La importación de cianuro en Costa Rica aumentó 623% en diez años, ligado a la minería ilegal de oro en Crucitas y Abangares. Toneladas del químico son transportadas sin control y usadas en actividades ilícitas, generando graves daños ambientales y riesgos para la salud.
La policía le frenó el viaje al conductor de un camión ganadero mientras circulaba por la congestionada autopista General Cañas en Alajuela, Costa Rica, con un cargamento de cianuro de sodio, el 12 de septiembre del 2024.
Una llamada confidencial había alertado a las autoridades que un vehículo de carga, color blanco con una lona azul en el cajón, transportaba un producto peligroso y altamente tóxico para la salud humana.
Tras un breve seguimiento, la policía detuvo el camión y determinó que transportaba de manera irregular (sin los recaudos exigidos por la ley) cerca de tres toneladas de cianuro. Los agentes descubrieron además otros dos vehículos que, aparentemente, servían de escolta al cargamento. Al no poder documentar la legalidad del compuesto químico que transportaban, el conductor y seis personas más quedaron detenidas.
“De acuerdo con fuentes confidenciales el producto fue adquirido en las inmediaciones de Río Segundo (provincia de Alajuela) para ser trasladado hasta la zona de Crucitas para actividades de carácter ilegal relacionadas con la extracción de oro”, declaró en su momento Pablo Bertozzi, director Fuerza Pública de Alajuela.
Esta incautación de cianuro –la primera de esa magnitud en el centro del país– refuerza la tesis de la policía de que en Costa Rica existe una organización criminal dedicada al tráfico de cianuro para abastecer la minería ilegal, no solo en Costa Rica, sino también en Nicaragua.
El cianuro (junto con el mercurio) son dos sustancias que se utilizan en el proceso químico para separar el oro de la roca o tierra con el que viene mezclado. Debido a su alta toxicidad, su uso, transporte, almacenamiento y manejo industrial debe realizarse bajo estrictos protocolos de seguridad, según regulaciones del Ministerio de Salud y el Código Internacional para el Manejo del Cianuro, un compendio internacional para las buenas prácticas industriales.
Consultado sobre quién está supliendo ese cianuro, el viceministro de Seguridad, Erick Lacayo, dijo que no saben. “No hemos llegado a generar esa investigación. La información la judicializamos en la sana teoría porque lo que nos interesa es que se llegue judicialmente a la persona o a la empresa que está sacando esas cantidades de cianuro. Es que cuando usted decomisa una tonelada no es que Pedrito la tenía en la casa, tuvo que haber salido de un lugar formal. ¿Cuál es ese lugar formal? No lo sabemos”, dijo el viceministro.
La policía sí presume que el cianuro está saliendo del centro del país. Están muy definidos los sitios donde el producto se vende formalmente. “No es algo que está diversificado”, dijo Lacayo. “Hemos generado nuestras hipótesis, pero hasta ahí. La información que tenemos es para que se logre establecer alguna investigación y llegarle”.

Solo en 2024, la Fuerza Pública de Costa Rica decomisó 4.614 kilos (4,6 toneladas) del compuesto. Sin embargo, ese total queda corto si se compara con la incautación histórica de casi 8 toneladas registrada en enero del 2023 en El Salto, distrito de Bijagua de Upala, al norte del país. En todos los casos, los registros policiales muestran que el producto es trasladado sin ninguna medida de seguridad, sin documentos que respalden su uso, ni destino final.
“Nuestra apreciación por la cantidad y el volumen de los decomisos es que ese cianuro va hacia Nicaragua y, también, porque no lo hemos encontrado ni en pequeñas cantidades en sitios donde están tratando de trabajar el material minero”, dijo el viceministro Lacayo.
En la minería se emplea el cianuro de sodio –un producto granulado parecido a la sal– para separar el oro y la plata de los demás minerales presentes en las rocas mediante un proceso de lixiviado. Esta práctica sin control alguno, incrementa el riesgo de contaminación de aguas subterráneas, ríos o quebradas y llega también a afectar la calidad del agua y a los peces.
El uso de este compuesto está autorizado en otras industrias como la galvanoplastia, un proceso para recubrir metales y evitar la corrosión.
A finales de abril pasado, el precio del oro subió un 30% y alcanzó en el mercado de Nueva York un valor histórico de US$3.500 la onza Troy (31 gramos).
