El quinto Informe Estado de la Justicia 2025, del Programa Estado de la Nación (PEN), se da en un contexto costarricense donde el Poder Judicial ha estado recibiendo ataques políticos más fuertes que los años anteriores. La investigación busca documentar las acciones que se han presentado por parte de los otros poderes de la República, y “agresiones a oficinas y personal judicial”, por actores criminales en una creciente inseguridad.
Evely Villarreal Fernández, coordinadora de la investigación del Estado de la Justicia, compartió los hallazgos de este informe. Menciona que este tiene como objetivo generar discusiones y espacios en donde los temas se pongan al debate ciudadano pero con base en información.
Villarreal explicó que los ataques que se han visto tienen que ver más con manifestaciones que buscan deslegitimar o controlar al Poder Judicial. Añadió que estas manifestaciones pueden adoptar formas de amenazas directas, amedrentamientos, control del presupuesto o manipulación del presupuesto, así como proyectos de ley que vayan en contra de la independencia judicial. Y particularmente, los que se observan en el informe, son los ataques que individualizan a operadores judiciales con nombre y apellido.
“Es considerado internacionalmente una amenaza contra la independencia judicial porque ahí claramente lo que se está tratando de hacer es influir en algún proceso o evadir algún proceso”, Evely Villarreal Fernández, coordinadora de la investigación del Estado de la Justicia.
Riesgos de los ataques
Villarreal, menciona que el Poder Judicial cumple dos funciones esenciales: garantizar los derechos y libertades de todas las personas y controlar al poder político para que se ejerza en los marcos de legalidad. Si el Poder Judicial pierde independencia, cualquier conflicto social quedaría expuesto a la manipulación de intereses particulares.
“Ese grupo de poder [político] controlaría la resolución de todos nuestros conflictos sociales de acuerdo a sus intereses y toda la ciudadanía quedaría indefensa”, Evely Villarreal Fernández, coordinadora de la investigación del Estado de la Justicia.
Además, debilita el control judicial que hay sobre el poder político, el cual funciona como un freno para que no se salten el procedimiento a seguir, para que no se puedan dar contratos a amigos, o “al dedo», y se siga el debido proceso.
Villarreal mencionó que se realizó un estudio de actitudes hacia el Poder Judicial desarrollado con datos del Centro de Investigación y Estudios de la Universidad de Costa Rica (CIEP), para ir más allá de si se confía o no. Se pudo ver que el valor de la independencia judicial era muy apreciado por la gran mayoría de las personas, independientemente de si tenían críticas o no en la institución.
Debilidades del sistema
Villarreal abordó la situación de la gestión judicial y su larga duración. Desde la materia penal, el sistema está totalmente colapsado, donde los promedios generales invisibilizan rezagos específicos. Por ejemplo, los delitos sexuales en promedio están durando 10 años para una resolución en tribunal. Esta demora compromete el acceso a la justicia y genera riesgos de pérdida de pruebas y retraimiento de víctimas.
Asimismo, en el caso de delitos de enriquecimiento ilícito, relacionados con corrupción y crimen organizado, los procesos resultan cada vez más complejos y prolongados. También los delitos contra la vida, porque está aumentando su complejidad, como un sicariato, o un homicidio triple.
Los retrasos se pueden deber a tres causas según la coordinadora de la investigación: la legislación, puesto que no hay buena técnica legislativa; la falta de recursos, ya que frecuentemente se aprueban leyes sin presupuesto asignado, y las deficiencias de gestión, y el factor humano, donde hay unas buenas oficinas y otras no. También detalló que parte de la lentitud se debe a que los abogados pueden invocar prerrogativas legales que permiten diferir audiencias múltiples veces.
La coordinadora menciona que mientras no se aborden cambios de fondo en la gobernanza, cualquier mejora será parcial y paliativa.
El informe completo está disponible al público para su consulta. De igual forma, para acceder a la entrevista completa, acceda al siguiente enlace: