El Tribunal Contencioso Administrativo archivó por caducidad una demanda que interpuso el excatedrático de Derecho, Mainor Salas Solís, en contra de la Universidad de Costa Rica (UCR), de varios funcionarios y de la periodista Hulda Miranda Picado. Además, condenó a Salas al pago de costas del proceso, en el que él reclamaba una indemnización por ₡500 millones y la anulación de su despido.
La caducidad se refiere a cuando se extingue la posibilidad de reclamar un derecho porque transcurrió el plazo legalmente establecido para hacerlo.
En una audiencia oral realizada hoy martes, la jueza Cindy Chavarría consideró que, de acuerdo con la normativa del Código Procesal Contencioso Administrativo, el excatedrático contaba con el plazo máximo de un año para iniciar el proceso.
Salas inició la demanda después de que la UCR declaró sin lugar su recurso de apelación, pero según el fallo de la jueza y la normativa, el plazo corre a partir de que fue notificado del primer acto del despido, explicó el abogado David Delgado, quien representa a la periodista Hulda Miranda.
El excatedrático fue representado en este caso por el abogado Boris Molina Matthew.
Además de la UCR y la comunicadora, las otras personas demandadas son el exrector Gustavo Gutiérrez; el actual rector Carlos Araya; el exdecano Alfredo Chirino; la decana Marcela Buján; y la excoordinadora de la Comisión Contra el Hostigamiento Sexual, Nacira Álvarez.
La resolución puede ser objetada en la vía de casación y por lo tanto conocida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
El caso
En mayo del 2019, el Semanario Universidad publicó denuncias de estudiantes y exestudiantes que señalaban a Salas por conductas como insultos, uso de lenguaje obsceno y proposiciones sexuales.
Posteriormente, algunas de ellas decidieron acudir a la vía administrativa para iniciar los procesos formales de denuncia. Varios culminaron con la decisión del despido.
En el caso que se conoció en este proceso contencioso, Salas fue despedido el 7 de junio de 2022, cuando la decanatura acogió la recomendación del órgano instructor del procedimiento y lo declaró responsable de cometer conductas de hostigamiento sexual en perjuicio de la denunciante. A él se le notificó dos días después.
En mayo del 2023, la Rectoría rechazó las apelaciones y confirmó el despido.
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Salas interpuso una demanda contenciosa en abril del 2024.