En resumen: La viceministra de Salud, Mariela Marín, justificó que derogó la norma técnica sobre aborto terapéutico que estaba vigente desde 2019 porque contenía “cosas abiertas” y que, “por medio de esas cosas abiertas, se han dado abortos ilegales”. Esa resultó ser una afirmación sin sustento.
Doble Check presentó recursos de amparo contra el Ministerio de Salud para que hiciera pública la supuesta cantidad de abortos realizados ilegalmente mediante la norma técnica. Salud no brindó ni un solo dato; solo desvió la consulta al Poder Judicial “en el supuesto [de] que esa institución tenga alguna referencia identificada”.
Además, Salud reconoció que no ha realizado “ninguna evaluación” de los 27 abortos que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) aprobó por riesgos a la salud o la vida de mujeres gestantes entre 2019 y octubre pasado, cuando el Poder Ejecutivo anunció la derogación del reglamento y la firma de una norma alternativa (decreto ejecutivo N.º 45233-S).
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, también aseguró que la norma técnica derogada “tenía huecos donde podían pasar camiones de 18 ruedas, tráilers”. Ni Casa Presidencial ni el Ministerio de Salud pudieron señalar los supuestos portillos en la normativa.
La Caja confirmó a Doble Check que, de los casos de aborto realizados por la institución, “no se reportó ninguno al Ministerio de Salud que incumpla lo estipulado en el artículo 121 [del Código Penal]”, el cual tipifica el aborto impune.
Supuestas “cosas abiertas” y “huecos” en la norma
El 15 de octubre pasado, el Poder Ejecutivo derogó la norma técnica para el procedimiento médico vinculado al artículo 121 del Código Penal (decreto ejecutivo N.º 42113-S) y anunció la firma de una nueva reglamentación.
El artículo 121 del Código Penal despenaliza el aborto “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”. En 2019, la administración Alvarado Quesada reglamentó la aplicación de ese artículo con la norma técnica, dirigida “a los servicios de salud y profesionales de la salud a nivel nacional, ya sean públicos o privados, que presten atención a las mujeres embarazadas”.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció las medidas con la viceministra de Salud, Mariela Marín, quien fungía en ese momento como ministra interina.
“Me enorgullezco de haber derogado la norma que existía… tenía huecos donde podían pasar camiones de 18 ruedas, tráilers, y hoy, la única razón por la cual se puede hacer un aborto sin sanción penal en Costa Rica es proteger la vida de la madre cuando hay solo dos opciones: la vida de la madre o del ser ser humano que está ahí adentro”, afirmó Chaves en una conferencia televisada.
Casa Presidencial derogó la norma técnica cuando la ministra de Salud y primera vicepresidenta, Mary Munive, estaba de vacaciones. Munive había defendido esa reglamentación en la Sala Constitucional ante reclamos de ciudadanos opuestos al aborto.
Mariela Marín justificó la anulación de la norma técnica ante la comisión legislativa de Derechos Humanos el 6 de noviembre. La viceministra afirmó que la ya derogada norma contenía “cosas abiertas” y que, “por medio de esas cosas abiertas, se han dado abortos ilegales”. La jerarca añadió que esos casos se dieron “por mujeres que simplemente han decidido no cuidarse, quedar embarazadas y abortar a un inocente”.
La nueva reglamentación que implementó el Gobierno restringe el aborto impune a los casos en que la vida de la mujer esté en peligro real e inminente, excluyendo los supuestos de riesgo para la salud o de inviabilidad del feto.
El 15 de enero, la campaña de la aspirante presidencial de Pueblo Soberano, Laura Fernández, se reunió en Tibás con pastores cristianos del Foro Mi País, un grupo presidido por el exdirector de la Alianza Evangélica Costarricense, Reynaldo Salazar. Los presentes recibieron folletos que instan a las personas evangélicas a votar por Pueblo Soberano, citando “acuerdos cumplidos” por la administración Chaves Robles. Según el panfleto, uno de esos hitos es que el presidente “derogó y cambió la norma técnica del aborto”.
