La autorización temporal que el Congreso otorgó para extraer oro de forma artesanal y en pequeña escala venció el pasado 10 de febrero y el MINAE asegura que no autorizó nuevas exportaciones. Sin embargo, una investigación de La Voz revela que, entre marzo y junio, salieron 705 kilos de oro tico por el aeropuerto Juan Santamaría.
El Ministerio de Ambiente y la Dirección de Geología y Minas aseguran que no aprobaron nuevas exportaciones de oro, luego de que venciera el plazo de una autorización transitoria que avaló la comercialización de la minería artesanal hasta el 10 de febrero de 2025.
Sin embargo, según los registros oficiales del Ministerio de Hacienda a los que accedió La Voz de Guanacaste, después de esa fecha que limitaba legalmente las exportaciones, el oro tico continuó saliendo a borbotones –en maletas, bolsos y baúles– por el Aeropuerto Juan Santamaría.
Los registros oficiales revelan que, entre marzo y junio de este año (ya vencido el permiso temporal otorgado por el Congreso en 2020), 705 kilos de oro valorados en US$36,9 millones volaron (literalmente) del país dentro de esas maletas, sin pagar impuestos ni dejar evidencia de que la prosperidad que sale de las entrañas de esas montañas haya mejorado las duras condiciones de vida que afrontan los habitantes de Abangares en Guanacaste.
Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en 2022 el 26,4% de la población guanacasteca vivía en la pobreza y el 7,9% en extrema pobreza, en la medición de 2023 se encontró que el 27,6% son pobres y 10,5% están en extrema pobreza.
El oro y otros recursos naturales como el gas y el petróleo son bienes públicos, es decir, tesoros o activos (recursos posibles de convertir en dinero) que le pertenecen al Estado y a toda la ciudadanía de Costa Rica.
En teoría, la extracción de oro del subsuelo es permitida únicamente en Abangares, Osa y Golfito, y solo puede realizarse de forma artesanal y en pequeña escala, como forma de ayuda social a comunidades con bajos índices de desarrollo humano.
Sin embargo, esta investigación encontró que, quienes se están beneficiando mayormente de este creciente comercio con materiales que le pertenecen a toda la ciudadanía de Costa Rica, es un pequeño grupo de personas y empresas, muchas de las cuales no son mineros artesanales.
El incentivo de abusar de la excepción otorgada a los pequeños mineros es grande. A finales de abril pasado, el precio del oro subió un 30% y alcanzó en el mercado de Nueva York un valor histórico de US$3.500 la onza Troy (31 gramos).
Con este precio, cada kilo de oro tico ya puesto en el mercado de la gran manzana le representaría al vendedor un valor de US$112.903, lo que daría ingresos brutos por casi US $80 millones. La cifra no se corresponde para nada con la autorización otorgada para explotar a pequeña escala de la que hablaba la ley, que por demás ya expiró.
¿Cómo fue que casi una tonelada de oro logró ser exportada cuando las autoridades aseguran que después del 10 de febrero no autorizaron ninguna nueva exportación?
Nos encantaría contarlo y preguntarlo al Minae, pero obtener información de su parte no es sencillo ni fluido, como debería ser el acceso a cualquier información de interés público.
Las respuestas del Ministerio de Ambiente las obtuvimos luego de pedir entrevistas con sus funcionarios durante más de dos meses e interponer finalmente un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, que mediante resolución 2025019844 los obligó judicialmente a dar respuesta escrita a nuestro cuestionario inicial pero sin posibilidad de hacer re preguntas o de pedir aclaraciones.
Palabra de vendedor
Una declaración firmada únicamente por quien tiene interés en exportar, presumiblemente escrita de buena fe, es la única herramienta de control que el Estado de Costa Rica tiene para conocer de dónde se extrajeron los US$220,5 millones en oro que se comercializaron y exportaron desde Costa Rica desde inicios de 2017 hasta junio 2025.
En 2020, el Congreso aprobó una ley –impulsada por el diputado socialcristiano Rodolfo Peña (D.E.P)– que flexibilizó los permisos de exportación y permitió la exportación de oro con la mencionada presentación de una simple declaración jurada, cuya veracidad el Estado no fiscaliza de manera material, sino que es el propio vendedor quien asegura que ese oro proviene de tierra o rocas extraídas en Abangares.
Una investigación publicada por La Voz de Guanacaste, en alianza con Interferencia de Radios UCR, Concolón de Panamá y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), revela que en estos últimos años el concepto de “artesanal” y “en pequeña escala” llegó a miles de kilos exportados, que esas operaciones ya no se corresponden con los conceptos de “artesanal” y “pequeña escala” y, que el auge de la explotación ilegal y masiva del oro proviene del yacimiento a cielo abierto en Crucitas, en Cutris de San Carlos (zona norte del país) donde funciona una pujante industria ilegal que exporta miles de kilos de oro a Estados Unidos.
