En resumen: Es cierto que el presupuesto del Poder Judicial durante la administración Chaves Robles se ha mantenido por encima del mínimo que establece la Constitución. Sin embargo, el porcentaje asignado ha disminuido paulatinamente cada año.
La aspirante presidencial de Pueblo Soberano, Laura Fernández, afirmó en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que este Gobierno le asignó al Poder Judicial más de ₡50.000 millones por encima de lo que establece la Constitución Política. El dato corresponde al presupuesto judicial de 2025, pero la candidata omitió las reducciones registradas anualmente.
La Constitución Política establece que el Gobierno debe asignar al Poder Judicial un presupuesto no menor a 6% de los ingresos ordinarios de cada año. El presupuesto judicial representó 7,8% de los ingresos de 2022, y bajó hasta llegar a 6,8% en 2025.
El Poder Judicial aclaró a Doble Check que la Constitución establece un porcentaje mínimo de asignación presupuestaria y que este no es un “techo” a la inversión.
La institución también explicó que el mínimo de presupuesto fue establecido cuando el Poder Judicial tenía una estructura más pequeña, sin contemplar la creación posterior del Ámbito Auxiliar de Justicia, conformado por despachos como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público. El Ámbito Auxiliar de Justicia requiere casi la mitad de lo que se había establecido para las áreas originales del Poder Judicial.
Discusión sobre el presupuesto del Poder Judicial
En la presentación de las candidaturas presidenciales organizada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) del 11 de enero, la candidata del partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, aseguró que “este Gobierno le asigna al Poder Judicial más de ₡50.000 millones de lo que manda la Constitución Política”.
Fernández mencionó ese dato en un intercambio con Ronny Castillo, candidato del partido Aquí Costa Rica Manda, quien previamente había dicho que desea “ejecutar los presupuestos que este Gobierno ha dejado de ejecutar” para unos tribunales especializados.
Una joven activista, Mia Fink Uleth, cuestionó varias afirmaciones de la candidata de Pueblo Soberano al día siguiente en Instagram, en una publicación compartida más de 26.000 veces. Fink se refirió al dato sobre el presupuesto judicial e indicó que el presupuesto de 2025 representó 4,2% del presupuesto nacional.
El 13 de enero, la publicación de Fink recibió una respuesta de la diputada oficialista, Pilar Cisneros, en Instagram. Cisneros señaló que había un error en la interpretación de Fink sobre el artículo 177 de la Constitución Política, pues la activista indicó que sus datos provenían del presupuesto nacional, mientras que la Constitución define que el presupuesto judicial debe fijarse con base en los ingresos ordinarios de cada año.
La diputada mostró información del Ministerio de Hacienda que indica que el presupuesto asignado al Poder Judicial en 2025 representó 6,75% de los ingresos ordinarios del Gobierno Central.
Constitución establece mínimo de recursos para el Poder Judicial
El artículo 177 de la Constitución Política establece que, en el proyecto de presupuesto del Gobierno, “se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico”.
No obstante, el Poder Judicial aclaró que “el 6% es un mínimo y no un techo” a la inversión institucional.
Mia Fink parece haber calculado los recursos del Poder Judicial como porcentaje del presupuesto nacional, cuando el artículo 177 de la Constitución indica que ese mínimo de inversión se calcula con los ingresos ordinarios de cada año.
Porcentaje de ingresos para el Poder Judicial ha bajado
Los registros oficiales muestran que el Poder Judicial ha recibido más de 6% de los ingresos anuales del Gobierno Central durante la administración Chaves Robles, pero el porcentaje asignado ha bajado cada año.
El Poder Judicial recibió el equivalente de 7,8% de los ingresos en 2022, luego bajó hasta 6,5% en 2024 y terminó en 6,8% el año pasado. Así, el presupuesto de 2025 superó en ₡64.000 millones el mínimo establecido en la Constitución.
Mínimo constitucional fue pensado para otro Poder Judicial
La redacción actual del artículo 177 de la Constitución fue promulgada en 1961. En aquel momento, el presupuesto no incluía instituciones como el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El Poder Judicial explicó a Doble Check que el mínimo de presupuesto fue fijado en una época en la que el Poder Judicial “estaba conformado fundamentalmente por despachos jurisdiccionales y algunas oficinas de apoyo administrativo”.
En 1973, se agregó un nuevo órgano al Poder Judicial: el Auxiliar de Justicia, conformado por el OIJ, el Ministerio Público, la Defensa Pública, y el Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, entre otros.
Así, el Poder Judicial aclaró que el porcentaje asignado solo para los ámbitos jurisdiccional y administrativo (excluyendo los órganos más contemporáneos) está por debajo del mínimo que establece la Constitución. La inversión para solo esos ámbitos fue de 5,29% de los ingresos en 2018, y ha bajado paulatinamente hasta llegar a 3,68% en 2025. El Ámbito Auxiliar de Justicia requiere casi la mitad de lo que se había establecido para las áreas originales del Poder Judicial.