El exdiputado liberacionista explicó que adquirió esas fincas cuando una empresa suya compró otra compañía que pertenecía al empresario Calixto Chaves, en el 2001.
El exdiputado liberacionista, Antonio Álvarez Desanti, dijo estar dispuesto a negociar que se le pague una indemnización con el fin de devolver dos propiedades que fueron señaladas por la Procuraduría General de la República como parte de un grupo de 135 fincas que son patrimonio natural del país y por ende deben regresar a manos del Estado.
Las propiedades están inscritas a nombre de la sociedad anónima Ecodesarrollo de Manzanillo EDM S.A, presidida por el excandidato presidencial. Una se ubica dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca – Manzanillo y la otra en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del cantón de Talamanca.
Según la Procuraduría, la propiedad que se encuentra dentro del refugio silvestre mide 3.531 metros cuadrados y tiene una cobertura de 31% de bosque; mientras que la otra finca abarca 33.515 metros cuadrados dentro de la zona marítimo terrestre del cantón de Talamanca.
En respuesta a Interferencia, el excandidato presidencial señaló que, si el Gobierno quiere recuperar la propiedad, primero debe negociarse un precio para pagar una indemnización.
“Si el Estado quiere expropiar no tenemos ningún problema en sentarnos a discutir y establecer un precio para que el Estado se haga dueño de esa propiedad”.
Según Desanti, él no compró de manera directa los inmuebles.
El político liberacionista explicó que las propiedades formaban parte de los activos de la Financiera Belén S.A, la cual fue adquirida por una de las empresas de Desanti, la Financiera Brunca, en el 2001.
“Nos llegó como parte de los activos de Financiera Belen (…) Desde el año 2001 hasta la fecha somos sus legítimos propietarios y no hemos hecho ningún desarrollo en la propiedad”, afirmó.
El político del PLN además detalló que la Financiera Belén era propiedad de Calixto Chaves, empresario ahora cercano al presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Sobre este tema, Calixto Chaves, aseguró que él no administraba la financiera que estaba a su nombre pero agregó que las propiedades “probablemente eran la garantía de algún crédito otorgado por la financiera”.
“A como existía esa propiedad como garantía, de fijo debieron haber existido muchas otras propiedades”, manifestó el empresario Calixto Chaves, ante una consulta de Interferencia.
Chaves afirmó no recordar quienes fueron los dueños de la propiedad antes de que fuera absorbida por la Financiera Belén.
Ante el cuestionamiento de cómo dos propiedades que son reclamadas ahora como patrimonio del Estado terminaron en manos de una empresa financiera, Calixto Chaves, dijo no recordar detalles porque los hechos ocurrieron hace más de dos décadas, según justificó.
Según el criterio emitido por la Procuraduría en 2022 y ratificado nuevamente este 2024, este grupo de fincas, entre las que se encuentran ahora las de Desanti, fueron otorgadas a manos privadas en 1991 por el entonces llamado Instituto de Desarrollo Rural, IDA.
En el documento de la Procuraduría se detalla que estas propiedades deben regresar a manos del Estado ya que fueron traspasadas a privados pese a estar dentro de la zona del refugio Gandoca – Manzanillo.
Asimismo el informe de la Procuraduría concluye que el IDA trasladó a privados fincas que invaden la Zona Marítimo Terrestre, pese a que no tenía potestades legales para otorgar estas tierras.
El criterio de la Procuraduría concluye que en ambos casos, tanto las propiedades que son parte del refugio así como aquellas que están en ZMT, son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
De acuerdo con el abogado, Marvin Carvajal, eso significa que toda acción hecha para traspasar o embargar las propiedades podría tener vicios de nulidad por parte de las autoridades que hayan legitimado dichos actos.
El abogado añadió que el Estado puede anular estas acciones mediante un procedimiento de lesividad en el que se busque determinar que los hechos son contrarios al interés público.
Álvarez Desanti sostiene que ellos son “terceros de buena fe” y que por lo tanto se les debe tutelar su derecho por medio de un pago. “Estamos en un país de derecho”, indicó a este medio.
“Durante 23 años no hemos sido informados de absolutamente nada, por ello creemos que se nos debe tutelar ese derecho, sino, ¿para qué Registro Público de la Propiedad?”, manifestó Desanti.