El pasado 20 de junio, miles de estudiantes universitarios tomaron las calles para defender la educación pública y manifestar su descontento con el Gobierno en lo que se refiere a los Fondos Estatales de Educación Superior (FEES), la administración de la actual Ministra de Educación y las acciones con respecto a la educación pública a nivel nacional. Sin embargo, esta lucha se ha batallado desde meses anteriores, con varias sesiones de encuentro entre Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y el Ministerio de Educación (MEP). Estas sesiones han traído a luz el contexto actual en donde se ha visibilizado la falta de defensa de la educación pública por parte del MEP y las cuestionables acciones bajo la administración de Anna Katharina Müller Castro, actual Ministra de Educación Pública.
Se han priorizado otros intereses por parte de la ministra sobre las verdaderas necesidades en la educación pública. Lo cual conlleva al cuestionamiento de su administración, especialmente considerando la discusión de la disminución de presupuestos, la privatización de la educación superior y la ruptura del convenio con la Fundación Omar Dengo a favor de AmCham, esta última dirigida por Silvia Castro, propietaria de la ULACIT, líder de la estrategia educativa del Gobierno titulada “Ruta de la Educación y prima de la ministra de educación.
Ante todo lo anterior, por su lado, el asesor legal de la ministra desacredita el tema, sin dar una respuesta a la recusación desde el 29 de mayo.
Estos presuntos conflictos de intereses también han sido parte de la discusión sobre la educación pública, por la Presidenta de la FEUCR, Karen Marín. “Todas estas señales nos indican, nos llevan por el camino de que los intereses que tiene la Ministra de Educación van de la mano con los intereses que tiene el presidente, de poco a poco ir privatizando, bueno, en este caso, la educación…”, indicó Marín.
Estas problemáticas y el intento paulatino de la privatización de la educación superior, conlleva a la lucha por otorgar el presupuesto acordado para el FEES. En el 2022, se acordó mover el aumento del 1% por inflación del presupuesto del FEES para ser otorgado en el 2023. Sin embargo, este acuerdo y esta promesa realizada por el Ministerio de Hacienda y el MEP, se han convertido en palabras vacías bajo la excusa de falta de fondos.
Como recuenta el Rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutierrez Espelta, sobre las sesiones: “se establecieron las reglas de oro, así denominada por la señora Ministra de Educación y bueno, revisamos, estuvimos de acuerdo con la regla de oro, pero nosotros metimos una fundamental que era el respeto constitucional, particularmente artículo 78, 84 y 85..” Es decir, de parte de CONARE existió una apertura al diálogo mientras se respeten los artículos constitucionales referentes a la autonomía universitaria y a la inversión del estado en la educación. Sin embargo, la negación de lo estipulado y la falta del diálogo por parte del MEP y Hacienda demuestra la problemática en intereses y la contraproducente administración. Esto permite ver que el discurso de la ministra y el Gobierno recae en ver a la educación como un gasto innecesario y no como una inversión al país.
Por esta razón, se percibe un descontento del sector educación por la nula defensa del presupuesto para la educación pública y la posición política más en línea con intereses personales y las propuestas de Gobierno de Chaves dentro del MEP.
En un contexto país, donde se está viviendo una crisis en múltiples sectores y el presupuesto de la educación cada vez se disminuye, con centros educativos en precarias condiciones; sin conexión, sin agua potable, debería ser la Ministra de Educación quien lucha por proteger los recursos para el sector. Como menciona la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad: “tenemos que atender este pilar fundamental que tiene nuestro país y que ha sido el aspecto más importante, que me atrevería a decir, que ha construido Costa Rica: la educación.”
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