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En resumen: El Estado costarricense le debe plata a sus propias instituciones. ¿Por qué no se puede simplemente anular esas deudas para “reducir la presión fiscal”? Pues porque sería una medicina tan dañina como la enfermedad.
Durante la última semana, en Facebook han circulado publicaciones que cuestionan que el Estado sea “deudor y prestamista” de sí mismo.
Hay que entender que los bonos de deuda interna que adquieren las instituciones estatales no son un “crédito” de dinero que sobra. En realidad, la tenencia de esa deuda representa una inversión que las instituciones hacen con recursos que necesitarán para funcionar.
Por eso, con la deuda del sector público no es tan fácil como pasarse la plata de un bolsillo al otro. Una decisión de ese tipo implicaría comprometer recursos que las instituciones estatales necesitarán eventualmente para cubrir inversiones, ahorros, seguros y pensiones.
Adicional a la crítica del Estado prestamista de sí mismo, se ha acrecentado otra objeción relacionada: que los fondos de pensiones se usen para cubrir los gastos del Gobierno. En realidad, esos fondos son invertidos en títulos de la deuda pública porque, primero, hay que invertirlos en algún lado; y segundo, siempre se ha hecho. Ha sido visto como una inversión con poco riesgo, ya que está respaldada por el Estado.
¿De dónde sale el enredo?
Durante la última semana, nos hemos topado con comentarios que cuestionan que el Estado sea “deudor y prestamista” de sí mismo. También se dice y que el 50% de la deuda pública se la debe el propio Estado, cifra para la cual no encontramos sustento.
Entre los comentarios, el de mayor divulgación fue uno del empresario Alberto Rodríguez Baldí, que lo compartió a sus más de 160 mil seguidores en Facebook.
Captura de pantalla del perfil de Alberto Rodríguez Baldí.
¿Qué es la deuda pública y a quién se le debe?
El Estado costarricense, a través del Banco Central y Hacienda, ofrece títulos valores (bonos de deuda pública) a distintos inversionistas para poder financiar sus gastos. En determinados plazos, el Estado debe debe pagar la inversión y sus intereses a esos compradores.
A veces, los inversionistas son extranjeros; otras, son las propias instituciones del Estado las que invierten sus capitales en estos títulos.
Así es como tenemos una deuda pública interna y otra externa. La mayor parte de la deuda es interna (70,8%), mientras que sólo 20,2% del total de la deuda ha sido adquirido por acreedores en el exterior. Las inversiones de instituciones estatales aparecen como deuda interna.
Con eso claro, nunca supimos de dónde vino el cálculo de que 50% de la deuda pública está en manos del mismo Estado. Intentamos localizar a las personas que compartieron el dato pero no contestaron.
El Informe Mensual de la Coyuntura Económica, hecho por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en octubre de este año, dice que 36,3% de la deuda interna de todo el Estado ha sido adquirida por el sector público, es decir, por instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Ese cálculo excluye a los bancos estatales, que están agrupados en otra categoría junto con las entidades privadas del sistema bancario nacional. Es decir, el Estado le debe también a los bancos públicos y privados, cuya inversión ronda por el 16,6% de la deuda interna.
Indicadores de deuda interna y externa de todo el sector público en agosto del 2018. Fuente: BCCR
Indicadores de deuda interna y externa de todo el sector público en agosto del 2018. Fuente: BCCR
¿Cómo entran los fondos de pensiones en el enredo?
Al lado de la objeción del Estado como deudor de sí mismo, se levantó la crítica de que los fondos de pensiones no deberían ser invertidos en deuda pública. Es decir, se implicaba que el Gobierno quiere usar la plata de las pensiones para financiarse.
A ver: el Gobierno no usa los fondos de pensiones libremente como una caja chica.
Captura de pantalla de un perfil público personal de Facebook.
