En resumen: La percepción que tenía 21% de los hogares en Costa Rica sobre la educación pública se vio afectada por la participación de los docentes en la huelga de 89 días contra la reforma fiscal el año pasado.
Eso lo indica una encuesta realizada por el Programa del Estado de la Nación (PEN) en febrero del 2019, cuyos resultados fueron publicados esta semana.
Aún así, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) ignoró este hecho y emitió un comunicado de prensa sobre el estudio el jueves pasado, en el que celebra que la percepción de los hogares “no se vio afectada”.
Para hacer tal afirmación, el sindicato solo empleó los datos favorecedores de la encuesta: 85% de las familias dijeron que están satisfechas o muy satisfechas con el centro de enseñanza al que envían a sus hijos, y 62% de los hogares dijo que “no cambió” su percepción sobre los docentes o los centros educativos después del paro de labores.
La afirmación es incorrecta: el hecho de que la percepción de un porcentaje mayoritario no haya cambiado es distinto a declarar que esa valoración no cambió del todo.
Además, el PEN advierte que la ausencia de cambio en la valoración del servicio no quiere decir que los hogares estuvieran libres de afectaciones.
La mayoría de familias aseguró que la huelga afectó al menos a uno de sus hijos, y que el grado de afectación fue calificado como “mucho” en mayor parte. Esos datos también fueron ignorados por el APSE en su nota de prensa.
La encuesta también revela que la mayoría de familias está en contra de permitir huelgas en el sector educativo o que las podría tolerar con límites de tiempo.
Afectaciones a los hogares
El PEN realizó una encuesta telefónica a una muestra representativa de 719 hogares de todo el país en febrero de este año. Los resultados tienen un nivel de confianza de 95%.
La encuesta investigó tres temas principales: “La valoración de los padres y madres de familia sobre el sistema educativo público; sus actitudes y percepciones sobre la huelga y los impactos que ésta tuvo en las dinámicas cotidianas de los hogares”, describe el artículo que el PEN publicó esta semana con los resultados.
El PEN concluyó que las personas jefas de hogar tienen una alta apreciación del sistema educativo público. En la mayoría de los casos, esa valoración no cambió a raíz de la huelga.
Sin embargo, eso no significa que la huelga de casi tres meses hubiera pasado desapercibida en esas familias.
En primer lugar, 21% de las familias cambió negativamente la imagen que tenían de la educación pública. Además, 74% de lo hogares reportó que al menos uno de sus hijos resultó afectado por el paro de labores, y esa afectación fue mucha en 58% de los casos.
Además, la mayoría de los encuestados aseguró que sus hijos no pudieron asistir a clases durante la totalidad de la huelga, del 10 de septiembre al 7 de diciembre del año anterior. Eso implicó la interrupción parcial o total de los servicios de alimentación, becas y comedores.
Una cuarta parte de las familias tuvo que incurrir en un gasto adicional de unos ₡49.000 para alimentación debido al cierre de los centros educativos.
“Para la gente, el sistema educativo público es importantísimo, y está en alta valoración. Eso no significa que la gente no sintiera un impacto. Claro que lo hubo, y lo señalan”, dijo a Doble Check Isabel Román, coordinadora de la investigación.
Aún así, la APSE se enfocó en los resultados que ubicaban positivamente la imagen de la educación pública, y publicó que la percepción positiva de los hogares «no se vio afectada por la huelga».
¿Por qué prevalece la buena imagen?
El análisis del PEN mantiene la hipótesis de que la alta valoración del servicio educativo registrada en la encuesta puede deberse al acceso que tienen los hogares a esta, independientemente de su nivel socioeconómico.
El nivel educativo de la mayor parte de los entrevistados no supera la secundaria y casi la totalidad (89%) respondió que carece de recursos económicos para enviar a sus hijos a centros de educación privados, y que no invirtió en tutorías durante el paro de labores.
“La suspensión del servicio educativo por la huelga afectó directamente a hogares vulnerables, que no tienen más opción educativa para sus hijos que no sea el sistema educativo público”, concluyó el estudio.
De ese modo, la buena imagen del servicio educativo se mantiene positiva por ser la única opción posible para los hogares, comentó Román.
“Pese a que la huelga tuvo impactos importantes en las familias, la gente sigue valorando el servicio educativo público; es que es lo que tienen”, explicó la investigadora.
Román añadió que el estudio del PEN pretende abrir un debate sobre la imagen de la educación pública, pero advirtió que “tiene que verse la información completa”.
Doble Check solicitó entrevista con la presidenta de la APSE, Mélida Cedeño, quien mostró “satisfacción por los resultados obtenidos” en la encuesta del PEN, según la nota de prensa del sindicato.
Por medio de su encargado de comunicación, Cedeño dijo que se limitará a las declaraciones del comunicado de prensa sobre la encuesta, y que “aún falta que se publique el informe completo” del PEN.
Familias en contra de huelgas
El sindicato de educadores ignoró otro resultado de la encuesta en su comunicado oficial: la mayoría de hogares (61,5%) considera que no deben permitirse huelgas en el sector educativo. Otro 23% de las familias está a favor de las huelgas, pero con un límite de tiempo de una semana a un mes.
Solo 8,2% de las familias en el país apoya que los educadores públicos hagan huelgas sin límite de tiempo, según la medición del PEN.