El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, sostuvo este martes que el caso de la desaparición de la joven Luany Valeria Salazar Zamora, de 23 años, (quien posteriormente fue encontrada muerta) “se asumió con seriedad”.
Espinoza dio una conferencia transmitida por Facebook, luego de que la familia de la joven denunciara públicamente que el OIJ no actuó a tiempo.
Los familiares aseguraron a Multimedios que el OIJ ignoró su petición de que la buscaran en una vivienda en la que luego ellos mismos la hallaron enterrada, cerca de su propia casa, en Linda Vista de La Unión de Cartago.
Espinoza hizo un recuento de las acciones de investigación llevadas a cabo, pero no se refirió a la versión de la familia sobre la vivienda.
Según dijo, el jueves 11 de junio, a las 5:55 p. m. se recibió la denuncia que indicaba que Luany fue vista por última vez a las 2 a. m. en el sector de Río Azul.
El viernes en la mañana se publicó la foto de la joven en redes sociales y se recibió información, indicó Espinoza.
“El caso se asignó para que se hiciera la investigación. El proceso tiene una perspectiva particular porque en principio lo que estamos investigando es la desaparición de una persona, osea, el destino y paradero, lo que nos exige hacer un análisis del entorno de la persona, que denominamos victimología (…) esa es la primera diligencia”, dijo el jefe policial.
El sábado en la mañana la Policía Judicial recibió información que indicaba que Luany estaba retenida en un precario en Curridabat y que se pediría algún canje por su libertad. Los agentes estuvieron en la zona entre las 9 a. m. y la 1 p. m., verificando esa información que resultó falsa, añadió Espinoza.
“Entrevistamos personas, comerciantes y agotamos todas las posibilidades porque la información era razonable”, añadió.
Por la tarde, la Policía se comunicó vía telefónica con la mamá de Luany para explicarle lo que se había realizado, según el reporte del director del OIJ, aunque añadió que algunos detalles de las pesquisas llevadas a cabo no se podían revelar.
El mismo sábado al filo de la tarde se entrevistó a una amiga cercana de la joven, quien dijo dónde la vio por última vez.
“La Policía hizo incursiones en el lugar para ir conociendo el sitio y con el ánimo de compilar algún factor de conocimiento”, manifestó Espinoza en relación con la zona en la que vivía la joven.
Fue ayer lunes que la Policía recibió el dato de que el celular de Luany estaba en un taller en el centro de San José, donde efectivamente se decomisó un teléfono que será analizado.
Según Espinoza, fue ya a las 7 p. m. que se les informó del hallazgo del cuerpo, del cual la autopsia deberá confirmar la identidad, aunque los familiares aseguran que se trata de Luany.
Sin especificar si la casa en la que se halló a la joven muerta era objeto de la investigación, Espinoza indicó: “Debemos recordar que la Policía y todos los órganos del Estado que realizamos investigación tenemos restricciones para ingresar a domicilios o casas de negocios de particulares, porque están protegidos por privacidad de carácter constitucional. O sea, para que la Policía pueda entrar tiene que tener un indicio muy razonable de que ahí ocurrió un delito o de que en el lugar consta algún indicio material importante para una investigación. Pero además, la Policía tiene que convencer al fiscal de que ese hecho es cierto y demostrable y al mismo tiempo el fiscal tiene que hacer la solicitud al juez para que él, en última instancia, valore si es razonable y legal el ingreso”.
El director del OIJ dijo que esa es una “limitante para la Policía y al mismo tiempo protección para la ciudadanía”.
“Una actuación de esa naturaleza por parte de la Policía, de la fiscalía o de cualquier órgano de investigación del Estado es ilegal, ilegítima e imposible de sostener. Si incurrimos en esa acción cometemos un delito y contaminamos la prueba de forma tal que luego no puede usarse en un juicio”, indicó.
El OIJ informó al mediodía de este martes que realiza la detención del sujeto que tuvo contacto con Luany por última vez.