En realidad, son las instituciones públicas o los inversionistas privados quienes deciden invertir sus recursos en bonos de deuda pública, lo cual termina ayudando a financiar al Gobierno. Roxana Morales, coordinadora del Observatorio de la Coyuntura Económica y Social de la Universidad Nacional (UNA), explicó:
“Las instituciones estatales están invirtiendo: cada institución es autónoma y toma decisiones de dónde invertir los recursos que tiene. No los tienen en una cuenta corriente o debajo del colchón; deben invertir sus recursos para que no pierdan valor”
“Las instituciones necesitan rendimientos para esos fondos y una de las formas de conseguirlo es por medio de bonos del Estado o valores desde cualquier puesto de bolsa. Lo menos riesgoso es invertir en títulos de Hacienda [del Gobierno Central] o del BCCR, porque tienen seguridad de que son fondos públicos y tienen la garantía del Estado”, añadió Morales.
El más reciente informe del Estado de la Nación del 2017 indica que, para ese año, 34% de la deuda interna estaba en manos de fondos privados de pensiones y fideicomisos.
Además, la CCSS es la institución pública que más invierte recursos en deuda interna del Gobierno Central, casi tanto como todo el sistema bancario nacional, según el informe de octubre del BCCR.
Participación de los distintos sectores e instituciones en la adquisición de deuda pública del Gobierno Central, en agosto del 2018. Fuente: BCCR
“La deuda pública son fondos de pensionados, básicamente. Los fondos de pensiones están invertidos en deuda interna del Gobierno; la otra parte son ahorros. Que sean públicos o privados es indiferente: al final, son recursos de las personas”, explicó Pamela Jiménez, coordinadora del capítulo económico del Estado de la Nación.
¿Los fondos de pensiones (públicos y privados) han sido invertidos en la adquisición de deuda pública del Gobierno? Sí.
¿Es eso una novedad? No. De hecho, el último Estado de la Nación muestra cómo el Gobierno Central ha dependido cada vez más de los recursos invertidos por medio de la deuda interna desde el año 2008.
¿Qué pasaría si las entidades públicas “perdonan” esa inversión?
En general, “el ahorro nacional es una de las fuentes que ha permitido cubrir las crecientes necesidades de financiamiento del Gobierno”, señala el último informe de Estado de la Nación.
Hablar de que el Estado se perdone la deuda pública implica comprometer los ahorros que las personas han acumulado desde diferentes instrumentos, dijo Rudolf Lucke, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR).
“Los costarricenses han ahorrado en seguros de vida, en fondos de pensiones, en bancos. Son ahorros de los costarricenses que fueron invertidos por las instituciones en el Gobierno y se espera que haya un retorno. En el momento que se condona esa deuda, ese ahorro no existe. Condonar esa deuda implica renunciar a los intereses y las inversiones futuras que están previstas con ese dinero”, agregó el investigador del IICE.
La investigadora Jiménez agregó:
“Cuando usted propone que se condone la deuda, usted le está diciendo a un montón de pensionados —maestros, empleados del sector privado, funcionarios públicos— que no le voy a dar la plata de la pensión complementaria, o una parte”.
¿Una condonación de la deuda le quitaría presión al Gobierno?
Contrario a la propuesta de Baldí, los investigadores que consultamos niegan que una condonación de la deuda interna con la que han invertido las instituciones públicas pueda tener un efecto de alivio para la economía.
“Eso salva la tanda del Gobierno momentáneamente, pero el país tiene que generar ese ahorro masivo otra vez. Los efectos de condonación pueden ser similares a los de un quiebre o un default del Gobierno Central para las instituciones. Por ejemplo, yo tengo ¢1.000 millones en bonos de deuda: si el Gobierno quiebra son un papel, no valen nada. Lo mismo pasa si le digo al Gobierno que no me pague: terminan perdiendo la plata. En un caso se quedan con papeles sin valor y, en otro, se quedan sin papeles”, explicó Lucke.
“Si hubiera una situación extraordinaria de solvencia, podría considerarse, pero no es la situación actual. La mayor parte de la deuda interna está centrada en ahorrantes. Usted podría llegar a un acuerdo con un acreedor como el FMI [Fondo Monetario Internacional] pero no se puede con todos esos ahorrantes”, añadió la coordinadora del Estado de la Nación.
En pocas palabras, no estamos para eso, y ojalá que no lleguemos a eso.