En resumen: El funcionamiento del sistema electoral costarricense no depende de una fe ciega en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), sino que descansa en un diseño que distribuye el control, multiplica los contrapesos y convierte el proceso en una verificación cruzada entre actores con incentivos opuestos.
“Hablamos de más de 100.000 personas que de una u otra manera están involucradas en el proceso de votación que tendrían que ponerse de acuerdo para hacer un fraude electoral”, expresó a Doble Check Gerardo Abarca, Director General de Registro Electoral.
La desconfianza hacia el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha intentado abrirse paso en redes sociales, alimentada por el propio presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien ha cuestionado reiteradamente la imparcialidad del organismo.
Por eso, Doble Check explica en este artículo los seguros y contrapesos que están instalados para que el proceso electoral no dependa de la buena voluntad de nadie, sino de un sistema que hace que la trampa sea estructuralmente inviable.
¿Cuál es el recorrido de una papeleta hasta convertirse en un voto válido?
La custodia del material electoral comienza en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). La cantidad de papeletas que la institución imprime es igual al número de electores empadronados, y el padrón que verifican las juntas receptoras de votos incluye fotografías de cada votante.
Ese material electoral se empaca en sacos de tula con marchamos de seguridad y dispositivos de radiofrecuencia que permiten rastrear cada paquete desde que sale del TSE. Desde la producción de las papeletas hasta su retorno al Tribunal, “hay total trazabilidad respecto a todos los procesos”, explicó Gerardo Abarca.
Los sacos pasan a cada una de las 84 juntas cantonales del país, integradas por ciudadanos propuestos por los partidos políticos, con el resguardo de la Fuerza Pública. Para las elecciones de 2026, las juntas cantonales quedaron integradas por 1.110 representantes de 14 partidos políticos nacionales y uno provincial. Las juntas deben recibir el material al menos 15 días antes de la elección y custodiarlo.
Ocho días antes de las elecciones, las juntas receptoras de votos ―también compuestas por ciudadanos designados por partidos rivales entre sí― asumen el último tramo de la custodia hasta el día de los comicios.
Tras el cierre de urnas, el conteo de votos y la transmisión de la información, el material se asegura nuevamente y retorna esa misma noche o al día siguiente al TSE, donde será revisado, junta por junta, en el escrutinio definitivo frente a fiscales partidarios.
Todo el recorrido (preparación, traslado, devolución y revisión) opera bajo lo que Abarca describe como un “doble control”, en el que primero actúan ciudadanos en las mesas y luego los magistrados del TSE. Este entramado de controles redundantes y vigilancia compartida entre la autoridad electoral, partidos y ciudadanía hace extremadamente difícil intervenir el material sin que sea detectado.
“El diseño del sistema electoral costarricense parte, como una de sus seguridades mayores, de que las mismas fuerzas que están en la contienda sean las que controlen y verifiquen el normal desarrollo de la elección”, afirmó Abarca.
¿Se podría inflar el padrón para favorecer a algún grupo?
El padrón electoral se cierra meses antes de la elección y solo admite ajustes excepcionales (como defunciones, que se actualizan diariamente, incluso el mismo día del voto). Para alterar resultados habría que modificar miles de registros dentro del Registro Civil sin dejar trazas, evadir controles de auditoría interna y externa, y sortear la verificación cruzada con juntas receptoras de votos.
¿Qué requeriría fabricar o introducir papeletas fraudulentas?
Las papeletas se producen en idéntica cantidad al número de electores empadronados. La impresión se realiza bajo actas de control diario, supervisión continua y medidas de seguridad confidenciales incorporadas al papel.
Para introducir papeletas falsas habría que: 1) replicar materiales y medidas de seguridad desconocidas para el público; 2) distribuirlas sin que ninguna junta detecte sobrantes o faltantes; 3) y falsificar firmas obligatorias de los miembros de mesa.
¿Qué habría que hacer para modificar el padrón físico que llega a cada mesa?
El padrón con registro fotográfico es un documento que contiene la foto del elector y un espacio para su firma al momento de votar. Cualquier intento de manipulación masiva tendría que replicar cientos de miles de fotografías, alterar firmas y reemplazar padrones completos.
¿Se podrían intervenir los sacos de tula antes de que lleguen a las mesas?
Los más de 7.000 sacos de tula que transportan el material electoral se empacan bajo vigilancia, se registran con un marchamo, se etiquetan con sistemas de identificación por radiofrecuencia y se distribuyen a rutas definidas con el acompañamiento de la Fuerza Pública. Luego, pasan a manos de juntas cantonales —integradas por ciudadanos propuestos por partidos rivales— y, posteriormente, a las juntas receptoras de votos.
Cualquier intento de manipulación implicaría romper marchamos sin que el daño sea visible, evadir la trazabilidad electrónica y lograr la cooperación silenciosa de actores de los partidos en los cantones.
¿Cómo se controla a quién se le entrega cada papeleta?
Cada papeleta solo es válida si lleva la firma de al menos un miembro de la junta receptora de votos que esté presente. Esto significa que, aunque alguien introdujera papeletas falsificadas en un saco, ninguna tendría valor sin la firma de la mesa. Para que un fraude funcionara, habría que lograr que miles de juntas integradas por partidos rivales firmaran papeletas irregulares sin que ningún fiscal lo detectara.
