Las exfuncionarias indicaron a Interferencia que el estrés laboral y ambiente tenso con la dirección afectó su salud mental y por ende, su idoneidad para el puesto. Los despidos se dieron sin responsabilidad patronal. La Rectoría evitó referirse porque el caso se encuentra en etapa de revocatoria.
Tres exfuncionarias de la Casa Infantil Universitaria (CIU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) fueron despedidas sin responsabilidad patronal tras fallar la prueba de idoneidad psicológica requerida para su puesto. Según la conclusión de la evaluación, las funcionarias presentaban síndrome de “burnout” o de trabajadora quemada, lo que no las hacía aptas para continuar laborando en centros infantiles.
La prueba realizada consiste en una evaluación psicológica de idoneidad mental para verificar si una persona está en condiciones de trabajar en centros de atención integral infantil. Esta se realiza cada año a personas que tienen este tipo de puestos.
Según la Organización Mundial de la Salud, el burnout es un síndrome que surge del estrés laboral crónico no abordado adecuadamente. Este síndrome se manifiesta a través de sentimientos de agotamiento y falta de energía, una creciente desconexión emocional con el trabajo, así como una actitud negativa o cínica hacia el mismo, y una disminución en la eficacia profesional.
El despido de las exfuncionarias, cuyo nombre se reserva por solicitud de las mismas, se realizó el 14 de marzo de este año. Dos de ellas estaban a punto de cumplir 20 años de servicio para la UCR, específicamente para la CIU, y contaban con un nombramiento en propiedad. Mientras que su otra compañera había trabajado durante seis años en la institución.
Las exfuncionarias relataron a Interferencia de Radios UCR que el ambiente y estrés laboral, así como las tensiones con su jefatura, fueron la causante del deterioro de su salud mental y el resultado negativo de las pruebas.
Sin embargo, ante esta situación, la UCR procedió con el despido sin asumir responsabilidad patronal y sin iniciar ningún proceso para abordar la situación. Además, en el documento de la resolución de uno de los despidos, al que Interferencia tuvo acceso, nunca se mencionó que la prueba había revelado que las afectadas sufrían del síndrome de burnout.
Las extrabajadoras presentaron recursos de revocatoria que se mantienen en trámite.
Este medio consultó a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (VIVE), a la cual está adscrito el CIU, la cual indicó que el proceso se encuentra en la etapa recursiva, y por esta razón, no pueden emitir ninguna declaración en este momento.
Lo mismo se respondió ante la solicitud de este medio de obtener una entrevista con Milagros Jaime, la directora de la CIU.
Interferencia también consultó a la Rectoría de la UCR si en ese órgano se conocía este caso y cuál era su posición al tratarse de un asunto de salud mental. No obstante, la Rectoría también alegó imposibilidad de referirse a la situación en específico en tanto no esté resuelto el proceso.
“Agregamos que el personal que atiende a la población de la CIU cumple y debe cumplir con todos los requisitos legales para el ejercicio de sus funciones, en apego al principio del interés superior de la niñez”, indicó la Rectoría.
En su respuesta, se mencionó que en la UCR existe una amplia cantidad de servicios e iniciativas relacionadas con la salud mental desarrolladas por la VIVE y la Oficina de Bienestar y Salud.
La Casa Infantil Universitaria de la UCR proporciona atención integral y cuidado de infantes para promover que estudiantes que son padres o madres se mantengan en la universidad y se gradúen de forma oportuna. El centro atiende a menores de edades entre los 10 días y los tres años y siete meses aproximadamente.
En respuesta a la consulta de este medio sobre las medidas adoptadas por la Casa Infantil para asegurar la continuidad y calidad del servicio tras el despido de funcionarias, la VIVE informó que para este primer semestre del 2024, se sigue brindando el servicio de cuido a 15 menores de edad, quienes están siendo atendidos por las personas funcionarias destacadas que “cumplen con todos los requerimientos normativos y legales establecidos en la norma”.
