Resumen: Sí. Es cierto que la Controlaría General de la República (CGR) archivó sin trámite los presupuestos presentados por las universidades públicas para el año 2020. Pero no es cierto que hubiera sido por «incumplir la regla fiscal». Así lo indicaron el periódico La Nación, el diario digital CRHoy.com y el semanario Universidad.
El archivo de los cinco presupuestos se debió a que las casas de enseñanza no presentaron una constancia formal de que hubiesen cumplido los límites de la regla fiscal. Sin embargo, la CGR asegura que el problema no es que hubiera existido un incumplimiento, sino que no se pudo constatar.
Medios como Delfino.cr y Amelia Rueda sí publicaron la noticia de forma correcta. Ambos sitios señalaron que el rechazo se debió a problemas de procedimiento, como indicó la Contraloría. Así lo hizo también La Nación en una versión corregida de su nota.
La entidad fiscalizadora comunicó su decisión mediante un comunicado de prensa. «Pese a diversas gestiones al respecto y ante la omisión de la certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STEP) de que las universidades cumplen con la regla fiscal, la Contraloría debe archivar sin trámite el presupuesto inicial de las cinco universidades y del Conare (Consejo Nacional de Rectores) para el año 2020», fue lo que dijo la CGR en su correo electrónico.
Esta decisión obligaría a las cinco universidades públicas y al Conare a trabajar en 2020 con el presupuesto del año en curso.
¿«Por incumplir la regla fiscal»?
El periódico La Nación, el diario digital CRHoy.com y el semanario Universidad publicaron esta mañana que la Contraloría General de la República (CGR) decidió archivar sin trámite el presupuesto de las cinco universidades públicas del país «por incumplir la regla fiscal».
«Las universidades públicas presentaron un plan de gastos para el 2020 que incumple con la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas», escribió La Nación.
«Contraloría ordena a U públicas trabajar 2020 con presupuesto del 2019 por incumplir regla fiscal», tituló CRHoy.
«Ajuste será necesario luego de que la Contraloría General de la República rechazara el presupuesto presentado por las cinco universidades públicas y el Conare por no cumplir con la Regla Fiscal», escribió Universidad.
Estas afirmaciones se difundieron en redes sociales. Allí fueron replicadas por figuras políticas. Entre ellas estuvieron el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca y la liberacionista Yorleny León.
¿Y dónde está el error?
La información publicada por los medios partió de una premisa errónea. Los tres dieron por un hecho que las universidades públicas incumplieron la regla fiscal. Sin embargo, ese dato no ha sido comprobado por un ente independiente (y ese es precisamente el problema).
De hecho, la CGR archivó los presupuestos porque no tenía esa constancia. El documento era un requisito formal para darle trámite a la aprobación de todos los planes de gastos.
Según la Contraloría, las universidades debían enviar sus presupuestos antes del 30 de septiembre a la Secretaría Técnica de la Administración Presupuestaria (STAP). Este organismo debía determinar si cumplían o no con la regla fiscal.
La CGR dijo que eso finalmente no ocurrió, pues las universidades decidieron no presentar sus presupuestos a la STAP. Así lo confirmaron las universidades a través del oficio N.° OF-CNR-2015-2019.
Más tarde, en el oficio OF-CNR-312-2019, agregaron que no presentaron sus presupuestos debido a un trámite legal, pues actualmente gestionan una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la reforma fiscal. Desde el punto de vista universitario, esto suspendía la aplicación de cualquier norma.
Además, señalaron que el procedimiento presupuestario es distinto para las universidades y se basa en artículos constitucionales, por lo que «no puede ser modificado ni condicionado por la Ley N°9635».
Doble Check consultó al rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, sobre este diferendo. El jerarca indicó que las universidades sí cumplieron la regla fiscal. Eso sí, reconoció que incumplieron normas de procedimiento.
«No certificamos nuestros presupuestos y no lo hicimos porque lo consideramos contrario a la ley», detalló. Según Jensen, la STAP no tiene control sobre las universidades públicas, que están «exentas» de esa autoridad.
La visión de las universidades se contrapone a la de la CGR. La Contraloríaconsidera que el trámite debió realizarse y por eso ni siquiera entró a revisar los planes presupuestarios enviados por las instituciones. Según la CGR, que existan artículos impugnados «no significa que la norma no esté vigente y por tanto debe ser acatada».
¿Y en qué quedamos entonces?
Con o sin diferendos legales, la CGR siempre debe aprobar los presupuestos de las institucionales cada año.
En caso de no contar con ese visto bueno, las instituciones deben afrontar los gastos del año entrante con el mismo plan presupuestario que recibió la aprobación del año en curso. Eso es lo que ocurrirá a partir del 1 de enero con las ‘U’ públicas.
Es incorrecto adelantar criterio y afirmar que las instituciones incumplieron con la regla fiscal, como lo hicieron varios medios. Doble Check se comunicó con los periodistas encargados de esas informaciones.
Luis Valverde, de CRHoy, aclaró que la información sí está completa en el cuerpo de la nota. El periodista alegó escasez de espacio para justificar el titular publicado.
Daniela Cerdas, de La Nación, dijo que la nota era parte de una información en constante actualización, y solicitó que enviáramos nuestras consultas por correo electrónico.
Monserrat Cordero, de Universidad, reconoció haber cometido un error de redacción, y destacó que posteriormente en la nota aparece la información correctamente. La periodista dijo que corregiría la información.
Nota del editor: Doble Check es una iniciativa creada y financiada desde la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica. El proyecto tiene independencia editorial de la institución, y no se coordinó con sus autoridades para generar este contenido. Sin embargo, reconocemos la existencia de un conflicto de interés de cara a que los presupuestos universitarios financian el proyecto. Lamentamos no haber hecho esta aclaración cuando se publicó esta nota por primera vez.
Este texto se actualizó a las 6:05 p.m., pues inicialmente se afirmó que el rector Henning Jensen seguía siendo presidente de Conare. Jensen dejó ese puesto recién el 10 de diciembre pasado.
Colaboraron Darío Chinchilla y Daniel Salazar.