Campaña “Cambiemos la Regla” promueve incluir productos de higiene menstrual en la canasta básica para hacerlos más accesibles a las personas en condición de vulnerabilidad.
La falta de recursos económicos para obtener productos de higiene menstrual ocasiona que, en Costa Rica, niñas y adolescentes pierdan alrededor de 48 días lectivos.
Así lo señaló la organización Nosotras Women Connecting, la cual recopiló este tipo de datos y lanzó la campaña “Cambiemos la Regla” el pasado 3 de enero.
La iniciativa busca que el Estado garantice políticas de acceso a productos de salud e higiene menstrual, por medio de la promoción del proyecto de Ley 22.421, titulado Menstruación y Justicia, el cual pretende que los productos como toallas femeninas y tampones sean incluidos dentro de la canasta básica.
El proyecto de ley propone una tarifa reducida de un 1% al Impuesto de Valor Agregado (IVA) a los productos de higiene menstrual para su inclusión en la canasta básica, la realización de campañas de información y concientización sobre las limitaciones de las personas menstruantes más vulnerabilizadas del país, la educación menstrual desde el primer ciclo hasta la educación diversificada, así como proveer a las personas privadas de libertad y en condición de migración de productos higiénicos menstruales.
De acuerdo con información presentada por Nosotras Women Connecting, la vida fértil de una mujer puede extenderse hasta cuatro décadas. Es decir, una mujer puede tener alrededor de 13 ciclos menstruales al año, de aproximadamente cinco días cada uno, lo cual requiere un cambio de toallas cada cuatro horas.
En términos económicos, el cambio de seis toallas diarias representa alrededor de ¢540 colones por mujer, lo cual se traduce en 27% de los ¢2000 colones diarios que perciben los hogares más pobres en el país, según estimaciones de Nosotras Women Connecting.
De acuerdo con cifras de la organización, una mujer podría requerir un aproximado de 15.640 toallas sanitarias a lo largo de su vida, con un costo de ¢90 colones por unidad, lo cual se traduce en un monto total de ¢1,4 millones.
Para la presidenta de Nosotras Women Connecting, Marysela Zamora, este panorama es insostenible para las personas menstruantes insertadas en las condiciones de mayor vulnerabilidad y pobreza, ya que al no contar con los recursos económicos para acceder a estos productos, ven frenados sus proyectos personales, como educación, trabajo y preparación en otros ámbitos.
“La pobreza menstrual en la que viven muchas niñas, adolescentes y personas menstruantes en general, hace que sus condiciones de vida y sus posibilidades de ascender en su proyecto de vida sea muchísimo más difícil. Las niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema educativo y que no cuentan con los medios económicos para gestionar su menstruación de manera correcta, de manera saludable, muchas veces ven coartado su derecho a la educación por estas condiciones”, expresó la especialista.
Según datos que precisó Zamora, más de 80.000 personas menstruantes no asistieron a alguna actividad educativa o laboral en el 2018 debido a falta de productos para gestionar su menstruación. Por ello, considera importante acceder a mecanismos que permitan educación y acceso para gestionar correctamente el ciclo menstrual.
“Estamos hablando de derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos menstruales también y cuando se ven limitados nuestros derechos en el acceso a productos de higiene menstrual, se están coartando nuestros derechos como seres humanos”, agregó.
La problemática se extiende al área de salud pública, pues ante las situaciones de precariedad, las niñas y adolescentes disponen de la utilización de ropa, medias y trapos en lugar de las toallas sanitarias necesarias durante el periodo menstrual, lo cual significa un riesgo para su salud personal.
La campaña busca concientizar, además, sobre las limitaciones que experimentan las personas menstruantes en el país en el acceso a productos de higiene menstrual, principalmente en la zonas más vulnerabilizadas del país, como con las áreas rurales y zonas costeras, donde los índices de desarrollo y las condiciones de desigualdad y pobreza, inciden en el acceso y compra de los productos sanitarios.
“Es fundamental tener en perspectiva que este proyecto está muy enfocado en hacer impacto en poblaciones que están en un nivel de exclusión bastante grande. Entonces, no podemos condenar a las personas a no tener un estilo de vida o no acceder a sus cosas, precisamente porque no se les está dando lo que necesitan”, añadió Zamora.
“Es importante entender que los derechos de las personas menstruantes en el país, en este frente, no están tomados en serio dentro de la estructura y la legislación, es decir, este proyecto es un gran primer paso para poder hablar del tema y hacer conciencia al respecto”, enfatizó.
El proyecto de ley pretende que el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) realicen campañas de información y concientización sobre educación menstrual, centradas en la diversidad de productos de salud e higiene menstrual, gestión de la menstruación, prevención de la pobreza menstrual, productos menstruales sostenibles y contaminación menstrual, al igual que los efectos de las menstruaciones dolorosas y la prevención de actos de acoso relacionados con el periodo menstrual.
Trámite legislativo
El proyecto de ley de justicia menstrual fue presentado a la Asamblea Legislativa desde marzo del 2021 y tuvo un dictamen afirmativo de mayoría en la comisión de la Mujer, pero no avanzó más. Por eso, la campaña busca que sea incluido nuevamente en la corriente legislativa.
Ante la invitación de la campaña “¿Aprobaría un proyecto que podría ser un alivio para miles de personas menstruantes en Costa Rica?”, la diputada del Frente Amplio, Priscila Vindas, fue de las primeras legisladoras en pronunciarse a favor de dicha iniciativa.
“¡Claro que sí! La higiene menstrual no debería ser un lujo, es una necesidad”, manifestó la legisladora.
“Cambiemos la regla para que Costa Rica sea un país con justicia menstrual”, agregó.
Por su parte, la legisladora liberacionista, Monserrat Ruiz, dio a conocer su adhesión a la campaña a través de posteos en sus redes sociales.
“Que la salud menstrual sea un derecho y no un privilegio. Hoy me sumo a la iniciativa de Nosotras Woman Connecting, la cual pretende democratizar el acceso a productos necesarios para la higiene menstrual”, escribió Ruiz.
De igual forma, otras diputadas y diputados hicieron eco y se sumaron a la campaña, tal es el caso de congresistas liberacionistas, Andrea Álvarez, Paulina Ramírez y Rodrigo Arias; las congresistas del Partido Liberal Progresista, Kattia Cambronero y Johanna Solano y por parte del Frente Amplio, Rocío Alfaro, Sofía Guillén, Antonio Ortega, Ariel Robles y Jonathan Acuña.
Como parte de la campaña, la emblemática escultura “La Chola”, del artista nacional Manuel Vargas, se unió en este mes de enero a la iniciativa, con la colocación de afiches alusivos que muestran la necesidad de una legislación que promueva la salud y la justicia menstrual.
Con el propósito de profundizar sobre la iniciativa y sus alcances, este martes 17 de enero, a las 6 p. m., se abordará el tema en el programa de radio de Interferencia, por Radios UCR.
Las personas interesadas en conocer más sobre la iniciativa y que cuenten con interés de sumarse a la misma, puede acceder al sitio web de la organización en el siguiente enlace: https://nosotraslasmujeres.org/