Una mayoría de legisladores aprobaron en segundo debate el proyecto de “Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón”, pese a que la iniciativa está condicionada a que, en un plazo de un año, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) debe realizar “los estudios científicos y técnicos pertinentes, que sustente el otorgamiento de nuevas licencias para la pesca semiindustrial de aprovechamiento sostenible del camarón”.
Así lo plantea un transitorio en el texto que recibió el apoyo de 28 diputados de los 46 presentes en la sesión legislativa de este jueves por la tarde.
Es decir, para que la propuesta presentada en junio del 2019 por el diputado del Partido Restauración Nacional (PRN), Melvin Núñez, permita la reanudación de la actividad extractiva se requiere primero de los estudios que Incopesca deberá hacer en los doce meses posteriores a la publicación del texto.
Es por esa falta de investigación que respalde las regulaciones propuestas en la nueva ley, que legisladores opuestos a la iniciativa, sectores de pesca artesanal, organizaciones ambientalistas y centros de investigación universitario cuestionan la posibilidad de revivir esta actividad prohibida por la Sala Cuarta en 2013. (Vea nota aparte: A 7 años del voto de la Sala).
En ese voto, la Sala resolvió que el Incopesca no otorgaría nuevas licencias para la actividad extractiva de pesca de arrastre de camarón, cuando estas agotaran su plazo de vigencia, debido al impacto de esta actividad en los ecosistemas marinos.
Estudios hechos entre el 2008 y el 2017, por Incopesca y el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), concluyeron que con el método tradicional de arrastre para la extracción de camarón, de cada tonelada cerca del 95% de las captura correspondían a pesca incidental o conocida como fauna de acompañamiento (FACA), mientras que sólo 5% de lo pescado era camarón.
Por lo que la Sala pidió realizar estudios para demostrar la implementación de técnicas más avanzadas para la reducción de la pesca incidental y con ello avalar nuevamente la explotación de camarón en las costas del país.
En setiembre del 2019, Incopesca presentó los resultados de una investigación hecha en la boca del Golfo de Nicoya entre octubre y diciembre del 2018. La investigación concluyó que mediante el uso de una nueva red a la que denominaron “AA Costa Rica”, se logra que el 75% de cada tonelada corresponda a camarón y el 25% a FACA.
Pero dichos estudios fueron cuestionados por organizaciones ambientalistas como la Asociación Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA) y MarViva, pero además los hallazgos del estudio también fueron objeto de señalamientos por parte del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional.
El legislador proponente de la iniciativa, el diputado independiente, Melvin Núñez, defendió los estudios hechos por el Incopesca: “A algunos no les gustó el resultado, pero había cinco biólogos que dieron el sí a una red que minimiza o se trae abajo la cantidad de fauna de acompañamiento”, planteó el diputado durante el debate legislativo.
El diputado toma como base esta investigación para plantear en la iniciativa, ahora aprobada, cambios en la malla que utilizarían las embarcaciones de arrastre de camarón y además el empleo de dispositivos para la exclusión de fauna marina como tortugas u otras especies que son capturadas de manera incidental.
La diputada independiente, Carmen Chan respaldó los argumentos del legislador Núñez, al plantear que no es cierto que se esté aprobando la reactivación de la actividad pesquera de camarón sin estudios que lo respalden.
No obstante, los legisladores evitaron referirse al fondo de las críticas de los estudios sobre las limitaciones de los hallazgos del estudio, por ejemplo el corto plazo de análisis o el área geográfica donde se realizaron las investigaciones.
Pese a esto, el legislador Núñez celebró la aprobación de este proyecto al considerar que es un asunto de “justicia social” con la población porteña desempleada.
No obstante, los diputados contrarios al proyecto de ley, como la oficialista, Paola Vega, alegaron que la iniciativa no resuelve el problema y por el contrario agrava la situación de los sectores que dependen de la pesca artesanal:
“Voy a estar recurriendo a todos los mecanismos legales para garantizar que no se otorgue una sola licencia en este país de manera espuria y sin sustento técnico”.
El legislador del Frente Amplio, José María Villalta, calificó al proyecto aprobado como suicida al considerar que destruye la posibilidad de generar mejores empleos. Villalta planteó que los beneficios de la iniciativa son menores a los impactos negativos.
La votación
La iniciativa para el aprovechamiento de la pesca de camarón entró en la recta final de su discusión a inicios de esta semana.
El lunes el texto estaba convocado para su debate en el Plenario, sin embargo el tema fue trasladado para la sesión del miércoles. Ese mismo lunes, representantes de los sectores de pescadores artesanales de la costa pacífica se manifestaron en San José. La protesta se desarrolló pese a los bloqueos que levantaron sectores pesqueros que avalan el proyecto y que buscaban impedir el paso de la manifestación.
El miércoles el debate inició a eso del mediodía, pero luego del receso para el almuerzo, algunos diputados no regresaron a tiempo y la sesión se suspendió por la falta de quórum. Así que fue hasta la sesión de este jueves que el debate se reanudó y votó pasadas las 3:00 p. m., luego de que algunos legisladores declinaron hacer uso de la palabra para finalizar la sesión.
La discusión de los legisladores a favor de la iniciativa se centra en la necesidad de reactivar el empleo en la zona costera de la provincia de Puntarenas. Así lo enfatizaron algunos legisladores como Melvin Núñez o la independiente Carmen Chan.
