La nueva magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, cuestionó las posiciones que exigen aumento de penas como respuesta a la crisis criminal.
En entrevista con Interferencia de Radios UCR, Vargas argumentó que la pena máxima en Costa Rica es alta si se considera la expectativa de vida de las personas y si se compara nuestra legislación con la de otros países.
“Pretender que con una ley que aumenta la pena de 50 a 75 años se va a dejar de delinquir, es una visión errada. No lo dice Patricia Vargas, lo dicen todos los estudiosos de esta materia, porque lo cierto es que aquel que va a querer matar no va a dejar de hacerlo porque le digan que son 50, 60 o 65 años; igual lo va a hacer”, expresó la recién nombrada magistrada.
Vargas añadió: “Yo creo que tenemos que fortalecer los órganos de administración de justicia, para que puedan hacer el trabajo que les está encomendado. En Costa Rica no se necesita más pena. En nuestro país a una persona la pueden encarcelar 50 años; es bastante si se considera el tiempo de vida que puede tener alguien. 50 años en prisión es una pena elevada”.
Vargas además manifestó que la defensa de los derechos humanos no es negociable, a pesar de que genere indisposición en ciertos sectores. Ella enfatizó en que, aunque una parte de la sociedad critique algunas decisiones del Poder Judicial, la democracia implica la defensa de las minorías frente a las mayorías en relación con el respeto a los derechos humanos.
La jueza dijo comprender las críticas, pero consideró que la judicatura debe explicar estos temas a la ciudadanía. Además, señaló que las personas juzgadoras solo aplican las leyes que son creadas por el Congreso.
“En la labor del Poder Judicial estamos comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas y no es factible pretender sacrificar, en atención de la opinión pública, los derechos de quien, en ese contexto, es una minoría frente a esa opinión mayoritaria”, expresó Vargas.
La nueva magistrada señaló que parte de la solución a la crisis de violencia que vive el país es la prevención, pero explicó que esa es labor del Poder Ejecutivo. Si bien la magistrada mencionó que al Poder Judicial le corresponde el área represiva, consideró que desde esa entidad sí se puede colaborar en otros ámbitos.
“El Poder Judicial es el operador de las leyes, entonces está en una condición privilegiada para decirle a la Asamblea Legislativa: ‘mire, tenemos esta problemática, que les parece si ustedes abordan el tema y hacen ciertas reformas’”, consideró Vargas.
Patricia Vargas fue juramentada como magistrada el pasado 21 de setiembre, tras ser electa por la Asamblea Legislativa.
Desigualdad de género
La especialista en derecho penal y ahora magistrada narró cómo le afectó la desigualdad de género al poner su nombre como candidata para la magistratura en más de una ocasión.
Vargas señaló que a mayor sea la escala dentro de la judicatura, hay menos mujeres, según datos del Poder Judicial.
Consideró que para reducir las brechas de género, en los procesos de selección se deben tomar en cuenta las dificultades en el acceso que tienen las mujeres. La magistrada estimó que en lo relacionado a puestos de magistratura, la Asamblea Legislativa debería reducir el espacio de discrecionalidad y que la escogencia se haga con criterios técnicos.
Vargas había postulado su nombre en ocasiones anteriores en las cuales resultaba como la mejor calificada, pero no electa. Explicó que insistió en ser candidata para “incomodar,” pues al no resultar seleccionada a pesar de sus buenos atestados, se evidenciaban los problemas en el sistema de elección.
La jueza resaltó las políticas públicas afirmativas, específicamente en cuanto a leyes con perspectiva de género. Puso como ejemplo que hace unos años hubo un exceso de mujeres detenidas por narcotráfico relacionado con las condiciones de exclusión, pobreza y vulnerabilidad; eso motivó una reforma legal que permite tomar en cuenta esas condiciones de las personas.
“Esas políticas reconocen esta situación (de vulnerabilidad). Esas condiciones de exclusión no justifican esos comportamientos, pero sí explican el porqué estas personas están más cerca del delito. Gracias a las reformas legales no se genera un mayor daño del que ya se produjo, porque usted encierra una persona de estas 8 años, que era la pena mínima de aquel momento (por narcotráfico), y usted deja niños solos; es decir, el daño social producto de una decisión de política criminal como esa es enorme y a raíz de eso se generaron reformas legales que permitieron, en ese tipo de casos, dar una solución distinta al problema. Eso sin perspectiva de género no existiría”, resaltó la nueva magistrada de la Sala Tercera.
Puede repasar la entrevista completa en el siguiente enlace:
