El Plan de Recuperación de Tierras Indígenas previó, en 2016, que en un plazo de 2 años, el Estado habría completado la recuperación del territorio indígena de China Kichá; no obstante eso no sucedió y la población cabécar de ese lugar inició sus propios procesos de recuperación.
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“Quisimos defender nuestros derechos porque de nada sirve que estén ahí, escritos en papel, sin hacerlos valer”.
El que habla es el indígena cabécar Greivin Fernández, quien forma parte de 16 familias que en mayo del 2019 recuperaron una propiedad de 250 hectáreas en la comunidad de China Kichá, ubicada en el cantón de Pérez Zeledón. La bautizaron “Kono Jú” o “casa de tepezcuintles”.
En los últimos días, ese territorio ha sido noticia por una disputa judicial de las personas indígenas con otras no indígenas que reclaman la tierra.
El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José había ordenado que este martes 29 de setiembre se desalojara a las familias indígenas; sin embargo, un fallo posterior del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires de Puntarenas puso en pausa el desalojo.
El Juzgado consideró la falta de personal suficiente del Ministerio de Seguridad Pública para evitar la conflictividad en la ejecución del desalojo y la ausencia de un informe del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) sobre la eventual presencia de menores de edad y adultos mayores, que resulten afectados por la aplicación de la medida. Se dio un plazo de 10 días para que esas entidades brinden un informe y no se ha determinado nueva fecha para la salida de las familias.
El conflicto judicial evidenció una vez más los atrasos del Estado costarricense por cumplir el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (Plan RTI), un mecanismo puesto en marcha desde el 2016 y mediante el cual se busca resolver el problema de las invasiones en territorio indígenas.
El Pan RTI empezó a ejecutarse desde el 2016 y se le asignó al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) “regularizar los territorios indígenas de Costa Rica en un plazo de cinco años”. En la primera fase de ejecución prevista para realizarse en dos años se contemplaba la recuperación de nueve territorios, entre ellos China Kichá de Pérez Zeledón.
No obstante, en el caso específico de la comunidad cabécar de China Kichá aún faltan algunas actividades por ejecutar. “Se está iniciando actualmente con el procedimiento administrativo ordinario para el caso de seis propiedades”, según comunicado de prensa publicado el viernes por el Inder, en el que no se detalla el plazo en que se completará la ejecución.
Mientras tanto, los conflictos continúan.
La deuda con los pueblos indígenas por la recuperación de su territorio data desde 1977, cuando la Ley Indígena estableció que la tierra en comunidades originarias no pueden ser vendidas o traspasadas, ya que es un recurso exclusivo para las poblaciones indígenas.
En marzo de este año, el Ejecutivo decretó de “interés público” el proceso de recuperación de tierras con el fin de acelerar el trabajo para el cumplimiento del plan. El decreto llegó un año después del asesinato del líder indígena de Salitre, Sergio Rojas y a pocos semanas de la muerte Jhery Rivera, líder indígena de la comunidad Térraba, ambos en Buenos Aires de Puntarenas.
Interferencia intentó consultar sobre los atrasos a Randall Otárola, viceministro de Presidencia de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, quien tiene a cargo este tema. No obstante, el departamento de prensa adujo complicaciones en la agenda para brindar una entrevista.
Tribunal reconoció que propiedad está en territorio indígena
“Hace como dos años no teníamos ni dónde poner una mata de yuca o de frijol”, recuerda Greivin Fernández en entrevista con Interferencia.
“En dos años hicimos lo que el Estado no ha hecho en 40; ellos solo se ponen a decir que tenemos la deuda histórica y no resuelven nada”, agrega.
China Kichá fue reconocida legalmente como comunidad en 1957, por medio de decreto ejecutivo que declaró la conformación del territorio indígena con una extensión mayor a las 4.000 hectáreas. Sin embargo, en abril de 1982, el Gobierno anuló ese decreto y disolvió a la comunidad.
En el decreto de 1982 se justificó que la población cabécar de China Kichá “se dispersó y migró progresivamente a otros lugares, de tal manera que a partir de los años 1970 y siguientes ya no quedó prácticamente población indígena dentro de los límites de la referida Reserva”.
Los terrenos pasaron a manos del ahora Inder y fueron asignados para parcelas agrícolas.
La indígena cabécar de China Kichá, Doris Ríos, asegura que la población originaria nunca fue consultada sobre esto.
En el 2001 se restableció el territorio, pero con otros límites y una extensión de apenas 1.100 hectáreas.
Ríos narró que a pesar de esto las personas no indígenas decidieron quedarse en el territorio y tomaron medidas de represalias en contra de la población originaria.
“Una de las medidas fue que a ninguna persona indígena le iban a dar trabajo, a nadie, y efectivamente así fue”, relató Ríos, quien añadió que esa decisión motivó a la comunidad indígena a organizarse.
Casi dos décadas más tarde, en mayo del 2019, un grupo de familias indígenas ingresó a la propiedad que hasta esa fecha era ocupada para la actividad agropecuaria de la sociedad anónima Hacienda La China R. L, cuyo presidente es Angel Marín Castro.
Las familias retiraron el ganado y los cultivos extensivos, por lo que Marín interpuso una demanda contra las personas indígenas en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires de Puntarenas. Alegó ser el dueño registral de la finca de 250 hectáreas y solicitó una medida cautelar de “puesta en posesión” de la finca.
La solicitud fue rechazada en octubre del 2019 por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires, el cual resolvió que “la pretensión cautelar solicitada tiene los mismos efectos que una sentencia estimatoria”, es decir que avalar la medida podría “resolver el fondo del asunto”.
El representante de Hacienda La China apeló la resolución ante el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, el cual en marzo anterior desestimó lo resuelto por el juzgado de Buenos Aires y avaló la medida cautelar solicitada por la empresa.
“Con la finalidad de que siga realizando la actividad agraria productiva que ha venido desarrollando, hasta que se resuelva por el fondo el presente asunto”, se lee en la resolución del Tribunal Agrario, el cual en la resolución incluso reconoce que la propiedad está dentro de un territorio indígena.
“En este asunto particular ya existe un Informe técnico dado por el Instituto de Desarrollo
Rural sobre el territorio indígena China Kicha agregado a este expediente y hecho llegar
por los mismos codemandados, y en el mismo aparece la finca aquí en disputa como
parte de los terrenos que no se han pagado o expropiado”, plantea la resolución del Tribunal Agrario.
Por esto se ordenó el desalojo que actualmente está suspendido.
Interferencia intentó conversar con Marín, pero no fue posible localizarlo en los teléfonos registrados a su nombre.
Una historia de reivindicaciones sin fin
“¿Cómo es posible que en nuestra misma tierra, en nuestra misma casa, nosotros estemos pasando hambre y no tengamos ni acceso a los recursos naturales, no tengamos acceso ni siquiera a lugares ancestrales importantes?”, se lamenta la indígena Doris Ríos.
La recuperación de la finca Kono Jú se enmarca dentro de un movimiento reivindicatorio de comunidades indígenas a nivel nacional, como respuesta a la pérdida de sus territorios debido a la invasión e inacción del Estado en la ejecución de la Ley Indígena de 1977.
Más de cuatro décadas después de la entrada en vigencia de esa ley, una gran porción de la tierra indígena sigue lejos de las comunidades originarias. Un estudio hecho en el 2014 por la organización sin fines de lucro, Forest People Programme, estimó que el 43% de las tierras indígenas están en manos de personas externas.
En el caso de China Kichá, la situación era crítica, según esa investigación, ya que de las 1.100 hectáreas que conforman el territorio, el 97% de la tierra estaba en manos de personas ajenas a la población cabécar. Los cabécar apenas tenían 33 hectáreas en su poder.