¿Se puede votar sin quedar registrado?
No. Cada persona debe: 1) presentarse con su identificación, 2) ser verificada visualmente con la fotografía del padrón, 3) firmar el padrón físico, 4) y recibir una papeleta firmada al momento.
Esto genera un registro cruzado: el número de firmas debe coincidir con el número de papeletas utilizadas. Un intento de inflar votos implicaría inventar firmas, alterar registros y conseguir que todos los miembros de mesa acepten la inconsistencia de manera coordinada.
¿Qué impediría que alguien introduzca votos adicionales en la urna?
Hay dos barreras simultáneas: 1) La urna está sellada y visible durante toda la jornada, y 2) solo hay tantas papeletas firmadas como electores que firmaron el padrón.
¿Qué ocurre con el material electoral una vez que la junta cierra la votación?
Al cerrar a las 6 p.m., las juntas receptoras de votos realizan la contabilidad, llenan las actas de cierre y transmiten los resultados preliminares por los canales establecidos por el TSE. Luego, todo el material (papeletas, actas, sobres y documentos de respaldo) se prepara para devolverse al Tribunal.
¿Cuándo regresa el material electoral al TSE?
Una vez cerrado y asegurado, el material se traslada de inmediato a las juntas cantonales o directamente al TSE, según corresponda. Según Gerardo Abarca, la misma noche de la elección y el día siguiente (el lunes), el material de las más de 7.100 juntas receptoras de votos debe regresar al Tribunal. Solo hay excepciones muy específicas, como Isla del Coco o consulados lejanos, donde el traslado toma más tiempo por razones logísticas.
¿Qué pasa cuando el material ya está en el TSE?
Cuando todo regresa, inicia la etapa final del proceso: el escrutinio definitivo a cargo de los magistrados del TSE. Abarca lo describe como un “examen” que se realiza frente a fiscales partidarios, revisando lo que ocurrió en cada junta receptora de votos. El funcionario del TSE lo compara con una auditoría: los magistrados revisan documentos de respaldo, verifican la contabilidad realizada por las juntas y confirman los resultados a partir de esa revisión detallada.
¿Cuán trazable es todo el proceso?
Según Abarca, hay “total trazabilidad” desde la producción de las papeletas hasta el escrutinio final. Existen actas de control, monitoreo de producción por horas, responsables en cada turno y seguimiento continuo del material hasta su retorno al Tribunal. Nada del proceso depende de actores externos: el TSE es el rector pleno de todas las fases, aunque exista participación complementaria de ciudadanos.
¿Ha habido intentos de manipular material después de la votación?
Abarca menciona únicamente un caso aislado ocurrido en 2022, donde se produjo la sustracción de una papeleta. Los controles existentes permitieron detectar inmediatamente el incidente y tomar medidas. El funcionario electoral subraya que no fue un intento de fraude organizado ni un hecho sistemático.
¿Qué tipo de coordinación sería necesaria para un fraude sistemático?
Según Gerardo Abarca, un fraude sistemático requeriría la coordinación clandestina y simultánea de varias fuerzas políticas, miles de fiscales, funcionarios electorales, observadores nacionales e internacionales, auxiliares y delegados. Para el jerarca, ese es un escenario “prácticamente imposible” en el diseño costarricense.
“Hablamos de más de 100.000 personas que de una u otra manera están involucradas en el proceso de votación que tendrían que ponerse de acuerdo para hacer un fraude electoral”, advirtió el funcionario electoral.
¿Quiénes han avalado el proceso electoral costarricense?
Entidades internacionales han ofrecido en los últimos años una evaluación coincidente sobre la fortaleza del proceso electoral costarricense. En su informe Freedom in the World 2024, el observatorio independiente Freedom House otorgó a Costa Rica la máxima calificación en el apartado que examina la imparcialidad y la integridad del marco electoral. La institución destacó que el TSE opera como un árbitro independiente y concluyó que “desempeña sus funciones con imparcialidad, y el marco electoral es justo”.
La Organización de los Estados Americanos ha llegado a conclusiones similares tras 15 acompañamientos a comicios en el país. En su informe sobre las últimas elecciones, la Misión de Observación Electoral señaló que los comicios se desarrollaron con normalidad, que los procedimientos de cierre y transmisión funcionaron conforme a lo previsto y que el TSE garantizó condiciones de transparencia y fiscalización para todos los actores políticos. La misión destacó “la solidez del sistema electoral de Costa Rica, cuyas buenas prácticas podrían servir como referente para otros países de la región, y saluda el alto nivel de profesionalismo y pericia técnica con el que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha organizado estos comicios”.
Un reconocimiento institucional similar también llegó recientemente desde la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que emitió un pronunciamiento unánime en defensa del TSE ante lo que describió como una campaña sistemática de desinformación y ataques políticos dirigida a minar la confianza pública en el árbitro electoral. Reunidos en Paraguay en noviembre pasado, representantes de 22 organismos calificaron el momento como “inédito” para la democracia costarricense y destacaron la trayectoria de independencia del tribunal al reiterar su confianza en la integridad del proceso.