En resumen: Las candidaturas presidenciales de cuatro partidos políticos impulsan la suspensión de las garantías individuales en Costa Rica mediante estados de excepción. Ninguno detalla en sus planes de gobierno cómo, dónde y cuándo se privaría a la población de sus garantías.
Los partidos Pueblo Soberano, Nueva República y Nueva Generación proponen estados de excepción para combatir al crimen. El candidato de Avanza, José Aguilar, también expresó que está a favor de esa medida en una entrevista a La Hora Tica, pero su plan de gobierno no la menciona.
Las agrupaciones indican que aplicarían los estados de excepción en “barrios de máximos puntos de calor”, en las “zonas más conflictivas” del país o en “territorios muy conflictivos”, sin precisar cómo se definirían esas regiones.
Los planes de gobierno tampoco aclaran si ya hay comunidades que encajen en su definición de conflictividad, ni cómo se resguardarían los derechos de quienes no formen parte de estructuras de crimen organizado.
La Constitución Política permite que el Poder Ejecutivo solicite al Congreso la aprobación de estados de excepción en la totalidad o en partes del país. Durante 30 días prorrogables, la medida suspende las garantías de libertad de tránsito, intimidad, libertad de reunión, inviolabilidad del domicilio, libertad de conciencia, libertad de expresión, acceso a la información pública y el derecho a no ser detenido arbitrariamente.
Solo el candidato presidencial de Nueva Generación, Fernando Zamora, aclaró detalles de su propuesta ante consultas de Doble Check. Las demás agrupaciones ignoraron las solicitudes de información.
¿Qué es un estado de excepción?
El estado de excepción corresponde a “situaciones de naturaleza temporal o provisional, destinadas a superar crisis extraordinarias y a garantizar el retorno de la normalidad constitucional”, según la jurisprudencia internacional revisada en 2014 por Juan Méndez, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva OC-8/87) sostiene que los estados de excepción son situaciones de excepcionalidad jurídica. Esto significa que la figura se aplica solo en casos de “guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte”.
El estado de excepción tiene sustento jurídico en los artículos 140 y 121 de la Constitución Política, explicó Óscar Hernández, docente de la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UCR.
El artículo 121 de la Constitución Política establece que dos tercios de la Asamblea Legislativa pueden aprobar la suspensión de garantías individuales de la población “en caso de evidente necesidad pública”. “Esta suspensión podrá ser de todos o de algunos derechos y garantías, para la totalidad o parte del territorio, y hasta treinta días”, indica dicho artículo.
La Constitución delimita los derechos y garantías individuales que se pueden suspender: libertad de tránsito, inviolabilidad del domicilio, intimidad, libertad de reunión, libertad de conciencia, libertad de expresión, acceso a la información pública y el derecho a no ser detenido arbitrariamente (numerales 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de la Constitución Política).
Hernández también advirtió que un estado de excepción se amerita cuando esté en riesgo la existencia misma del Estado.
El único estado de excepción en la historia contemporánea de Costa Rica entró en vigencia entre enero y febrero de 1955, con solicitud del Poder Ejecutivo y aprobación del Congreso, por la invasión liderada desde Nicaragua por el expresidente, Rafael Ángel Calderón Guardia, acompañado de excombatientes del bando perdedor de la guerra civil de 1948.
Estado de excepción de Pueblo Soberano
El plan de gobierno de Pueblo Soberano, liderado por la exministra del actual Gobierno, Laura Fernández, impulsa la creación de estados de excepción como una medida para combatir al crimen organizado.
Esta es la única información que el plan de Pueblo Soberano tiene sobre esa medida en su página 26:
“Tramitar ante la Asamblea Legislativa, en casos estrictamente necesarios, restricción de levantamiento o suspensión de garantías individuales, para capturar delincuentes como sicarios o narcotraficantes, identificados en barrios de máximos puntos de calor, según reportes de la inteligencia policial. Esta autorización sería únicamente en casos excepcionales de conmoción interna o grave perturbación del orden público, la suspensión temporal y delimitada de determinadas garantías individuales en puntos de alta concentración de la actividad delictiva organizada. La suspensión excepcional establecerá los plazos máximos de su duración y no afectará derechos inderogables consagrados en la Constitución Política. El objetivo de esta medida es la contención del crimen organizado, y otros delitos graves como el sicariato y narcotráfico”.
Pueblo Soberano solamente indica que suspendería garantías individuales “en casos excepcionales” en “barrios de máximos puntos de calor” y “puntos de alta concentración de la actividad delictiva organizada” según reportes de inteligencia policial, sin brindar detalles sobre cómo se delimitarían esas regiones ni cuáles derechos se suspenderían.
