dan la razón a pobladores y activistas que acumularon denuncias por una década, sin que nada pareciera detener a la minera. 

Uno de 2009, el 133-09, dice en las conclusiones: “Existe el riesgo potencial de contaminación del río Molejón debido al desborde de la tina de emergencia que contiene agua con residuos de cianuro”. Además, marca el mal uso de sustancias químicas —con riesgo de derrame “que tendría severas implicaciones ambientales”— y daños a suelos, cobertura boscosa y quebradas.

Más de un año después, en agosto de 2010, análisis de laboratorio detectaron cianuro y metales pesados en las tinas de relave y concentración de mercurio y metales pesados en el río Molejón.

En febrero de 2011 marcaron 33 incumplimientos en el informe IT-S-N3. Doce de ellos vinculados otra vez al mal manejo de sustancias químicas peligrosas, ocho a los riesgos laborales de los empleados —por ejemplo, personal trabajando en áreas peligrosas sin equipo de seguridad— y siete a sedimentación, estelas de aceite y aves muertas en las tinas de relave.

 

De ahí en adelante, lo mismo.

Cianuro mal almacenado y riesgo para los trabajadores, para fauna terrestre y para el aire, en 2012. Falta de permiso de descargas de aguas residuales, de construcción de relleno sanitario y de planta potabilizadora en 2013. Daño ambiental inminente en 2014.

Los documentos eran compartidos a la empresa, pero no corregían.

Un ejemplo: en 2012 y 2013 se repite exactamente el mismo incumplimiento: “la empresa no ha creado el área protegida que permita la integración de las diferentes actividades que se desarrollan en el área, garantizando una alta participación de los actores claves en distrito de Donoso”.

¿Cómo podía seguir la Minera Petaquilla ante semejantes evidencias?

La protección política

La habilidad de Fifer para ganarse a los gobiernos de todas las tendencias tuvo mucho que ver. 

Además de las múltiples facultades que había conseguido entre 1991 y 2004 en los gobiernos de Endara, Pérez Balladares y Moscoso, Fifer sumó respaldos que le permitieron seguir cosechando utilidades con la minería durante los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo Martinelli (2009-2014).

Torrijos, hijo del dictador Omar y también perredista, dio luz verde para la reactivación de  Petaquilla y abrió las puertas para que le llegaran nuevas inversiones, tras un letargo de ocho años. Aunque la empresa seguía sin hacer la inversión a la que estaba obligada, le aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y que la concesión original de Petaquilla se partiera en dos: la explotación de oro quedó en manos de Petaquilla Gold S.A. y Petaquilla Minerals, con Fifer, y la de cobre para Petaquilla Copper S.A., con participación de Inmet Mining, una empresa canadiense que tenía participación en la concesión original. Ese fue el germen del controvertido proyecto Cobre Panamá, de Minera Panamá S.A., hoy en manos de la canadiense First Quantum Minerals.  

Martinelli, que gobernó con el partido que él mismo creó, Cambio Democrático, visitó la mina de Petaquilla, elogió a Fifer en los medios y le dio permiso para exportar el oro. Pero al parecer, la luna de miel duró poco porque su caída sucedió cuando Martinelli llegó al poder.

Más adelante, cuando el “padre de la minería panameña” enfrentó causas judiciales por denuncias de falta de pagos al gobierno, por delitos contra el medio ambiente y por supuestamente haberse quedado con varios millones de los salarios y cuotas sociales de los empleados, culpó a Martinelli de sus desgracias.

“La participación personal de Ricardo Martinelli ha arruinado a la empresa Petaquilla y sus subsidiarias”, dijo Fifer a Ricardo Fernández en una entrevista publicada en el periódico La Estrella en 2016. Según Fifer, en septiembre de 2009 un ministro de Martinelli le dijo que si quería los permisos para exportar oro, debía renunciar a la empresa. Por esa presión, Fifer dijo que terminó renunciando y entonces fue reemplazado por personas allegadas a Martinelli: Rodrigo Esquivel y Raúl Ferrer. 

