El pasado martes 7 de noviembre, finalmente se presentó oficialmente la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez que estará activa entre el 2023 al 2033. Este plan de acción es la propuesta del gobierno para cumplir con los derechos de las personas adultas mayores para mejorar las condiciones de vida. Este fue presentado por El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).
Dicha política propone ser la guía para enfrentar los retos con relación al envejecimiento, especialmente en un país donde cada vez se presenta un mayor proceso de envejecimiento. Este documento es un tejido social, un avance para el país, pero con aspectos que se deben cuestionar para su mejora.
La propuesta surge como parte del acuerdo vinculante con la Convención Interamericana por los Derechos de la Protección de los Adultos Mayores, lo cual impulsaba a que por obligación el estado costarricense construya una política pública para visibilizar estos derechos.
Detrás de este documento se consolidan un proceso de casi 3 años, donde se observa aciertos y desaciertos, alcances y limitaciones para abordar las necesidades de esta población. Existen múltiples niveles de compromisos y un tejido vivo rodeando este complejo contexto nacional e internacional de la vejez.
Por esto, la Secretaria ejecutiva de la ONG Planeta Interno Mujeres por una Vejez Digna, Liliana Quesada, establece que “esta política es un inicio de muchas cosas que deben irse mejorando y cambiando (…) va a depender desde nuestra mirada como sociedad civil que logremos la auto organización”.
Dentro de esta política se expresa un cambio paradigmático sobre cómo son percibidas las personas mayores, desde la concepción de objetos de protección e infantilización, a una política como sujetos de derechos con voz y voto.
La socióloga y activista por los derechos humanos de las mujeres, Lorena Camacho de la O indicó “la importancia que tiene un documento en política (…) se coloca en la agenda pública la vejez y el envejecimiento”.
Sin embargo, un factor a considerar, es que con la vejez y el envejecimiento surgen nuevas desigualdades que se deben afrontar. Por lo que el reto para dicha política es poder abarcar todos los matices que esta población tiene. El documento menciona enfoques de género, identitario, diverso, intercultural e interseccional, entre otros, pero su mayor reto es que estos sean operacionalizados.
”Se debe entender que no se trata de hablar de una sola vejez, hay muchísimas vejeces(…)Se trata de comprender, de poder diseñar servicios y programa acordes a los distintos rangos etarios”, Liliana Quesada, ejecutiva de la ONG Planeta Interno Mujeres por una Vejez Digna.
Quesada destacó que es un proceso continuo al que se le debe abrir espacio de escucha a las personas que están en esta población, desde sus características como una población diversa y con capacidad de entendimiento sobre sus propias necesidades.
Camacho rescató que “tiene que haber un cambio muy profundo en términos de la calidad de la participación(…) No se está acostumbrando a ese nivel de interlocución en términos de las instancias históricas que atienden a la protección de las personas adultas mayores(…)No solo en la diversidad de la participación, sino en la calidad de la participación”.
Esta crítica sobre la escucha y la participación ciudadana se refleja en cómo, dentro del proceso de construcción y en la política, se excluye o minimiza la relevancia de la escucha a los grupos organizados que representan la población en envejecimiento.
Es un factor necesario para que el sector civil tenga una mayor presencia, es en las acciones presentes que se están realizando que pareciera buscar la protección de los derechos de personas adultas mayores, por lo que se necesita una mayor apertura para que exista una presencia activa y una mayor toma en cuenta de la población para seguir progresando en este ámbito.
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