La cifra sobre la tenencia de tierra en territorios indígenas no ha sido actualizada a la fecha.
El estudio indicó que los habitantes de la comunidad indígena China Kichá eran en aquel momento: “jornaleros empobrecidos en sus propias tierras poseídas por ocupantes ilegales.Su integridad cultural, economía tradicional, sistemas sociales (como su sistema de clan matrilineal) han sido socavados severamente”.
“Simplemente China Kichá estaba en un papel, en un mapa como territorio, pero en realidad la situación de tierra era otra”, dijo a Interferencia Doris Ríos, vía telefónica desde China Kichá.
Según Ríos la pérdida de la tierra además hacía precaria la situación económica y la seguridad alimentaria de la comunidad indígena.
En el 2018 se realizó la primera de, ahora, cinco recuperaciones por parte de la población originaria de fincas dentro de los límites del territorio de China Kichá, según recordó Greivin Fernández.
La última de estas recuperación se realizó el lunes 28 en horas de la mañana, cuando un grupo de seis familias indígenas ingresaron a una finca de 120 hectáreas que ocupaba una persona externa a la comunidad originaria.
La población indígena asegura que un hombre de apellidos Vargas Mata estaría aprovechando ilegalmente la propiedad que se ubica dentro del territorio de China Kichá.
Según el reporte de las familias cabécar de China Kichá, en horas de la noche de este lunes, el hombre permanecía dentro de la casa de habitación ubicada dentro de la finca recuperada y se negaba a abandonar la propiedad. Mientras que los recuperantes se encontraban en el corral de la finca. La policía se hizo presente en el lugar.
A este martes -en horas de la mañana- desde el territorio se informa que la situación sigue sin resolverse
Por lo que las familias indígenas exigían la presencia del viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano con el fin de que se garantice la seguridad para las familias que permanecen dentro de la finca recuperada y la salida de la propiedad del hombre de apellidos Vargas Mata.
Entre las cinco fincas recuperadas han logrado tomar posesión de más de 600 hectáreas, según estimaciones de la población indígenas.
Dorios Ríos señala que las recuperaciones no solo representan una cantidad de tierra de regreso a las manos de la población originaria sino que para la comunidad significan “supervivencia y existencia de un pueblo”.
“Este desalojo es un acto criminal porque le están diciendo a un grupo de personas que salgan de sus casas porque otros tienen que producir, porque las vacas de las otras personas son más importantes que la colectividad de un pueblo indígena, por lo que vamos a tratar de resistir como lo hemos venido haciendo”, manifestó Ríos.
Sobre el Plan RTI, opinó: “A ese proceso no le estamos viendo absolutamente nada, aunque el Gobierno lo anunció con bombos y platillos pero por ahora es solamente papeles que vende el Estado”.
El abogado de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno, quien representa legalmente a las familias indígenas, comentó que el proceso judicial para
definir la posesión de la tierra apenas está iniciando.
Consideró que avalar la medida cautelar, como lo hizo el Tribunal, es resolver por el fondo. Resaltó´que en la misma resolución del Tribunal que avaló la medida cautelar se reconoce que la tierra es parte de la comunidad indígena e indicó que esto se respalda en un informe del Inder.
“En el expediente consta que el mismo Inder dice que el terreno está dentro del territorio indígena de China Kichá pero el tribunal dice que hay apariencia de buen derecho de parte de la parte actora porque presenta una escritura”, explica Oreamuno.
Para Oreamuno, la escritura sería inválida si la finca está dentro del territorio.
Interferencia constató que en la resolución del Tribunal que avala la medida cautelar se hace referencia a un informe de Inder y se admite que la propiedad es parte de la comunidad indígena; no obstante, dicho estudio fue aportado por los demandados, dice el fallo.
Se solicitó al Inder copia del informe pero la oficina de prensa respondió que lo desconocía y que por ser un tema en trámite judicial no se podía dar más detalles.