Algunas de las denuncias y causas judiciales en contra de Fifer son anteriores al mandato de Martinelli, como la de peculado y delitos contra la administración pública por supuestamente haber robado más de cien mil dólares cuando fue gobernador de la provincia de Coclé. No obstante, él le atribuyó estos y otros procesos y haber terminado en prisión a movidas de Martinelli. 

En el entuerto ninguno salió bien librado. En 2015 Martinelli fue investigado por beneficiarse con la compra de acciones de Petaquilla —mientras era presidente y con información privilegiada— con fondos injustificados de la cuenta High Spirit, a través de la casa de valores Financial Pacific. Esquivel hizo un acuerdo con la justicia por la retención de cuotas patronales.

Fifer fue absuelto a principios de 2024 de la acusación de haberse quedado con cuotas sociales de sus empleados, pero fue condenado por estafa agravada a una empresa que había invertido en Petaquilla y sigue con el derrotero judicial. 

“Fifer ha sido una víctima”, escribió el abogado Guillermo Cochez en una columna. Cochez representó a los accionistas de Petaquilla Minerals en la demanda contra Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Sus argumentos van en la misma línea: intromisión arbitraria del Estado en el manejo de la empresa privada, amenazas y falta de pago de indemnización por expropiación, como indica la ley. La empresa reclama 2,800 millones de dólares y culpa, además de a Martinelli, al gobierno de Juan Carlos Varela que lo sucedió. El Ciadi informó que el proceso de arbitraje fue suspendido hasta el 30 de agosto pasado, esperando un arreglo entre las partes. Desde la minera Petaquilla informaron a esta alianza que las conversaciones serán retomadas el próximo año, en base a un pedido del gobierno de José Raúl Mulino, que asumió el 1 de julio pasado. 

Petaquilla dejó de extraer oro en el proyecto Molejón en 2014, después de años de bonanza, aún con muchas reservas por explotar y sin mayor explicación. El vocero de la empresa, Jorge Obón, asegura que no lo abandonaron: “Para el 2013 el oro estuvo en su precio más bajo y el petróleo en su precio más alto, lo que significaba que extraer oro en ese momento para nosotros no era un negocio. Así que pedimos una suspensión al Ministerio de Trabajo, que nos fue negada”. Entonces, agregó Obón, hicieron el “cuido y mantenimiento” de acuerdo a las leyes locales. 

En febrero de 2015 la justicia decretó la quiebra judicial y el embargo de los activos de la empresa para “proteger los derechos de los trabajadores”, que reclamaban el pago de $6 millones de salarios adeudados. Un reporte de 2021 del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) aseguró que, dado el potencial extractivo de la zona, el proyecto podía adjudicarse a un nuevo operador si se resolvían los litigios legales y el nuevo inversionista asumía los pasivos heredados de la empresa. Esto no ocurrió y el daño ambienta siguió su curso.  

Hubo 11 informes de afectaciones de inspectores de MiAmbiente desde entonces hasta enero de 2018. Todos evidencian la destrucción que avanzaba con rapidez.

El 14 de noviembre de 2014 observaron riesgo de derrame de las tinas de relave. Dos meses después, en enero de 2015, la situación era urgente: “Las tinas de relave requieren atención inmediata y se reafirma la urgencia notoria de aplicar acciones técnicas efectivas”, dice el informe 016-15.

Informe tras informe, los inspectores prendían más y más alertas.

La falta de seguridad de los empleados fue otro de los puntos reiterados. Ya en 2007 el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) había denunciado a la empresa por la sospechosa muerte de un trabajador del laboratorio. Un vecino del proyecto contó que su cuñado murió por manipular cianuro sin el equipo necesario. En 2017 el Ministerio de Trabajo clausuró y embargó los bienes de Petaquilla porque “ponía en riesgo la vida de trabajadores”.

Ahora que el proyecto está paralizado, no deja de ser un peligro: no ha tenido el proceso de cierre adecuado y hay decenas de cajas de cianuro almacenadas en un depósito con techos de chapa.

Consultada para que de su versión sobre los incumplimientos reportados por las autoridades de Ambiente durante las inspecciones, los cuestionamientos de las comunidades y las demandas, la empresa apuntó, además de a Martinelli, a Juan Carlo Varela, el presidente que asumió en 2014 y un año después canceló la concesión. 