Con este precio, cada kilo de oro tico ya puesto en el mercado de la gran manzana le representaría al vendedor un valor de US$112.903 (y solo en los últimos cuatro meses salieron 705 kilos), lo que daría ingresos brutos por casi 80 millones de dólares.
Negocio en dos vías
Para el viceministro de Seguridad Lacayo, el negocio ilegal del cianuro ha operado en dos vías. Según dijo, los decomisos hechos por la policía en 2017, 2018 y 2019 correspondían a cianuro que entraba ilegalmente a Costa Rica procedente de Nicaragua. Ahora, han notado como el producto se traslada desde el centro de nuestro país hasta la zona fronteriza y de ahí entra al territorio nicaragüense.
“Eso lo vimos variar, creo que, en el 2022 cuando hacemos un decomiso de un camión cargado de cianuro que no precisamos hacia donde lo llevaban, pero nuestra hipótesis es que no se iba a quedar en Costa Rica. La hipótesis nuestra es que una gran cantidad de ese cianuro va hacia Nicaragua”, manifestó.
Los constantes decomisos del compuesto procedente de nuestro país reportados por la prensa y el Ejército nicaragüense también amparan esta tesis.
Compras aumentan 623% en una década
Las importaciones de cianuro en Costa Rica coinciden con la expansión de la minería ilegal en Crucitas, de Cutris en San Carlos y de las millonarias exportaciones de oro desde Abangares en Guanacaste.
La presunción de las autoridades es que el producto ingresa legalmente al país con un fin, pero una gran parte termina supliendo el mercado negro para la explotación de oro.
Las compras en el exterior de cianuro pasaron de 62.142 kilos (62,1 toneladas) en 2014 a 449.340 kilos, casi 450 toneladas, en 2024. Esto equivale a un crecimiento de 623%. Así lo reflejan los datos de importaciones del químico facilitadas por el Ministerio de Hacienda ante una solicitud de La Voz de Guanacaste, miembro de esta alianza periodística.
El químico se importa principalmente de Corea, Estados Unidos, Alemania y República Checa.
En el 2020 la importación del compuesto llegó a su punto más alto con 1,2 millones de kilos valorados en 2 millones de dólares. Esto representa un incremento del 631% con relación al 2019.
La Voz de Guanacaste pidió al Ministerio de Hacienda verificar el dato de esta importación debido a la gran diferencia con respecto a años anteriores. La institución respondió que la cifra sí refleja los registros de importación reportados en los Documentos Únicos Aduaneros (DUAS).
De acuerdo con los datos de Hacienda, en total Costa Rica importó 3,2 millones de kilos de cianuro (3.276 toneladas) entre el 2014 y el 2024 con una facturación global de US $24,8 millones.
Las importaciones de cianuro en este 2025 no se detienen. Entre el 01 de enero y el 28 de febrero ingresaron al país 80.286 kilos del compuesto (más de 80 toneladas) valoradas en poco más de US $197.000.
¿Galvanizado y reexportación?
Para conocer cuál podría ser la explicación del aumento en las importaciones de cianuro, La Voz de Guanacaste conversó con los ingenieros Luis Carlos Estrada y Jorge Rojas, miembros del Colegio de Ingenieros Químicos Profesionales Afines (CIQPA).
Rojas, quien fungió como fiscal del Colegio hasta el 31 de marzo, explicó que tradicionalmente Costa Rica ha importado cianuro para reexportarlo legalmente a Nicaragua lo cual podría explicar el aumento en las compras externas del producto.
No obstante, el Ministerio de Hacienda en su respuesta a consultas de La Voz contradijo este argumento. La entidad informó que entre el 2014 y el 2024 únicamente se registró una reexportación de cianuro, con un peso bruto de 1.530 kilos y un valor de 3.703 dólares. El DUA no indica el país de destino, precisó.
Según Rojas las otras posibles explicaciones son el uso de ese compuesto en la minería, así como en la industria de la galvanoplastia.
Para su colega Luis Carlos Estrada ni la minería de Abangares ni la industria del galvanizado justifican las cifras de importación registradas en los últimos años.
“El uso de cianuro que está orientado a la parte de galvanoplastia no es tan grande. Aquí hay empresas pequeñas que consumen 50 kilos por mes, o una cuestión así. Algunas ya más grandes consumen 100 a 200 kilos al mes”, precisó.
