En resumen: La candidata presidencial de Unidos Podemos, Natalia Díaz, ha asegurado que cuenta con “los datos” sobre el “abuso de ilegales” en la seguridad social. Sin embargo, el que se presenta como el “caso más crítico” está inflado casi cuatro veces respecto a las cifras oficiales. La candidata utilizó ese dato incorrecto para apoyar una argumentación más general, basada en supuestas anécdotas y premisas no verificables.
Díaz ha reiterado en distintos espacios públicos que miles de atenciones a migrantes indocumentados no se cobran, que cada emergencia podría costar alrededor de ₡500.000 (aunque aceptó estar “bateando”) y que la Caja “no sabe cuánto gasta” en atenderlas.
La candidata no ofrece evidencias y su cálculo es arbitrario. La magnitud de las pérdidas millonarias que Díaz imagina no se sostiene frente a los registros de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS): las emergencias atendidas a personas en situación migratoria irregular representan poco más de 1% del total. El volumen real de esa atención médica es muy inferior al que sugieren los montos absolutos y los cálculos amplificados que la aspirante presidencial ha usado en su campaña.
La CCSS indicó a Doble Check que sí gestiona el cobro a todas las personas no aseguradas (nacionales y extranjeras) mediante notificaciones, llamadas y, de ser necesario, procesos judiciales. Doble Check no encontró evidencia de que exista un grupo de pacientes para el cual la institución, por definición, no realice gestiones de cobro.
Natalia Díaz ha ofrecido entregar a sus entrevistadores los documentos que respaldarían sus afirmaciones, pero esos datos no han aparecido. Doble Check los ha solicitado desde julio, sin éxito. Hasta el cierre de esta edición, la campaña de Unidos Podemos no ha proporcionado registro alguno que sustente las cifras que la candidata repite en público.
La insistencia de Díaz con los extranjeros
La candidata presidencial de Unidos Podemos, Natalia Díaz, ha centrado su campaña en el supuesto costo que las personas migrantes imponen al Estado. La candidata sostiene que hay un “abuso” de la seguridad social por parte de personas extranjeras en situación migratoria irregular y ha repetido esa idea en entrevistas, debates y publicaciones en redes sociales, donde asegura contar con “los datos” que la respaldan.
Una de las afirmaciones más notables la hizo el 13 de junio, en el espacio DaTalk, del podcast La Hora Tica. Consultada por un tuit en el que escribió que “cientos de extranjeros (…) vienen, se atienden y no pagan”, Díaz defendió su postura afirmando: “Yo estoy diciendo que plata hace falta porque no se cobra. Yo no he dicho (…) que el problema financiero de la Caja son ellos. ¿O lo puse?”.
En el mismo programa, Díaz sostuvo que la CCSS “no tiene contabilidad de costos” y aseguró que los “incobrables” podrían rondar los ₡2.000 millones al año en los 29 hospitales de la institución, y dijo, sin citar evidencia, que muchos de ellos provienen de personas extranjeras.
El tema volvió a aparecer en una entrevista con La República el 27 de septiembre, en la que Natalia Díaz afirmó que “Costa Rica se está volviendo el hospital de Centroamérica”. La candidata relató que supuestos médicos la habrían alertado sobre pacientes con referencias provenientes de Nicaragua. Según Díaz, esas atenciones “no se cobran” y se convierten en “incobrables”, incluso cuando la persona regresa al país en una visita posterior.
La candidata amplió estas afirmaciones el 4 de noviembre en el programa El Octavo Mandamiento de OPA. Díaz aseguró que tiene “respuestas oficiales” de hospitales y presentó lo que describió como “el caso más crítico”. “Hospital San Rafael de Alajuela. Atenciones por emergencia a personas indocumentadas: 6.000 en el año 2024. Quiere decir que no hay un solo cobro de eso”, afirmó la aspirante presidencial.
Díaz conjeturó que, si cada atención costara ₡500.000, la institución estaría enfrentando pérdidas de “₡3.000 millones”, y sostuvo nuevamente que “la Caja no sabe cuánto gasta” porque “no existe un registro” que permita calcularlo.
El 3 de diciembre, Díaz volvió al mismo tema en X con un mensaje dirigido a Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio: “Espero que don Ariel le pida a la Caja los datos reales sobre el abuso de ilegales a nuestro sistema de salud. Yo sí los tengo”, afirmó Díaz, quien fue ministra de la Presidencia de la administración Chaves Robles (2022-2024).
Más recientemente, el 9 de diciembre, Díaz afirmó en Facebook que “mientras miles de costarricenses esperan atención en la CCSS, solo el Hospital de Alajuela atiende a más de 6.000 indocumentados al año” y sostuvo que esa “cuenta” la pagan los contribuyentes costarricenses, prometiendo que en un eventual gobierno suyo “la prioridad será la gente de este país y este desorden se acaba”.