Síndrome de “quemada”
En uno de los reportes de las pruebas de idoneidad de una de las exfuncionarias, el psicólogo a cargo indicó que la evaluada: “Tiene altas cualidades, sin embargo, actualmente tiene una preva emocional depresiva consecuente con el síndrome de quemado, lo cual implica que todos los indicadores se ven afectados y modificados, por los motivos anteriores no es apta. Se pide que lleve un proceso”. Las otras dos personas despedidas confirmaron a Interferencia que su evaluación indicó que atravesaban también el síndrome de burnout.
Sin embargo, en el documento de la resolución de uno de los despidos, nunca se indicó lo relacionado a dicho síndrome. En ese documento se describió que, ante los resultados de las pruebas, la VIVE solicitó orientación legal a la Oficina Jurídica de la universidad.
La Oficina Jurídica -sin hacer ninguna alusión al síndrome de burnout- determinó que la pérdida de idoneidad demostrada para el puesto justifica el cese del nombramiento de la persona funcionaria que se encuentre en esa situación.
Además, que “carecer de la aptitud e idoneidad mental para desempeñar labores de atención directa y cuido de menores de edad, no solo constituye un incumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación para desempeñar este tipo de puestos, sino que también podría provocar que la Casa Infantil Universitaria pierda la habilitación para seguir funcionando como centro de atención integral de menores, en evidente perjuicio de la población estudiantil que depende de estos servicios para proseguir sus estudios”.
Tomando en cuenta este dictamen, la jefa de la Oficina de Orientación, Patricia Fernández, procedió con el despido de la funcionaria, según los documentos a los que accedió Interferencia.
Las tres exfuncionarias que finalmente fueron cesadas relataron que nunca imaginaron que la situación terminaría en un despido, ya que consideran que se trataba de un problema derivado del trabajo.
Según el testimonio de una de las personas afectadas, había una carga excesiva de tareas, pues debían atender entre 12 y 15 niños por día, y cuando hacían reclamos sobre problemas, áreas de mejora o situaciones particulares, estos no eran abordados por la dirección de manera efectiva.
“Yo agoté todas mis vías para algún día ser escuchada. Ya el último año yo expresaba que no me sentía bien emocionalmente, me sentía muy agotada. No me sentía bien de estar ahí porque no me sentía escuchada, no me sentía valorada (…) Yo me iba en mi almuerzo y pasaba llorando, a veces me metía al baño a llorar y a llorar”, contó una de las afectadas a Interferencia.
La exfuncionaria expresó que la situación de estrés la llevó, incluso, a considerar el suicidio. Además, relató que, en una ocasión, su compañera y ella tuvieron que ser atendidas por los paramédicos de la UCR después de sufrir un ataque de ansiedad tras una reunión donde salieron sin certeza sobre el futuro de su empleo.
De hecho, la exfuncionaria era atendida desde el 2022 por el Área Médica de la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR, donde uno de los médicos hizo constar que, desde esa fecha, la afectada presentaba síntomas depresivos, ansiosos y de somatización. Esto coincide con los reportes de los profesionales en psicología y terapia ocupacional, quienes indicaron que su paciente tenía síntomas de depresión que podrían responder a estrés laboral.
Las tres exfuncionarias presentaron un proceso de revocatoria, sin embargo, a la fecha, no han recibido resolución.
La prueba por la cual fueron despedidas está establecida en el Reglamento para realizar el proceso de evaluación psicológica de idoneidad mental para laborar en Centros de Atención Integral Infantil Públicos, Privados y Mixtos. Según el artículo 28, si la persona solicitante se considera apta, su certificado tendrá validez por un año desde la fecha de emisión. En caso de no ser considerada apta, la legislación establece que se podrá evaluar nuevamente seis meses después de la fecha de emisión de la primera evaluación.
La Oficina Jurídica indicó además que la pérdida de la idoneidad mental para laborar en centros de atención infantil no constituye una falta disciplinaria, por lo que en este caso no se requiere abrir un procedimiento disciplinario ante la Junta de Relaciones Laborales para realizar el cese.
Esta oficina no dio respuesta a las consultas enviadas.
Mal ambiente laboral
Dos de las funcionarias despedidas empezaron a laborar desde que la casa se fundó, en el 2004.