Estrada trabajó durante más de 15 años (hasta el 2015) en la venta de productos químicos e incluso importó esas materias primas por lo que conoce bien el mercado y asegura que: “un millón de kilos es mucho”.
Con respecto al uso del compuesto en la extracción de oro de Abangares, el ingeniero recordó que tampoco se deberían utilizar grandes cantidades por tratarse de procesos muy artesanales.
El cianuro está clasificado como un producto químico potencialmente peligroso para la salud humana y el medio ambiente por lo cual su importación, transporte, etiquetado, almacenamiento y uso es restringido. Solo las empresas o personas físicas autorizadas y registradas en el Ministerio de Salud pueden importar y comercializar el compuesto.
Salud informó que en el país hay siete empresas con autorización vigente para la importación y comercialización de cianuro de sodio.
La Voz intentó obtener una versión de las principales importadoras del químico, pero sus representantes no accedieron a atender las llamadas ni contestaron las consultas enviadas por correo electrónico.

En el país centroamericano, la Ley 8904 aprobada el 10 de febrero de 2011, prohibió la minería a cielo abierto y la extracción de oro mediante la lixiviación con cianuro, pero creó una excepción. La norma permitía el uso del cianuro y el mercurio para la minería artesanal a pequeña escala en Abangares y dio un plazo de 8 años para que el Estado y los mineros encontraran alternativas menos contaminantes para procesar el oro. A la fecha, esto no ha ocurrido.
Pese a la buena intención de la Ley 8904, varias reformas legales posteriores respaldaron el uso del cianuro y mercurio para la extracción de oro a pequeña escala en el cantón guanacasteco por cinco años más del plazo autorizado originalmente. La última ampliación de ese plazo expiró en febrero de este año, por lo que en ese momento la actividad se desarrolla en completa ilegalidad.
Según los datos obtenidos por La Voz entre marzo y junio de este año (cuando ya no deberían haberse autorizado nuevas exportaciones) salieron por el aeropuerto 705 kilos de oro valorados en $36,9 millones (unos 18.474 millones de colones).
Tal y como documentó una investigación de La Voz, Interferencia de Radios UCR, Concolón de Panamá y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en setiembre del 2024, Abangares es ahora el nuevo epicentro de la fiebre del oro.
Ahuyentados por una mayor presencia policial en la zona norte, oreros y comerciantes acarrean ilegalmente toneladas de rocas desde la finca Vivoyet, en Crucitas, hasta las montañas de Abangares, Guanacaste, donde terminan de procesar el metal en improvisadas piletas con cianuro construidas sobre el suelo sin mayor protección para el ambiente.

“Mucha gente del pueblo Tres Amigos de Abangares se aliaron con nicaragüenses y se fueron a sacar oro a Crucitas. Me han invitado muchas veces, pero ni loco voy”, declaró a La Voz un minero de Abangares que pide guardar su identidad por asuntos de seguridad.
El minero conoce al dedillo el negocio pues durante muchos años le ha dado de comer. Sin embargo, ahora le preocupa el rumbo que tomó la actividad.
“En Abangares también hay tres empresas procesando lamas (un subproducto que queda tras la separación del oro del material en bruto) para sacar plata. Compran una vagoneta de lamas en ¢150 mil y le sacan ¢1 millón y medio. Eso genera mucha contaminación”, dijo.
Con el oro del norte vienen también los problemas ya documentados en Crucitas como es la contaminación, criminalidad e inseguridad.

Otro minero que accedió a hablar bajo la condición de anonimato lamentó que ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Ambiente ni la policía tomen cartas en el asunto para frenar la contaminación ambiental en Abangares.
“Aquí hay mucho problema de contaminación. Hay plantas de cianuración muy artesanales, muy rudimentarias. Viera qué cosa más terrible. Hacen tres o cuatro huecos en el suelo y los tapan con un plástico y ahí tiran el cianuro. Sacan el oro y la tierra restante la van a tirar a los potreros”, detalló.
Entretanto, un documento de georreferencias al que tuvo acceso La Voz y es parte de una denuncia judicial da cuenta de, al menos, siete plantas de cianuración instaladas en distintas zonas del cantón de Abangares pero que no están registradas en la Dirección de Geología y Minas.