Los supuestos datos de Díaz
La entrevista en OPA y su última publicación en Facebook son las únicas ocasiones en que Natalia Díaz ha ofrecido datos concretos. La candidata mencionó en televisión cifras de 2024 sobre servicios de emergencia y partos de los hospitales San Vicente de Paúl (Heredia), Juana Pirola (San Vito de Coto Brus) y el que presentó como el caso “más crítico”: el de San Rafael de Alajuela.
Esas cifras coinciden, en términos generales, con los registros de la Caja, salvo en el caso notable de Alajuela. Díaz aseguró que dicho centro de salud había atendido a 6.000 personas en situación migratoria irregular en 2024, un dato casi cuatro veces mayor que el registro oficial de la Caja: 1.263 emergencias registradas ese año.
En el mismo programa, Díaz sostuvo primero que “no hay un solo cobro de eso”, una afirmación imposible de verificar con los registros disponibles. Luego, conjeturó que cada una de esas emergencias habría costado ₡500.000: “Poniendo un monto que estoy bateando, porque no sé cuál es”, admitió la candidata.
Los datos de la CCSS cuentan otra historia: la institución indicó a Doble Check que el costo promedio de una atención de urgencias para personas no aseguradas (categoría que incluye tanto a nacionales como a extranjeros) es de ₡183.315, solo un tercio de la cifra utilizada por la candidata para proyectar pérdidas millonarias.
Con el dato inflado de las 6.000 atenciones de emergencia y el monto inventado del medio millón de colones por atención, la candidata alertó en el programa: “Estamos hablando de 3.000 millones de colones. Eso es una barbaridad”. Esta es una cifra sin base real.
Atención a personas indocumentadas es minoría
Las cifras sobre emergencias difundidas por Natalia Díaz pretenden transmitir la idea de una carga extraordinaria para la seguridad social. Sin embargo, una imagen distinta surge cuando esos números se colocan en contexto y se comparan con el total de atenciones en cada uno de los hospitales que ella ha mencionado. En 2024, las emergencias de personas en situación migratoria irregular representaron poco más de 1% del volumen total de atenciones en esos centros.
La atención de partos sí representa una proporción más alta en ese año: 6% en el Hospital San Rafael de Alajuela y 4,7% en el hospital de Heredia. En el centro médico de San Vito, la cobertura fue de 16%, aunque también fue el hospital con el menor número de partos atendidos en términos absolutos para esta población, con 49 casos.
Díaz afirmó que ninguna de estas atenciones se cobra, pero no aportó una fuente verificable. Otras afirmaciones que ha hecho se basan en supuestos testimonios de médicos de la institución y en dos ocasiones ha invitado a los periodistas que la entrevistan a que hagan sus averiguaciones.
Gestión de cobros de la CCSS
Otra de las afirmaciones centrales de la candidata es que las atenciones a personas indocumentadas “no se cobran”. Esa aseveración no puede verificarse con los registros institucionales. La CCSS no clasifica a los deudores según su condición migratoria, por lo que no es posible determinar cuántas de esas atenciones corresponden específicamente a extranjeros en situación irregular.
Más aún, la institución señaló que sí realiza gestiones de cobro a todas las personas no aseguradas, nacionales y extranjeras, mediante notificaciones, llamadas y, si es necesario, procedimientos judiciales. Doble Check no halló evidencia que respalde la idea de que exista un grupo de pacientes para el cual la Caja, por definición, no gestiona cobro alguno.
Doble Check tampoco encontró ninguna referencia oficial que identifique a las personas migrantes indocumentadas como responsables de los incobrables en la CCSS. La Contraloría General de la República sí ha formulado críticas severas a la gestión de cobros de la seguridad social, pero estas se refieren a las deudas que mantiene el propio Estado y no al cobro de servicios a pacientes.
La única auditoría localizada sobre el tema proviene de la propia CCSS y se limita a un único hospital. Este es un informe interno de 2021 que estudió el tema de la facturación y el cobro a personas no aseguradas durante nueve meses en el Hospital México. No es posible generalizar sus hallazgos a todos los hospitales, pero ese documento sí muestra una problemática: el hospital facturó por estos servicios ₡653 millones entre enero y setiembre del 2021, pero solo se había recuperado poco más del 10% a diciembre de ese año.
El informe reveló necesidades administrativas como fortalecer controles, corregir errores de registro, mejorar la supervisión y acelerar la facturación. A pesar de estas falencias, el documento no hace distinción entre si las personas no aseguradas son nacionales, extranjeras o extranjeras en condición migratoria irregular.
Es decir, aunque la auditoría interna identificó debilidades en los procesos de cobro del Hospital México en 2021, nada en ese informe, ni en ninguna otra información provista por la CCSS, respalda la afirmación de Díaz de que los deudores sean, en particular, personas migrantes en condición irregular.