Según lo relatado por una de las funcionarias, sus tareas incluían el cuidado de menores, lo que implicaba recibirlos a su llegada, cambiar pañales, alimentarlos, organizar actividades, consolarlos en caso de llanto, entregarlos a sus responsables, entre otras. Cada día, se ocupaban de cuidar a un promedio de 12 a 15 niños, cuyas edades variaban entre los 10 días y los tres años y siete meses aproximadamente.
“Yo podía cambiar al día hasta 10 bebés dos veces al día de más de 10 kilos, era mucho esfuerzo físico. Además tenemos que trabajar en el suelo o estar alzando bebés gorditos”, indicó una de las afectadas, quien relató que además del desgaste mental, sufría afectaciones físicas.
Según indicó, el ambiente empezó a empeorar en la pandemia por la Covid -19, en el 2021, cuando se colocó a las tres exfuncionarias a cargo de un grupo de tres o cuatro menores a cada una.
“Alguien diría: “son tres, cuatro niños, nada más”, pero había uno que tenía cuatro meses y no paraba de llorar, dos que apenas empiezan a caminar y tal vez otro más grande que podía hacer cosas solo. Ya solo con el bebé de meses era mucho trabajo”, expresó.
La exfuncionaria contó además que, aunque contaban con estudiantes que brindaban asistencia y actuaban como su “mano derecha”, había ciertas responsabilidades que no podían delegarse debido a la importancia que tenían. Esto generaba conflictos cuando necesitaban tomar un descanso para almorzar o ir al baño, y se les regañaba si dejaban solas a estas personas asistentes. Manifestó que sus dos compañeras y ella no recibían una colaboración real por parte de sus superiores.
“Todo eso nosotras lo reclamábamos porque siempre había reuniones donde supuestamente se hacían actas, pero siento que no se anotaba como nosotras lo manifestábamos”, expresó. La exfuncionaria insistió en que estaban cansadas de que no hubiese un respeto y consideración a lo que solicitaban.
Asimismo, la exfuncionaria relató que la CIU se mantenía por el amor con el que hacían los trabajos e incluso indicó que las mamás, las personas asistente e incluso, las personas menores, pueden dar respaldo de su trabajo.
“A pesar de ese malestar, nosotras nunca dejamos de hacer mal esta otra parte y nosotras nos manteníamos por estos bebés, porque una les llega a tener cariño, incluso a las mamás (…) Yo amo mi trabajo (…) Pero decíamos a costa de qué, o sea, no saben lo que está significando que este bebé la pase bien o esta mamá se sienta bien para irse a estudiar”, expresó la afectada.
Mientras que otra de las exfuncionarias defendió el trabajo en equipo que hacían: “Nosotras nos apoyamos tanto, las tres éramos un buen equipo”, contó.
Esta última comentó a Interferencia que empezó a tener un desgaste en su hombro, y que a pesar de comunicárselo a su dirección, esta no le daba la importancia necesaria y le cuestionaba si la lesión se la había hecho en el trabajo. Finalmente, según relató, la oficina de Recursos Humanos tuvo que intervenir para elevar el caso al Instituto Nacional de Seguros, donde le negaron la operación por no haber acudido a tiempo. A la fecha está esperando una operación a través de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Al momento del despido, la exfuncionaria tenía una ruptura completa del manguito rotador de su hombro.
Las exfuncionarias relataron que este tipo de situaciones hicieron que se abrieran dos procesos en Recursos Humanos por clima laboral, sin embargo comentaron que la situación nunca cambió.
“En lugar de mejorar, más bien se puso peor el asunto, de hecho era peor, menos comunicación. Yo fui una de las que estos últimos años ya no hablaba casi, era lo mínimo que yo conversaba con mi jefatura porque yo ya no podía pelear más”, agregó una de las afectadas.
Mientras todo esto ocurría, una de las exfuncionaria recibía atención de profesionales en psicología y terapia ocupacional, incluso dentro de la universidad. Estos profesionales informaron que la afectada presentaba síntomas depresivos, ansiosos y de somatización que podrían estar relacionados con el estrés laboral, según consta en las pruebas adjuntadas en el documento de apelación del despido.
“Yo empecé a tener problemas de que yo ya llegaba a mi casa llorando y yo la verdad yo decía: ‘Dios, ¿cómo me voy de este lugar si tengo deudas y responsabilidades económicas?’”, indicó.