La fracción conservadora ha presentado una centena de mociones para frenar el avance del proyecto. Fabricio Alvarado, jefe de la bancada de Nueva República, califica la iniciativa como “una mordaza para cualquier persona que no esté a favor de la agenda LGTBIQ+”
A punta de mociones, la fracción conservadora de Nueva República ha levantado un muro para intentar impedir la aprobación de una ley que prohibiría las mal llamadas “terapias de conversión”, una práctica que afecta a personas de la comunidad LGTBIQ+.
Son una centena de mociones que tienen que ser analizadas en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y que, por lo tanto, impiden el avance del proyecto.
El jefe de fracción de Nueva República, el excandidato presidencial y dos veces diputado, Fabricio Alvarado, se justifica en que esto “es parte de “los instrumentos que permite el reglamento”. “Si no les gusta ahora porque quieren acelerar un proyecto, que planteen reformas al reglamento”, dijo el legislador a Interferencia de Radios UCR.
Alvarado aseguró que el proyecto ni siquiera debería existir ya que, según su criterio, “es una mordaza” para iglesias cristianas, católicas y cualquiera que no esté a favor de la agenda LGTBIQ+. Pero además considera que abre portillos para que “psicólogos, iglesias cristianas o católicas ni siquiera puedan hablar del tema o brindar consejerías”, por lo que según el diputado, “se podría dar una cacería de brujas”.
Desde la bancada del Frente Amplio (FA), califican las acciones de legisladores de Nueva República como discriminatorias.
“Hoy vimos una homofobia, lesbofobia y transfobia organizada”, manifestó a Interferencia el diputado del FA, Antonio Ortega, pocos minutos después de terminar la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso el pasado jueves 13 de octubre.
Ese día se cumplía el segundo día de discusión de las mociones presentadas en contra del proyecto de ley. A esa sesión asistió la bancada completa de Nueva República, pese a que esta fracción solo tiene un representante en la comisión. Incluso, ese día cinco de los seis diputados de este bloque acapararon el tiempo de discusión en las casi dos horas que se extendió el debate legislativo.
Por la extensión de las intervenciones de ese grupo de diputados, ese día solamente se pudo votar una de las 104 mociones que Nueva República presentó.
El texto de ley que se discute incluye solo cuatro artículos. 32 mociones presentadas plantean cambios a uno de esos artículos, 31 mociones introducen modificaciones a otro, 29 mociones son sobre el tercer artículo y 11 mociones se refieren a otra de las reformas planteadas en la iniciativa.
Tras dos sesiones, en la comisión solo se han podido votar seis de las mociones y siguen pendientes para revisión 98 propuestas de cambios.
Por eso Ortega apunta hacia Nueva República y les acusa de obstruir la discusión.
“En este caso no hay interés real en mejorar el proyecto, se quiere legitimar la tortura, que es lo que se busca prohibir”, aseguró el legislador Ortega, integrante de la comisión de Derechos Humanos. El diputado del FA señala al bloque de Nueva República por “legitimar el odio organizado al obstruir la discusión del proyecto”.
Mientras que el diputado Alvarado, también excandidato presidencial, insiste en que la iniciativa atenta contra la libertad religiosa y la objeción de conciencia.
“Nosotros estamos de acuerdo en que no se debe coaccionar o torturar a nadie pero, ¿qué pasa con los que sí quieren revertir eso? ¿Qué pasa con los homosexuales que no se sienten cómodos con esa forma de vida y quieren retornar a la heterosexualidad?”, cuestionó el diputado de Nueva República.
Las mal llamadas terapias de conversión pueden tener secuelas graves para la integridad psicológica y emocional de las personas, indicó a Interferencia la psicóloga Margarita Salas, quien fue Comisionada para Asuntos de la Población LGTBIQ+ en el Gobierno anterior.
Según indicó Salas, estas prácticas afectan el desarrollo de la sexualidad y la personalidad y ocasionan una experiencia violenta que podría derivar en cuadros depresivos, ansiosos y de estrés postraumático.
También el Colegio de Profesionales en Psicología las rechaza y las califica de “procedimientos pseudocientíficos.
A pesar de eso, el diputado Alvarado dijo estar convencido de que una persona puede cambiar su orientación o identidad sexual “si lo quiere intentar”.
“Como cristianos, y eso tienen que respetárnoslo, nosotros creemos que una persona homosexual puede dejar de serlo y si una persona quiere seguir siendo homosexual, eso se le debe respetar”, manifestó a este medio.
Tras indicarle al legislador que la evidencia científica y médica no cree posible un cambio de orientación o identidad sexual, respondió: “Usted me puede hablar de evidencia científica, pero evidencia podemos encontrar de muy distintos enfoques”, sin ahondar en los argumentos que lo sustentara.
El legislador Ortega, por su parte, negó que el proyecto busque perseguir a personas por sus creencias religiosas. El diputado frenteamplista explicó que se busca sancionar a las personas que promuevan estas prácticas desde una iglesia, consultorio o una casa particular.
“No sé si es que se sienten aludidos o hay negocios de por medio, pero no hay un señalamiento específico a la religión de nadie”, argumentó Ortega.
El legislador además cuestionó el motivo por el cual una persona sexualmente diversa buscaría cambiar de orientación o identidad como lo aseguró el legislador Fabricio Alvarado.
“¿No creerían que personas sexualmente diversas quieren dejar de serlo por el ambiente hostil, de represión, burla y discriminación que se pueden vivir en escuelas, familias o iglesias? Es falaz y tramposo pensar que la elección de una persona de tratarse no esté atravesada por el contexto y por el creciente discurso de odio”, expresó el diputado del FA.
El proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa fue presentado en la pasada legislatura por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, y busca introducir tres artículos y un inciso a la Ley de Salud para prohibir y sancionar las terapias de conversión. La iniciativa incluso prohíbe la publicidad del tema.
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Abrir en una nueva pestaña El proyecto incorpora sanciones que van desde 70 a 100 días multa, la inhabilitación del ejercicio de la profesión hasta por tres años y la cancelación de licencias o permisos sanitarios de funcionamiento.
Un informe elaborado por el abogado costarricense, Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género para la Organización de Naciones Unidas (ONU), plantea la necesidad de una prohibición global de esas prácticas.
Según el documento, los Estados deberían definir claramente las prácticas prohibidas, asegurar que los fondos públicos no se usen para apoyarlos, prohibir anuncios publicitarios, establecer castigos por incumplimiento e investigar los reclamos respectivos, creando mecanismos para proporcionar acceso a todas las formas de reparación a las víctimas, incluido el derecho a la rehabilitación.
El informe además urge a que se tomen medidas para proteger a la niñez y la juventud de las supuestas terapias de conversión.