La ley aprobada en el 2020 desconoció incluso una opinión de la Sala Constitucional que describía los cambios introducidos en los controles para la exportación del oro como “un debilitamiento del ordenamiento jurídico ambiental”.
“Esta licencia (…) desaplica temporalmente los controles estatales y los sustituye por una declaración jurada hecha por los mismos interesados [en exportar el oro]”, destacaron los magistrados cuando se les consultó previo a la aprobación del proyecto.
La directora de Geología y Minas de ese entonces, Ileana Boschini, también manifestó su oposición a que se otorgaran permisos de comercialización. Según un informe enviado por la institución a la Asamblea Legislativa, permitirlo fomenta “la ilegalidad sobre la explotación y el aprovechamiento de bienes de dominio público que el Estado tiene el deber de resguardar conforme a la ley”.
“Toda ley debe ser clara, pues una ley ambigua, genera problemas de aplicabilidad. Además, es contraproducente desde el punto de vista técnico y ambiental. Incluso va en contra del artículo 50 de la Constitución Política, por lo que es inconstitucional”, apuntó.
Las exportaciones documentadas en los registros del Ministerio de Hacienda entre 2017 y junio 2025 suman 9.135 kilos de oro que salieron del país, aduciendo –en su mayoría– que su origen son los socavones y los túneles que horadan manualmente los coligalleros en las montañas de Abangares.
Para precisar cómo el Estado costarricense verifica de una manera efectiva el origen y la trazabilidad de los miles de kilos de oro que exporta el país, solicitamos una entrevista con el director de Geología y Minas, Mario Gómez Venegas, porque esa dirección es la que aprueba cada una de las exportaciones del oro, con su respectiva declaración jurada sobre el origen del material.
Gómez no accedió a la entrevista, a pesar de insistirle. Con una preocupación similar, luego de conocer la información que publicamos, la diputada Sofía Guillen del Partido Frente Amplio pidió la información a la Dirección de Geología Minas, dirigida por Gómez.
Mediante una nota firmada por el jefe de control minero Esteban Bonilla Elizondo, la DGM dijo que las inspecciones realizadas sobre el lugar podrían resultar muy provechosas ya que así el país lograría “un monitoreo de las fuentes de Abangares, su procesamiento en Abangares y la recepción para refinamiento, análisis de contenidos y pureza, pesaje en locales de Abangares y se logra revisar el procedimiento de exportación”.
Sin embargo, explicó que “el personal de la Dirección de Geología y Minas es muy limitado, siendo que solo hay un técnico para abarcar los 11 cantones de Guanacaste (10.140 km2) desde La Cruz, hasta Nandayure y hasta Abangares, con un número superior a las 80 concesiones mineras para ejercer control” .
Adicionalmente, Bonilla Elizondo aclaró a la diputada frenteamplista que “la reducción de presupuesto a las Instituciones que se dedican al control ambiental, ha sido progresiva y cada vez peor, en lo que pareciera un debilitamiento paulatino de las instituciones que se dedican a la vigilancia y protección ambiental, situación que es responsabilidad de las autoridades presupuestarias del Poder Ejecutivo, así como de la Asamblea Legislativa que aprueba los presupuestos”.
Es decir, en los últimos años, Costa Rica protagoniza un debilitamiento progresivo de su vigilancia y la protección ambiental y designó un solo funcionario para monitorear el funcionamiento y la legalidad de un negocio que, en sólo un año y cuatro meses, exportó US $68 millones de oro.
Para cerrar su respuesta a la diputada el jefe de control minero aseguró que “me permito además informarle que, desde el 10 de febrero de 2025, fecha en que dejó de regir el transitorio X del Ley 8904, no se ha gestionado ninguna exportación de lingotes de oro ante la Dirección de Geología y Minas”.
Sin embargo los Registros Únicos Aduaneros (DUA) del Ministerio de Hacienda documentan la existencia de 65 nuevas exportaciones entre el 03 de marzo y 22 de junio de este año. Estas exportaciones sacaron del país un peso neto de 705 kilos de oro valorados en US$36,9 millones (unos ¢18.474 millones).
En paralelo al explosivo crecimiento de las exportaciones de oro tico se produjo un crecimiento también exponencial de las importaciones de cianuro a Costa Rica.
Esta investigación de La Voz de Guanacaste también logró documentar que las compras al exterior de cianuro pasaron de 62.142 kilos (62,1 toneladas) en 2014 a 449.340 kilos, casi 450 toneladas, en 2024. Esto equivale a un crecimiento de 623% en sólo una década.
El químico se importa principalmente de Corea, Estados Unidos, Alemania y República Checa.
El oro es de todos, pero pocos se benefician…
El oro que proviene de Crucitas y hoy sale del país sin dejarle un colón al Estado costarricense fue explorado, estudiado y cuantificado técnicamente por la empresa canadiense Infinito Gold.