Jerarca de Salud habló sin sustento
El Ministerio de Salud debió reconocer la falta de sustento de la alarma que Mariela Marín hizo ante el Congreso, luego de que Doble Check interpusiera recursos de amparo para hacer pública la información.
Desde el 7 de noviembre, Doble Check le había pedido a Salud que detallara cuántos abortos “ilegales” se realizaron mediante el reglamento anulado. La institución no reaccionó hasta el 10 de diciembre, tras recibir el aviso judicial de un recurso de amparo por incumplir la entrega de la información en un plazo de diez días hábiles.
Salud no brindó un solo dato que respaldara a la viceministra Marín. La institución desvió la consulta al Poder Judicial “en el supuesto [de] que esa institución tenga alguna referencia identificada”.
Doble Check también consultó si el Ejecutivo detectó abortos aprobados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que excedieran el alcance del artículo 121 del Código Penal. Salud admitió que “no ha realizado ninguna evaluación sobre el tema consultado”.
¿Con qué sustento la jerarca de Salud agregó que esos casos ilegales de aborto se trataban de “mujeres que simplemente han decidido no cuidarse”? Tampoco hay evidencia puntual para ese señalamiento.
Primeramente, Salud se refirió a la “experiencia en la atención clínica” de Marín, en la que supuestamente “ha tenido la oportunidad de interactuar con diversos pacientes que así lo han manifestado”. Doble Check insistió en que Salud precisara si la supuesta interacción se dio con las personas a quienes se les realizaron abortos ilegalmente. “No se registró interacción directa”, respondió el ministerio el 23 de diciembre pasado.
La CCSS aprobó 27 abortos terapéuticos entre 2019 y octubre de 2025, y rechazó el procedimiento en otros siete casos evaluados. La mayoría de esos abortos ocurrió durante este Gobierno: 13 casos en 2025 y ocho en el año previo.
“De los casos de aborto, no se reportó ninguno al Ministerio de Salud que incumpla lo estipulado en el artículo 121 [del Código Penal]”, aclaró la Caja a Doble Check.
Entre 2019 y 2024, solo una persona fue condenada por el delito de aborto con o sin consentimiento, que el artículo 118 del Código Penal define como “el que causare la muerte de un feto”, y cuatro mujeres fueron condenadas por causar o consentir su propio aborto (artículo 119) según el Poder Judicial. Sin embargo, los registros estadísticos del Poder Judicial “no cuentan con información respecto a si los casos denunciados por aborto se realizaron en centros públicos o privados”.
Gobierno no puede señalar portillos en la norma
Desde el 15 de octubre, Doble Check pidió que el Ejecutivo señalara los “huecos” normativos sobre el aborto impune que adujo el presidente Chaves. Ni Casa Presidencial ni el Ministerio de Salud pudieron señalarlos.
Hasta el 11 de noviembre, Presidencia justificó que el señalamiento del presidente se refería a la “necesidad de fortalecer la claridad operativa de la norma para evitar interpretaciones dispares en los servicios de salud”.
Ninguna de las instituciones hizo señalamientos puntuales de la normativa. “Más que señalar párrafos aislados, el objetivo fue asegurar que el instrumento técnico respondiera de manera integral al marco jurídico nacional y a los estándares de protección de la vida y la salud, evitando zonas de ambigüedad en la aplicación práctica”, indicaron Presidencia y Salud.
El 28 de noviembre anterior, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo que Doble Check presentó contra los ministerios de Salud y Comunicación (resolución 39647 – 2025). La Sala declaró sin lugar un recurso adicional contra Salud por un error procedimental de Doble Check (expediente 25-037662-0007-CO).
Nota del editor: Doble Check realizó esta verificación como parte del proyecto #CRíticaMente, con el apoyo de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte y la fundación People In Need Costa Rica.