“Nosotros paramos la actividad de cuido y mantenimiento en marzo del 2018, cuando el gobierno de Juan Carlos Varela nos sacó a nosotros, la policía llegó y nos dijo ‘ustedes se tienen que ir de aquí, esto forma parte del Estado’ y automáticamente entonces nos sacaron”, dijo el vocero Obón a esta alianza periodística. Obon compartió chats del expresidente difundidos en la filtración ‘Varela Leaks’, repasó conversaciones y medidas durante su gestión para mostrar una supuesta injerencia del expresidente y sus ministros para beneficiar a la concesión de cobre de First Quantum y perjudicar a Petaquilla. “Esto fue un plan armado por el gobierno de Juan Carlos Varela para despojarnos a nosotros de la concesión y negociar con Minera Panamá”, dijo. 

Llamativamente, Varela no publicó la decisión de traspasar la concesión de Petaquilla al Estado en la gaceta oficial durante su mandato. La resolución quedó efectiva seis años después, cuando el siguiente gobierno la publicó en 2021. Antes de eso, en 2017, la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional la ley que aprobó el contrato de concesión, que incluía la del oro de Petaquilla y la de cobre que hoy opera First Quantum Minerals, por considerarlo “ajeno al bienestar social y al interés público”. El fallo quedó efectivo en 2018 y también demoró varios años en ser publicado. 

Como el círculo minero en Panamá confluye con el político, Petaquilla Gold contrató a un joven abogado que concentraría la suma del poder público varios años después como vicepresidente del país. Se trata de José Gaby Carrizo, quien fue representante legal y vocero de la empresa en los 2000 hasta que decidió acompañar la candidatura de Laurentino Cortizo para la presidencia por el PRD, quien resultó electo en 2019. 

Carrizo fue jefe de campaña de Cortizo y su principal donante para esa contienda electoral, según figura en los registros del Tribunal Electoral. Una investigación del periodista Rolando Rodríguez reveló que recolectó fondos del entramado de empresas mineras en La Caja 2 del PRD, una serie que muestra la triangulación de decenas de miles de dólares sin declarar a través de sociedades controladas por Carrizo y sus allegados. Ya en la vicepresidencia, Carrizo lideró la gestión y las negociaciones para el contrato que su gobierno firmó con First Quantum Minerals y que fue declarado inconstitucional por la Corte en noviembre de 2023.

¿En qué quedaron las promesas de Petaquilla?

¿Y los panameños recibieron algo por esos costos ambientales y laborales? ¿Cuánto quedó en regalías, en impuestos y en inversión en las localidades cercanas al proyecto?

Esta alianza periodística presentó pedidos de acceso a información pública al MEF y a la Dirección General de Ingresos (DGI) para preguntarles eso. El MEF respondió que debe explicarlo el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici). La DGI, que no puede dar información confidencial de los “contribuyentes particulares”. Datos publicados por Mici y esas mismas instituciones muestran que el negocio de la minería en Panamá es como el de las sociedades anónimas: no deja nada para las mayorías, pero define la renta de un puñado de personas.

Petaquilla llegó a ser el principal exportador del país en 2009, cuando vendió oro por 115 millones de dólares. La cosecha fue similar los tres años siguientes. El 2013, cuando exportó por 63.9 millones de dólares, es el último año de operación en los registros oficiales. El rédito para el Estado durante ese tiempo nunca parece haber superado el 4%. Por ejemplo, a principios de 2012 anunció la entrega de un millón de dólares en regalías por el aporte correspondiente a la mitad de un año en el que la empresa exportó por $100 millones. El millón fue prorrateado entre el gobierno nacional ($864 mil) y el corregimiento de Donoso, el rincón en el que chuparon oro y escupieron cianuro, con $152.4 mil.

Si el daño ambiental pudiese medirse en dinero, la pérdida trepa a más de $52 millones, según un estudio de The Nature Conservancy. El análisis, que siguió la metodología costo-beneficio para determinar la rentabilidad para el inversor y para la sociedad, concluyó que fue un proyecto con réditos suculentos para la empresa y pérdidas igual de abultadas para Panamá. Fue publicado en 2009, con base en los acuerdos y cuando todavía no había ni pistas de que Petaquilla dejaría cuentas impagas y un pasivo ambiental y social. Después, en 2015, Panamá tuvo que pagar $1.7 millones para drenar las tinas de relave y calculó que se necesitaban $30 millones sólo para evitar la contaminación. 

