En resumen: Fue correcta la afirmación del presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, cuando señaló que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no considera a los servicios educativos como servicios esenciales.
La OIT excluye expresamente la educación dentro de este tipo de servicios. Para la Organización, la categoría incluye aquellos servicios cuya interrupción podría amenazar la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población de manera inminente y evidente.
Eso sí, la entidad ha señalado también que sí son servicios esenciales el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolares.
También indica que la huelga de los directores y subdirectores puede restringirse o incluso prohibirse, y que “en casos de larga duración en el sector de educación se pueden establecer servicios mínimos en consulta plena con los interlocutores sociales”.
Educación no es servicio esencial para OIT
El 22 de enero el presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, afirmó que “la OIT no considera a los servicios educativos como servicios esenciales, porque no dañan específicamente, o no deterioran la vida humana como tal”.
Su afirmación es correcta. La recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical publicada en el 2018, la publicación Principios de la OIT sobre el derecho de huelga de la entidad y la recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT “La libertad sindical”, indican expresamente que el sector de la educación “no constituye un servicio esencial en el sentido estricto del término”. Todos estos libros recopilan casos atendidos por el Comité de Libertad Sindical del organismo.
Según señala la Organización, “para determinar los casos en los que podría prohibirse la huelga, el criterio determinante es la existencia de una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”.
Eso sí, la OIT aclara que el sentido estricto de la palabra depende “en gran medida de las condiciones propias de cada país” y que “no es absoluto puesto que un servicio no esencial puede convertirse en servicio esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población”.
Así, la entidad ha señalado que, aunque el sector de la educación no constituye un servicio esencial, “el derecho de huelga de los directores y los subdirectores puede ser objeto de restricciones o incluso ser prohibido”. También ha indicado que “pueden ser considerados como servicios esenciales: el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolares”.
Incluso, la entidad ha resaltado que “en casos de huelgas de larga duración en el sector de la educación pueden establecerse servicios mínimos en consulta plena con los interlocutores sociales”.
De dónde surge el comentario
Esta semana, varios medios de comunicación citaron una frase de Cascante, al hacer un comentario en el que indicaba:
“El hecho de que un niño que, desgraciadamente, no reciba la educación lo que podría hacerlo es más ignorante o con menos posibilidades para la vida, pero no necesariamente se va a morir por no tener este derecho a la educación, aunque es un derecho sumamente importante”.
La escogencia de palabras fue desafortunada y así lo hizo notar medio tras medio (tras medio), e incluso el exministro de Educación Leonardo Garnier. Puesto en contexto, Cascante se refería a la definición formal de la OIT sobre lo que constituye un derecho esencial.
Cascante dijo su frase polémica ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Allí argumentó su oposición al proyecto de ley 21.097 que propone calificar la educación (y otras 16 actividades) como un servicio esencial, de modo que se prohíban las huelgas de esos trabajadores.
“ANDE defiende que la educación es fundamental para el desarrollo de las personas y un pilar de la democracia en Costa Rica porque es el espacio en que conviven el pensamiento y la libertad del conocimiento. Pero ello no está en contraposición con el ejercicio del derecho de huelga, que también constituye una forma de educar sobre la defensa de los derechos y que muchas veces es una herramienta para defender el derecho a la educación”, había dicho el sindicalista minutos antes de esa afirmación.