En resumen: Entre las armas con número de registro legible que fueron usadas en homicidios y recuperadas por las autoridades, una proporción del 78,1% pertenecían a ciudadanos comunes. Así se desprende de un recuento hecho por el Ministerio de Seguridad Pública de 183 armas recuperadas entre el 1.º de enero del 2013 y el 31 de mayo del 2018, solicitado por Doble Check.
El resto de las armas (21,9%) pertenecían a personas jurídicas. Ninguna estaba registrada a nombre del Estado.
Los números no indican que los delitos fueran cometidos por los dueños registrales de las armas. La hipótesis de Seguridad es que la gran mayoría de estas se perdieron, fueron robadas o vendidas.
El ministro de Seguridad, Michael Soto, habló ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico el 14 de enero para defender las reformas a la ley actual de armas y explosivos. Dentro de las cifras que ofreció, Soto dijo que, de un total de 495 armas recuperadas vinculadas a homicidios, 312 (63%) tenían los números de serie limados. El resto, 183 (37%), estaban inscritas a nombre empresas de seguridad o de personas.
Doble Check había reportado sobre estos datos. Varios lectores solicitaron insistentemente desagregar las proporciones de esas armas registradas. Doble Check había solicitado estos datos el 17 de enero y fueron suministrados hoy.
Polémica
La incógnita sobre estos números había levantado controversia. La reforma a la actual ley pretende reducir el número de armas que podrá registrar en el futuro una persona: de tres, como estipula la ley actual, a solamente una.
El ministro Soto defendió ante los diputados la reducción del número máximo legal de armas argumentando que el mercado ilegal se alimenta del mercado legal. Según el jerarca, entre menos armas legales haya en el mercado, menos terminarán en manos del hampa producto de una pérdida, un hurto o una venta sin registro.
Muchos de nuestros lectores que reaccionaron a la publicación objetaron los números del ministro. Los más críticos conjeturaron que la mayoría de armas usadas en delitos provenía de empresas de seguridad y del Estado.
Durante su intervención ante los diputados, el ministro Soto dio otro dato adicional con una muestra de armas más amplia. El jerarca dijo que, de 7.830 armas que el Poder Judicial remitió a la Dirección General de Armamento para su custodia por haber sido usadas en delitos (no solo homicidios), se determinó que 2.023 estaban registradas (25,8%). Esta muestra de armas pertenece al periodo entre el 1.º de enero del 2010 al 31 de mayo del 2018.
Doble Check también solicitó la proporción de estas armas que estuvieron registradas a nombre de personas físicas, jurídicas y al Estado, pero anunciaron que esta contabilización será aún más tardada.
Segunda cifra
La nota que Doble Check publicó el 18 de enero era un desmentido sobre datos divulgados por las diputadas Zoila Rosa Volio y María Inés Solís. Las diputadas afirmaron que una insignificante minoría de delitos se cometen con armas registradas.
Solís no suministró datos a Doble Check. Volio sí lo hizo, y se había basado en un informe del Organismo de Investigación Judicial que su despacho interpretó erróneamente. Los datos del OIJ no corresponden a la misma muestra que usó el Ministerio de Seguridad.
El OIJ ofreció datos del período comprendido entre el 2015 y el 2018, cuando el Organismo recuperó 442 armas vinculadas a distintas denuncias. Entre esas armas, 48 estaban registradas a nombre de personas fìsicas o jurídicas.
Doble Check solicitó al OIJ el mismo porcentaje desagregado que pidió al Ministerio de Seguridad, pero el departamento de prensa afirmó que esa información no existía ni era posible generarla.
No obstante, es probable que el recuento de las armas del OIJ que se hubieran usado en homicidios ya estuvieran registradas en el recuento de Seguridad Pública. En una entrevista anterior con el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, el funcionario había referido que la Dirección General de Armamento guarda el acopio oficial de todas las armas recuperadas, incluso por el OIJ.
Nota del redactor: Esta nota fue enmendada para agregar datos que se omitieron originalmente y que restan claridad a la comprensión del tema, específicamente con respecto al número total de armas recuperadas por las autoridades que fueron usadas en distintos tipos de delitos, no solo de homicidios.