En resumen: Es falso que el presupuesto del Poder Judicial se haya multiplicado doce veces en las primeras dos décadas de este siglo. También es incorrecto que los recursos dedicados a la educación en Costa Rica sean menos de 7% del presupuesto nacional.
Esas falsedades fueron dichas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante la sesión de la Corte Plena del Poder Judicial el pasado lunes 20 de junio.
En realidad, el presupuesto del Poder Judicial aumentó 2,65 veces del año 2000 al 2018, según el informe más reciente del Estado de la Justicia. Los recursos dedicados a toda esa institución representaron 4% del presupuesto nacional del 2021, mientras que el Ministerio de Educación Pública (MEP) obtuvo 23% de los recursos presupuestados.
Chaves expuso un dato verdadero sobre los casos vinculados a corrupción: la duración promedio de las etapas de un caso de ese tipo era de 1.070 días en el 2017, según el Estado de la Justicia.
Visita de Chaves a la Corte Plena
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, participó en una sesión de los magistrados y magistradas de la Corte Plena el lunes 20 de junio. La Corte Plena –o Corte Suprema de Justicia– es el tribunal superior que rige sobre los tribunales y funcionarios del Poder Judicial.
Chaves acudió a la Corte Plena cuatro días después de que CRHoy informara de cinco denuncias en su contra por presuntos delitos de financiamiento partidario, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias, que el Ministerio Público lleva en fase de investigación preparatoria. El presidente también visitó personalmente la sede de la Fiscalía General el viernes 17 de junio para solicitar información sobre esas denuncias.
El presidente criticó la gestión y el aprovechamiento de los recursos del Poder Judicial durante su visita a la Corte Plena, pero utilizó datos incorrectos en esos cuestionamientos.
Doble Check envió consultas a Casa Presidencial sobre las afirmaciones del mandatario pero no se obtuvo respuesta oportunamente.
Cifra incorrecta sobre aumento del presupuesto
Rodrigo Chaves cuestionó el aumento de los presupuestos del Poder Judicial en las primeras dos décadas de este siglo, pero describió ese crecimiento falsamente:
“El número de funcionarios del Poder Judicial por cada 100.000 habitantes de este país pasó de 160 funcionarios por cada 100.000 habitantes en el año 2000, a nada menos que 251 en el 2018. Eso es un crecimiento estrepitosamente alto. Los presupuestos del Poder Judicial crecieron más de 12 veces en ese periodo. Ese consumo de recursos desafortunadamente no se ha visto reflejado ni causado una mejora conmensurada con la calidad de los servicios que le otorga el poder judicial a la ciudadanía”, dijo Chaves.
Es falso que el presupuesto del Poder Judicial haya aumentado 12 veces en las últimas dos décadas. En realidad, el presupuesto real del Poder Judicial aumentó 2,65 veces (265%) entre los años 2000 y 2018. Así lo indicó el tercer informe del Estado de la Justicia, un análisis independiente del Programa Estado de la Nación (PEN) que deflactó las cifras con base en el índice de precios al consumidor para estimar el crecimiento real de cada presupuesto. Para el 2018, el presupuesto real asignado al Poder Judicial fue de unos ₡459.000 millones.
Es cierto que el personal del Poder Judicial aumentó de 160 a 251 funcionarios por cada 100.000 habitantes en esos años, según el Estado de la Justicia. A finales del 2021, el Poder Judicial contaba con 12.659 funcionarios en total, incluyendo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al Ministerio Público y la Defensa Pública.
Sin embargo, la coordinadora del Estado de la Justicia, Evelyn Villareal, explicó a Doble Check que ese mismo informe advirtió que “hay una debilidad de disponibilidad de información para relacionar crecimientos presupuestarios o de planillas con los indicadores de gestión o desempeño” del Poder Judicial.
“Por ejemplo, el dato presupuestario corresponde a todo el conglomerado judicial (incluyendo OIJ, Ministerio Público y Defensa Pública), pero los indicadores de gestión solo se limitan a casos terminados por jueces. Tendrían que verse casos terminados por fiscal, por defensor y por agente de investigación”, señaló Villareal.
Comparación incorrecta del presupuesto educativo
La magistrada de la Sala III de Casación Penal, Sandra Zúñiga, participó en la sesión del 20 de junio y le recalcó al presidente Chaves que el presupuesto del Poder Judicial es el “4% del presupuesto nacional”.
El dato brindado por la magistrada es preciso. Según la Contraloría General de la República (CGR), “la asignación de recursos al Poder Judicial representa un 4,0% del total del proyecto de presupuesto del periodo 2021 y muestra una disminución del 0,7% con respecto al presupuesto 2020”.
Seguidamente, Chaves respondió a la observación de la magistrada con una comparación incorrecta:
“La justicia es un servicio público vital. Obviamente, doña Sandra. Ustedes tienen, según sus propios números, 4% de Presupuesto de la República y 15.000 empleados. También lo es la educación, que tiene seis y pico por ciento; 6,8% –que a mí me tortura no cumplir con el mandato constitucional– de presupuesto de la República y tiene 90.000 empleados”, afirmó el presidente.
En realidad, la asignación de recursos solamente al Ministerio de Educación Pública (MEP) fue de 23% del total del Proyecto de Presupuesto Nacional del 2021, según datos de la Contraloría.
Parece que el mandatario confundió los porcentajes del presupuesto nacional con proporciones del Producto Interno Bruto (PIB), pero el dato es impreciso hasta de esa manera.
La Constitución Política establece que “en la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del Producto Interno Bruto”. La Contraloría estimó que los recursos dedicados a la educación en el presupuesto nacional del 2021 –incluyendo al Fondo Estatal para la Educación Superior (FEES) y la Universidad Técnica Nacional (UTN)– representaban 7,3% del PIB.
Dato verdadero sobre casos de corrupción
Rodrigo Chaves aseguró que “la lentitud de la justicia afecta la eficacia con que se están resolviendo los casos de corrupción en el país”. El presidente basó esa crítica en el Estado de la Justicia:
“Según el último informe del Estado de la Justicia, en promedio se demoran 1.070 días –es decir, dos años y nueve meses– en resolver un caso de corrupción en un Juzgado Penal. Ese es el promedio, desafortunadamente”, dijo Chaves.
El dato es correcto. El tercer informe del Estado de la Justicia, publicado en el 2020, muestra que la duración promedio de las etapas de un caso relacionado con corrupción era de 1.070 días en el 2017, y que el máximo era de hasta 4.956 días.
“Es importante destacar que, en la sucesión de pasos entre las distintas entidades del Poder Judicial, no hubo ningún trámite cuya duración promedio fuera inferior a 170 días, es decir que –en promedio– este es el tiempo mínimo que tarda un movimiento del expediente de un escritorio a otro”, advirtió el Estado de la Justicia.