Señalamientos al crimen e inseguridad duplican a los del costo de la vida o situación económica y a los del desempleo, señala estudio CIEP-UCR
La inseguridad y la delincuencia saltaron en este año al primer lugar de los mayores problemas del país y duplican en menciones al costo de la vida y al desempleo, situaciones de índole económica que siguen causando preocupación en las personas y que han ocupado las principales posiciones después del shock de la pandemia en 2020.
Un 35% de las personas encuestadas por CIEP-UCR indicaron que la inseguridad es la mayor angustia nacional en este momento, mientras 18% señaló que es el costo de la vida y la situación económica y un 16% apuntó a la falta de trabajo, ahora que el desempleo está en 11% y miles de costarricenses han declinado de buscar un puesto laboral.
La última vez que la inseguridad se situó como principal problema del país fue a finales del gobierno de Luis Guillermo Solís, en marzo de 2018, según el historial de encuestas del CIEP-UCR.
Después de comprobarse que el 2022 fue el año más violento de la historia del país y que este 2023 lo va superando en cifras de homicidios, la inseguridad por la criminalidad dejó de ocupar el tercer lugar o cuarto y se registra ahora como la mayor angustia de la gente, a pesar de los mensajes oscilantes que ha dado el gobierno de Rodrigo Chaves.
La encuesta se realizó en la semana entre el 12 y 21 de abril, durante la cual el presidente Chaves anunció un plan para combatir la inseguridad, centrado en una medida de aumento de policías en las calles que 48 horas después debió suspender por las protestas de oficiales enojados con la intención de recortarles días libres.
Esto ocurrió después de que la Unión de Cámaras Empresariales (Uccaep) pidió declarar “emergencia nacional” por la criminalidad y advertir los perjuicios que tiene también para la actividad económica, por la mala imagen para potenciales turistas y por asaltos en los negocios o costos en que deben invertir para su seguridad.
Además, la Embajada de Estados Unidos recordó en marzo que advierte a sus ciudadanos sobre la necesidad de tomar medidas en Costa Rica para evitar ser víctimas del crimen, mientras en la Asamblea Legislativa el diputado presidente Rodrigo Arias convocó a un grupo para plantear reformas legales necesarias contra la delincuencia.
Chaves reconoció en 2022 que la criminalidad “se nos salió de las manos”, pero después dijo que su gobierno no tiene responsabilidad por los indicadores de ese año y en 2023 ha dicho que el problema viene del pasado y señala culpas del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa, además de culpar a medios de comunicación porque “quieren hacer ver una crisis”.
La capacidad del Gobierno de resolver este y otros problemas fue el objeto de una de las preguntas de la encuesta y los resultados muestran que seis de cada diez desconfían (23% dice que confía nada y 38% dice confiar poco), mientras 26% dice tener “alguna” confianza y solo 13% contestó que “mucha”.
“Este indicador se ha deteriorado, porque según los datos de noviembre 2022, el 49% indicaba ninguna o poca confianza, frente a un 51% señala 2 tener mucha y algo de confianza en que el gobierno actual pueda resolver los principales problemas del país”, señala el informe de la encuesta CIEP-UCR de este mes abril.
En agosto era un 41% de encuestados el que creía que el gobierno de Chaves podría resolver los problemas y un 33% indicaba que los podrá resolver parcialmente, ante un 26% que señalaba que de ninguna manera.