El ingeniero químico Estrada, recordó que el cianuro es una materia peligrosa y clasificada como tóxica. Para el ser humano el peligro primordial es su toxicidad por ingestión o inhalar el polvo del producto. También es muy contaminante para las fuentes de agua porque se disuelve fácilmente y por eso está clasificado como un contaminante marino.
“El otro peligro que tiene es, por decir secundario, que el producto se moje y produzca ácido cianhídrico que es altamente tóxico y si se concentra en lugares confinados puede ser explosivo”, agregó.
Estructura criminal
El viceministro Lacayo dijo que con ayuda de sus fuentes han logrado determinar que existe una estructura (luego la definió como criminal) que pasa el negocio del cianuro del mercado formal, es decir el que está legalmente autorizado, al negocio informal.
Este indicio ya había sido documentado por las autoridades hace cinco años. En un informe que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le envió a la Sala Constitucional, el 14 de mayo del 2020, citado por el Semanario Universidad, puntualiza el tráfico de cianuro, de mercurio, de armas y de personas como parte de los problemas vigentes en Crucitas.

Específicamente sobre el tráfico de los compuestos químicos, el OIJ determinó que: “Existen varios grupos de personas organizadas dedicadas al ingreso de estas sustancias a la zona, ya sea provenientes desde el país vecino del norte u obtenidas de forma irregular de distintas empresas costarricenses encargadas de vender de forma legal ciertos productos químicos”.
Pese a la alerta de esta presunta estructura, los decomisos y detenciones de la policía por tráfico ilegal de cianuro no cesan. De acuerdo con Lacayo “quizás no se hace, desde la parte de la judicialización, una buena lectura del riesgo o el daño que puede generar esa cantidad de cianuro con solo el hecho de trasladarlo sin las condiciones de seguridad que establece la norma”.
Consultado sobre si conoce de condenas por este delito dijo que lo más lejos que saben es que se ha llegado a imponer dos semanas de prisión preventiva a personas detenidas por transporte ilegal del cianuro.
La Voz solicitó información al Ministerio Público sobre personas denunciadas, condenadas o con investigaciones abiertas por tráfico ilegal de cianuro, pero informaron que no cuentan con un dato específico sobre ese compuesto.
“Si una persona es detenida por transportar cianuro sin ningún tipo de documento que lo autorice, le aplicaría el artículo 55 de la Ley para la Gestión integral de Residuos”, informó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Ese artículo establece: «Tráfico ilícito. Se impondrá la pena de prisión de dos a quince años a la persona que sin autorización exporte, importe, transporte, almacene, comercialice o ponga en circulación residuos o sustancias peligrosas, bioinfecciosos o radioactivos. La pena será de seis meses a tres años si estas conductas se realizan con otros tipos de residuos y sin autorización».
El Poder Judicial informó que 44 personas fueron condenadas por tráfico ilícito de residuos o sustancias peligrosas, entre el 2019 y el 2024, sin determinar el tipo de sustancia. En 34 casos se otorgó ejecución condicional de la pena. Este beneficio permite a una persona condenada no ir a prisión, sino que cumpla la pena en libertad, bajo ciertas condiciones.
La Voz intentó obtener una entrevista con el fiscal ambiental para conocer las razones por las cuales los arrestos y decomisos no se materializan en acusaciones formales contra los detenidos o las empresas responsables, pero la oficina de prensa del Ministerio Púbilco informó que no era posible.
“En virtud de que ese tipo de casos son liderados por la Fiscalía Ambiental, como especialista en la materia, se realizó la consulta en ese despacho. Sin embargo, esa fiscalía indicó que, por ahora, no será posible una entrevista sobre estos temas”, agregó la responsable de prensa del Ministerio Público.
Mientras tanto, el cianuro sigue llegando legal o ilegalmente al país, contaminando ríos y sin que hasta ahora se conozcan los daños en la salud de las personas.
Países Minados II es una investigación colaborativa de La Voz de Guanacaste e Interferencia de Radios UCR (Costa Rica), Revista Concolón (Panamá) y el >Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
En esta segunda serie de entregas, el proyecto profundiza en la extracción de metales y las irregularidades que rodean a la industria minera en Costa Rica y Panamá. La primera parte fue publicada en 2024.