Sobre la posibilidad de suspender garantías individuales, Laura Fernández dijo en Multimedios que tiene la esperanza de que los datos de homicidios “sigan controlados” pues, según ella, no hay comunidades donde los casos se hayan duplicado o triplicado por año. Eso es falso: los homicidios se han multiplicado anualmente en decenas de distritos del país desde 2022.
Estado de excepción de Nueva República
El diputado y candidato de Nueva República, Fabricio Alvarado, incorporó a su plan de gobierno dos menciones sobre la necesidad de imponer estados de excepción.
En la página 124 del documento, Nueva República describe la situación “crítica” de la inseguridad y la delincuencia en el país y advierte que “en este contexto, la posibilidad de un estado de excepción cobra una importante relevancia como medida excepcional en las zonas más conflictivas del país, para garantizar la seguridad ciudadana y empresarial”.
Cuatro páginas más adelante, en una lista de acciones estratégicas de seguridad, Nueva República propone:
“La declaratoria de emergencia nacional y el estado de excepción para sacar a más de 400 individuos ya ubicados por las autoridades de policía. Este estado se puede aplicar a zonas ya establecidas donde hay mayor índice de riesgo. Ya están ubicados”.
La campaña de Alvarado no aclaró a qué zonas “ya establecidas” se refiere la propuesta ni cuál es el “índice de riesgo” que mencionan como métrica. El partido tampoco precisó la escala de las “zonas” donde desea levantar garantías individuales.
Estado de excepción de Nueva Generación
El plan de gobierno de Nueva Generación propone un decreto ejecutivo como medida inmediata para “detener la inseguridad”:
“Este decreto permitirá preparar las condiciones político-jurídicas para, en caso de necesidad, declarar en territorios muy conflictivos, estado de excepción constitucional, esto según investigaciones de inteligencia, estamos dispuestos a decretarlo conforme a la ley, de forma restrictivamente enfocada en las zonas necesitadas de este tipo de intervención, para desarticular las organizaciones criminales y recuperar el control con responsabilidad técnica y eficacia” (página 29).
Posteriormente, el plan de Nueva Generación reitera la necesidad de un estado de excepción:
“Estado de excepción: En territorios muy conflictivos, según investigaciones de inteligencia, estamos dispuestos a decretar estados de excepción conforme a la ley, de forma restrictivamente enfocada en las zonas necesitadas de este tipo de intervención, para desarticular las organizaciones criminales y recuperar el control con responsabilidad técnica y eficacia”.
El candidato presidencial de Nueva Generación, Fernando Zamora, indicó a Doble Check que un territorio sería calificado como muy conflictivo “cuando ocurran varios indicadores medibles”, como “altos niveles de criminalidad violenta, tasas de homicidios superiores al promedio nacional (por ejemplo, 5-10 veces más altas que la media), aumento sostenido de asesinatos bajo modalidad de sicariato o ajustes de cuentas, presencia de zonas rojas donde fuerzas policiales informan alto riesgo de ingreso, dominio territorial operativo de organizaciones, control de ingresos y salidas del barrio, cobro de extorsiones sistemáticas, reclutamiento forzado o cooptación de menores, uso del territorio como corredor logístico para tráfico de drogas, armas o trata, imposibilidad real de la policía para ejercer autoridad sin riesgo extremo, probada obstrucción de servicios básicos y presencia de estructuras paraleles de poder”.
Zamora añadió que pretende basar los estados de excepción en evidencia recabada por autoridades judiciales y agencias internacionales, y en zonas con “patrones estructurales” en lugar de “hechos aislados” de delincuencia.
Además, el aspirante presidencial afirmó que la definición de los territorios “debe ser microterritorial” en zonas dentro de distritos, como “barrios, cuadrantes o polígonos” para afectar a la menor cantidad de personas ajenas a la delincuencia.
Zamora también afirmó que su propuesta se limitaría a levantar las garantías de libertad de tránsito y de reunión. Sin embargo, el candidato justificó que no puede adelantar si ya hay zonas del país que cumplen esas condiciones porque “no estamos en gobierno”.
Mención de Avanza sin contenido en el plan de gobierno
El candidato presidencial de Avanza, José Aguilar, expresó su anuencia a imponer estados de excepción en una entrevista con La Hora Tica en diciembre pasado. Sin embargo, el plan de gobierno del partido no incluye esa propuesta.
Aguilar dijo que impulsaría un estado de excepción en una situación “extraordinaria que no se pueda repeler con el uso normal de la Fuerza Pública o del OIJ [Organismo de Investigación Judicial], como ha sucedido en Limón. El candidato dijo que “probablemente” la medida se limitaría a suspender la libertad de tránsito.
“Lo haríamos hasta garantizar que en ese territorio la gente puede salir sin miedo a ser asesinada o a ser violada, y va a ser el uso más limitado y más preciso de esa herramienta”, añadió Aguilar.