Mientras que en contra los principales alegatos se centraron en la falsa respuesta que genera esta iniciativa para la generación de empleo en las costas, pero así como el impacto al medio ambiente que la técnica de arrastre provoca.
La votación en segundo debate se da luego de que, a finales de julio, la Sala Constitucional resolviera por unanimidad que en la consulta planteada, por un grupo de al menos 17 legisladores, “omite formular alguna duda u objeción de constitucionalidad en los términos del artículo 99 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.
Pero además por mayoría, cuatro de los siete magistrados de la Sala Cuarta consideraron que el proyecto no presentaba vicios de inconstitucionalidad “de carácter sustancial, procedimiento o por el fondo”, ya que se interpreta que la reforma, contenida en la iniciativa, al artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura “preserva de manera intacta las competencias que le corresponden a los órganos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente”.
No obstante, tres magistrados: Fernando Cruz, Paul Rueda y Anamari Vargas, salvaron el voto y concluyeron que el proyecto “contiene dos vicios sustanciales del procedimiento legislativo”: uno infringir los principios de objetivación de la tutela medioambiental y de desarrollo sostenible democrático, y el segundo, por falta de publicidad y transparencia.
Por el fondo estos tres magistrados, declararon que la reforma propuesta al artículo 46 de Ley de Pesca y Acuicultura implica una violación a los principios de progresividad y no regresividad en la protección ambiental.
Sobre lo resuelto, la Sala aclaró, en un comunicado de prensa posterior, que “es incorrecto afirmar que la Sala Constitucional “avala”, “da visto bueno”, o “autoriza” al proyecto de ley, pues, en realidad, el Tribunal se limita a señalar que en los puntos consultados por las y los legisladores no se violan derechos fundamentales ni principios constitucionales”.
Tras aprobarse la iniciativa ahora esta pasará a manos del Presidente de la República, Carlos Alvarado, para que con la firma del texto se convierta en ley y así empiece a correr el plazo de los doce meses para que el Incopesca realice los estudios pertinentes que permitan validar la pesca de arrastre de camarón.
A 7 años del voto de la Sala llega una nueva ley
La necesidad de regular la actividad extractiva de camarón bajo la técnica de arrastre, llega tras un voto de la la Sala Constitucional del año 2013, en el que, por mayoría los magistrados declararon inconstitucional la frase: “pesca de camarón de arrastre” contenida en dos artículos de la Ley de Pesca y Acuicultura.
La acción en contra de los artículos de la ley fue presentada por la Asociación Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA), la Fundación MarViva y la Federación Costarricense de Pesca Turística (FECOPT), entre otras.
Los magistrados en su resolución ordenaron a Incopesca no otorgar “ningún permiso, autorización o licencia nuevas, o renovar las vencidas para la pesca de camarón con redes de arrastre”.
En el voto, de agosto del 2013, se planteó que los dueños de licencias podrían continuar realizando la actividad hasta que se vencieran los plazos de los permisos otorgados antes del fallo de la Sala. “Una vez expirado el plazo de vigencia, no podrán ser prorrogadas”, señala la sentencia.
Los magistrados dejaron abierta la puerta a la posibilidad de instaurar nuevamente la categoría de pesca semi industrial de camarón, pero siempre y cuando se realice una reforma legal “con el correspondiente respaldo científico y tecnológico”.
Según el voto de la Sala, el nuevo proyecto debe demostrar “una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático”.
Menos de un año después del voto de la Sala se presentó un proyecto de ley que pretendía regular la pesca de arrastre, el proyecto denominado “Ley para el ejercicio sustentable de la pesca semi industrial camaronera en Costa Rica”.
La iniciativa llegó hasta el trámite de votación en primer debate, donde en marzo del año 2018, fue aprobado por una mayoría de diputados.
Pero posterior a esta votación, el proyecto fue enviado a consulta en la Sala Constitucional. Los magistrados en esa ocasión resolvieron que durante la tramitación del texto hubo un vicio sustancial en el procedimiento, ya que “la discusión del proyecto por parte de los diputados, propiamente dentro del trámite legislativo, se dio sin sustento en estudios técnicos y científicos que respaldaran el proyecto”.
En el 2013, al momento de emitirse esta sentencia que prohibió las nuevas licencias o renovación de las existentes, habían 24 permisos otorgados por Incopesca, para la extracción de camarón por arrastre. La falta de una reforma legal provocó que la última de las licencias para la extracción de camarón semi industrial se venciera en agosto del 2019.
Antes del vencimiento de estas licencias, Incopesca también intentó prolongar el plazo de los permisos. Al menos la Junta Directiva de la institución adoptó un acuerdo, en noviembre del 2017, en el que planteaba una serie de mejoras para las embarcaciones con permisos vigentes que quisieran renovar sus licencias, hasta por un plazo de seis años.
Este acuerdo de la Junta Directiva de Incopesca también fue anulado por la Sala Cuarta. Los magistrados concluyeron que era necesario una ley que respaldara los cambios propuestas en la técnica de pesca semi industrial de camarón.
Posterior a esto vinieron los estudios hechos por Incopesca que sirven como base para el proyecto de ley presentado 15 meses atrás y ahora aprobado en segundo debate a la espera del sustento técnico para la reanudación de la extracción de camarón por arrastre.