Es falso que un proyecto de ley aprobado en una comisión de la Asamblea Legislativa aumentará los impuestos a los tiquetes de cine y de teatro a un 6%, como lo indicó la exdiputada Natalia Díaz. En realidad, el proyecto bajará esos impuestos.
Hoy, los tiquetes hoy son gravados con un impuesto del 6% en cabeceras de provincia (y de un 3% en distritos fuera de ellas). El proyecto pretende disminuirlo a un 1,5%.
La afirmación de Díaz es incorrecta. Eso sí, la nueva ley agregaría un nuevo impuesto de un 1,5% a los servicios de televisión por cable y de streaming, como Netflix. El aumento en la carga impositiva, afirman los impulsores del proyecto, permitiría mejorar el financiamiento del Fondo de Fomento para el Centro de Cine (El Fauno), el Teatro Nacional y la Compañía Nacional de Teatro, entre otras instituciones dedicadas a la cultura.
La publicación de Díaz
Una publicación en redes sociales de la exlegisladora libertaria Natalia Díaz asegura que la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto “que propone implementar un impuesto del 6% a los tiquetes de cine”.
“Esta ley suma otro impuesto a la lista de más de 100 impuestos que existen actualmente en Costa Rica. Cada día el costo de vida sube, crece el desempleo, y nos obligan a pagar mas (sic) impuestos”
La exdiputada se refiere al expediente 20661, Ley de Cinematografía y Audiovisual, que ingresó por primera vez al Congreso en el año 2017, pero cuyo trámite apenas se reactivó apenas esta semana, con la aprobación y el dictamen de un nuevo texto sustitutivo.
¿Cómo cambiarán los tiquetes al cine?
Actualmente, los impuestos para los tiquetes de cine y de teatro se encuentran normados por el Reglamento N° 5961-H. La normativa establece los lineamientos para la aplicación del impuesto sobre los espectáculos públicos.
Dicho reglamento establece que todos los espectáculos públicos deberán pagar un impuesto del 6% sobre el valor total de los ingresos brutos obtenidos en cada presentación. También ordena una imposición reducida del 3% para aquellas funciones de cine y de teatro que se realicen en distritos que no sean cabeceras de provincia.
Con el texto aprobado este jueves, el impuesto sería modificado y pasaría a ser de un 1,5%. Ese porcentaje se aplicaría de forma generalizada, tanto para funciones que se realicen en cabeceras de provincia como fuera de ellas.
Nuevas cargas
A pesar de la disminución en el tributo para salas de cine y teatro, el proyecto también establece un nuevo impuesto. Se trata de un porcentaje igual (1,5%) sobre el consumo de “películas, series, documentales y demás contenidos de vídeo de entretenimiento, en formato digital”. Este impuesto se cobraría sobre los servicios de pago por suscripción, incluidos los servicios de cable y las plataformas digitales.
Estas indicaciones sí son nuevas en el proyecto. La versión inicial —que se presentó cuando Díaz todavía era diputada— sí proponía generalizar el impuesto hasta un 6%, tanto para los espectáculos de cine y de teatro como para los servicios de suscripción y alquiler.
Doble Check contactó a Díaz. La exdiputada reconoció que su publicación incluyó “un error en el monto” y añadió que corregiría la publicación hecha en sus redes sociales. “Efectivamente hay un error en el monto. Si bien hay una disminución del impuesto, se amplía la base a servicios de alto consumo. Le agradezco porque nos permite corregir”, respondió, a través de un mensaje de texto.
La nueva ley de Cine
El proyecto de Ley de de Cinematografía y Audiovisual es una iniciativa que se presentó bajo el expediente 20-661 en 2017. Contó con la firma de 21 congresistas de seis fracciones de las nueve que componían el Congreso en aquel entonces (PLN, PAC, PUSC, PRN, FA y PRC).
No obstante, el proyecto no logró conjuntar las voluntades suficientes para ser aprobado antes de mayo de 2018. Quedó pausado ante el cambio de cuatrienio (y de legisladores).
Su discusión entonces no se retomó hasta el 28 de octubre pasado, cuando el Plenario legislativo acordó reenviarlo a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Su objetivo era encontrar una nueva redacción que fuera más satisfactoria para todas las partes, incluidos los sectores involucrados.
Esa nueva versión es la que recientemente dictaminó la comisión y que ahora pasará al estudio del Plenario legislativo.
Sobre este proyecto, el diputado oficialista Enrique Sánchez indicó que contiene varias reformas relacionadas con el fomento al cine. Entre los cambios destacó el financiamiento de ley para el Fondo para el Fomento Audiovisual y Cinematográfica (El Fauno).
Este fondo recibiría un 20% de los ingresos por la nueva carga impositiva. Sánchez destacó este hecho porque “actualmente ese financiamiento no existe por ley y tiene un presupuesto bastante bajo (¢250 millones, según la página oficial del Centro de Cine)”.
Según el diputado, ahora el impuesto permitiría financiar este proyecto, gravando a todo el sector que negocia con la producción audiovisual y no únicamente al cine y las obras de teatro, como estableció la ley en 1948.
“Lo que estamos haciendo es reduciendo ese impuesto y aumentando la base de contribuyentes”, indicó.
Pasar de una carga del 6% a una del 1,5% fue definido como el mayor cambio hecho al proyecto, en palabras de los diputados Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN). Ambos votaron afirmativamente el texto, en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Además del 20% para El Fauno, el texto establece que un 40% del impuesto sería direccionado al Teatro Nacional, un 22% a la Compañía Nacional de Teatro, un 9% al Museo de Arte Costarricense y un 9% al Instituto Nacional de la Música. Estas entidades ya recibían porcentajes del gravamen y ahora aumentarían su recaudación, por el aumento de la base imponible a plataformas de streaming y cableras.
Datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones documentaron la existencia de 31 proveedores de servicios de televisión por suscripción. Hay 25 de televisión por cable, cinco de televisión por medios inalámbricos y dos por Internet (IPTV). Ellos reúnen 883.883 suscripciones.
Según indicó el diputado Sánchez, la nueva redacción se consultó con todos estos sectores involucrados y tiene “bastante contexto” en el Congreso.
El texto ahora deberá pasar al Plenario legislativo, donde se abrirá el espacio para que los 57 diputados propongan sus últimos cambios al texto y luego puedan votarlo afirmativa o negativamente.