Según los estudios de factibilidad que la minera presentó ante la Setena el yacimiento a cielo abierto de Crucitas tiene el potencial de extraer 3.000 kilos de oro al año.
Hoy un pequeño grupo de tres conglomerados empresariales concentran más del 90% de las exportaciones de oro y manejan el negocio –incluyendo el origen y el valor transado– con total opacidad sobre los procesos químicos que utilizan para separar el material en bruto del metal, el origen del oro que compran, los nombres de los vendedores y, además, sin pagar impuestos por la venta de una materia prima que es propiedad de toda la ciudadanía costarricense.
Con la mayor cantidad de kilos de oro exportados entre el 3 de junio del 2024 y el 26 de junio del 2025 figuran, en los registros del Ministerio de Hacienda, las empresas Río Minerales S.A., con 479,64 kilos exportados, Metales Abangares S.A. con 278 kilos exportados, y José Miguel Porras Montero (presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares, Uncada) con 350 kilos de oro exportados.
Desde la aprobación de la ley en el 2020, la Uncada entró en el mercado de la minería como uno de los principales exportadores de oro en el país.
En una entrevista ofrecida a La Voz en el 2024, Porras dijo sobre el origen del oro que compra y exporta en nombre de la Uncada:
“Yo no puedo asegurar que sea oro de Abangares. Es complicado, pero cuando viene un minero de Abangares, firma acá una declaración jurada donde dice que el material que él trae es de Abangares”.
Es decir que la prueba que aplican para descartar que se trate de oro ilegal es la propia palabra y firma de quien lo vende.
La Ley define que quienes deben controlar el origen y la trazabilidad de ese oro es la Dirección de Geología y Minas pero el jefe de control minero aduce que es materialmente imposible ya que tienen un solo funcionario para auditar todo Guanacaste.
Para este reportaje, pedimos una nueva entrevista a los tres principales exportadores de oro desde Costa Rica.
Ni la Presidenta de Metales Abangares JM S.A, Tatiana Torres Muñoz, ni el secretario y apoderado general de la empresa, José Antonio Morún Picado, respondieron a los mensajes enviados a sus teléfonos celulares.
Morún Picado aparece además vinculado a otras dos compañías: Industrias Mineras Morunpi S.A. (creada el 24 de febrero pasado) de la que es representante judicial, e Inversiones AMP de Abangares S.A. donde figura como tesorero de la junta directiva.
El presidente de Rio Minerales es el canadiense Charles Thomas Ogryzlo, de 86 años de edad, a quien no se logró localizar. El tesorero de la compañía es el abogado Federico Altamura Arce quien señaló que para la compañía, el transitorio X de la Ley 8.904 no aplica, ya que su actividad comercial de exportación de oro la desarrollan desde la Mina Bellavista, en Miramar de Montes de Oro en Puntarenas.
“La empresa es titular de una concesión de explotación minera tramitada ante la Dirección de Geología y Minas, bajo el expediente minero 21A, otorgada según el Código de Minería de la Ley 6797 (vigente a la fecha), la cual permite la explotación y procesamiento de oro sin que tenga relación alguna la situación particular del cantón de Abangares”.
El Tesorero de Rio Minerales S.A. dijo que además la empresa cuenta con la viabilidad ambiental de Setena, el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, la patente comercial por la que paga tributos varios por su actividad minera ante la Municipalidad de Montes de Oro y que, además, se encuentra inscrita como empresa exportadora ante la Promotora de Comercio Exterior y como contribuyente ante la Dirección General de Tributación Directa.
Sobre la trazabilidad del oro que exporta, Altamura aseguró que Río Minerales solo exporta el oro que extrae de su propia mina y que no compra oro a terceros.
La Voz le envió vía correo electrónico a José Miguel Porras y a la Uncada un cuestionario con la intención de entender cuál es el respaldo legal que avala a la organización para la compra y exportación del oro, la lista de personas físicas o jurídicas a las que compraron oro, cómo se establece el precio de compra del oro, cómo dan trazabilidad sobre el origen del oro, a qué institución gubernamental debe rendir cuentas o brindar un informe la Uncada y otras preguntas clave para entender su papel de el negocio de la compra y exportación del oro costarricense.
Sin embargo, no tuvimos respuestas de su parte.
Según dan cuenta los registros DUA del Ministerio de Hacienda, después de que venciera el transitorio X de la Ley 8904 que permitía la exportación de oro obtenido artesanalmente en Abangares, Jose Miguel Porras protagonizó cuatro viajes a Miami, con exportaciones de oro por un total de US$5,9 millones, llevándose de Costa Rica 88 kilogramos de oro.
Países Minados II es una investigación colaborativa de La Voz de Guanacaste e Interferencia de Radios UCR (Costa Rica), Revista Concolón (Panamá) y el >Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
En esta segunda serie de entregas, el proyecto profundiza en la extracción de metales y las irregularidades que rodean a la industria minera en Costa Rica y Panamá. La primera parte fue publicada en 2024.