En el ranking de observaciones de los informes de inspección de MiAmbiente, los incumplimientos vinculados a “acciones con la comunidad” están en el puesto cinco. Resaltan que la empresa no cumplió con los compromisos asumidos ante el EIA, como talleres de consulta, actividades en escuelas de Donoso, el relleno sanitario para un distrito o la contribución al cuerpo de bomberos.

Los vecinos de las comunidades que bordean Molejón repiten hasta el hartazgo ese patrón: las empresas llegan, sacan los metales y dejan un tendal de problemas. Durante el recorrido mencionaron la donación de alimentos para los niños de las escuelas y la organización de eventos como ferias navideñas, pero dicen que sus comunidades siguen sin centros de salud, agua potable o electricidad. Un “modelo filantrópico de inversión comunitaria” que no respondía a “las mejores prácticas”, precisó el gobierno de Canadá.

La Oficina del Consejero de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Sector Extractivo del Gobierno de Canadá publicó un informe sobre la minería, las actuaciones de empresas canadienses y los proyectos mineros tras una visita a Panamá en septiembre de 2016. El documento hace un repaso minucioso de la “ajetreada” historia de la minería en el país, afectada por “prácticas cuestionables” y “dudosas de los agentes públicos y privados”. Ese tipo de prácticas que sobraron en Petaquilla.

Para el gobierno de Canadá, el de Petaquilla fue “un polémico negocio por sí misma” en el “largo historial de inversiones en las que participaron empresas canadienses” —Petaquilla, Cerro Colorado y Cobre Panamá, por ejemplo—. Las actividades de las empresas canadiense en Panamá, indica el informe, “perturbaron la vida de las personas” y tienen “muy poco que mostrar en cuanto a desarrollo concreto de minas con una producción viable”. Sobre todo por la incapacidad de “cerrar operaciones mineras o rehabilitar minas abandonadas” de “forma respetuosa con el medio ambiente”.

En las montañas de Donoso, en el corazón del último pulmón de bosque primario de Panamá, Petaquilla está asociado a todos sus muertos y a la angustia de convivir con piscinas con restos de cianuro que amenazan a sus ríos, o pueden colarse por las plumas de sus casas.

Hoy, diversos actores en el sector de la minería buscan construir un ambiente de opinión favorable para que First Quantum Minerals pueda reiniciar operaciones, a pesar de la decisión de la Corte de cerrar a Cobre Panamá. En estos tiempos, el alud de documentos oficiales, denuncias ciudadanas y corrupción política del caso Petaquilla presentan una evidencia rotunda sobre el desastre de la minería a cielo abierto en el medio ambiente y las poblaciones locales. Más aún cuando la regulación oficial es deficiente y no consigue cerrar minas que causan inmensos daños, ni proteger efectivamente los intereses de la población.

“Uno se pone a pensar y por ahí se trauma pues”, dijo José Mateo la tarde de julio en el portal de su casa de Los Molejones, tras enumerar los dolores: el cuñado que murió, el trabajo que no hubo, las carreteras y los centros de salud que no construyeron, los animales de piel, los peces, los ríos, el oro.

“Ellos trataron al campesino como una basura, como algo que para ellos no era nadie, pues ellos venían tomaban, dejaban, destruían lo que le da la gana y se fue— siguió José Mateo, rodeado de la yuca y el guineo que siembra para poder llevar algo a la mesa—. Antes por lo menos sacábamos oro así con una batea y algo hacíamos, después ni eso”.

En las montañas de la riqueza que Andagoya describió en sus crónicas, ya no parece quedar nada. Nada de ley de naturaleza ni de mucha justicia. Nada del oro como bolas del tamaño de una naranja, más fácil de encontrar que la comida en las orillas de los ríos. Los descendientes de aquellos indígenas ya no encuentran.

*Esta investigación tuvo el apoyo de José Arcia en los pedidos de acceso a información pública. 

Base de datos: Sol Lauría.

Fotos: Pich Urdaneta.