El artículo 123 de la Convención Colectiva de Bomberos permite despedir funcionarios sin causa justa. Exbomberos sostienen que se usa contra quienes denuncian irregularidades, cuestionan decisiones o simplemente resultan “incómodos” para la administración. Mientras la administración defiende su legalidad, tribunales han comenzado a anular despidos.
En abril del 2024, funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegaron a una estación de Bomberos en la zona sur del país para indagar sobre presuntas irregularidades dentro de la institución, las cuales involucraban al jefe de un batallón.
Un bombero decidió testificar sobre los supuestos actos de corrupción y unas semanas después, el 26 de junio de ese año, recibió una carta de despido en la que no se le daba ninguna justificación. Sin embargo, el 26 de febrero del 2025, el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José ordenó su reintegración inmediata.
El caso de este bombero, quien pidió reservar su identidad, no es un hecho aislado. Diversos testimonios recopilados por Interferencia de Radios UCR denuncian la existencia de una “cultura del miedo” dentro del Benemérito Cuerpo de Bomberos debido a una norma de la Convención Colectiva que, según sus denuncias, permite realizar despidos injustificados de funcionarios supuestamente incómodos para la administración.
Se trata del artículo 123 de ese cuerpo normativo (anteriormente regulado en el 160 de la convención pasada) y permite esas destituciones “sin causa justa”, es decir, sin explicación o fundamento, pero pagándole todos los extremos labores a la persona cesada.
La norma se cuestionó a mediados del año pasado, cuando Bomberos despidió a 10 funcionarios sin causa justa, incluyendo al bombero que por orden judicial luego fue reintegrado. En aquel momento, Mónica Araya Esquivel, quien había sido presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), afirmó que las personas despedidas habían denunciado irregularidades en la entidad y que algunas señalaban al director de Bomberos, Héctor Chaves León.
Araya también criticó que se usara esa norma de la Convención Colectiva a pesar de que había sido suspendida por acuerdo del Consejo Directivo de Bomberos, aunque luego se reactivó.
Tras estos hechos, Interferencia solicitó a Bomberos datos sobre las personas despedidas bajo ese mismo artículo desde el año 2010. Inicialmente, la entidad se negó a entregar la información, argumentando que era de carácter “sensible”. Ante la negativa, este medio interpuso un recurso de amparo que la Sala Constitucional declaró con lugar, obligando a la institución a entregar la información solicitada.
El listado entregado por Bomberos consta de 45 nombres. Interferencia intentó contactar a todas estas personas, pero solo 19 contestaron. De ellas, dos prefirieron no referirse porque no tenían “nada bueno que decir de la institución”. Otras 17 personas sí accedieron a dar su relato; algunas de ellas eran parte del grupo despedido el año anterior. Sin embargo, de esos testimonios recopilados por Interferencia, muchos hablaron bajo condición de anonimato, porque aún temen represalias. Todas las personas entrevistadas coincidieron en cuestionar el uso que se le da a la norma.
De los testimonios recopilados se desprende que dicho artículo de la convención es conocido dentro de la entidad como “la norma del miedo” y que, en ocasiones, se aplica cuando bomberos o bomberas “caen en desgracia” frente a la administración, por diversos motivos, según sus narraciones.
“Trabajás bajo la amenaza de ‘te van a despedir, te van a despedir’. ‘Si no hacés esto, te podemos despedir’, porque tienen ese artículo a la mano. Entonces, es un artículo muy cómodo para utilizarlo a su gusto en una institución que recibe fondos públicos”, expresó otro bombero, quien también prefirió mantener su nombre en el anonimato.
El cuestionado artículo de la convención es contrario a la Constitución Política, la cual en el artículo 192 dispone que los servidores públicos solo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo. Es decir, esos funcionarios únicamente pueden ser removidos a través de un debido proceso.
Sin embargo, el artículo 123 de la Convención Colectiva de Bomberos dispone que “tanto el Cuerpo de Bomberos como cualquier trabajador (a) podrán ponerle término al contrato de trabajo sin justa causa”. Esa es la norma que ha permitido despedir a los trabajadores de esa institución sin un debido proceso y sin más que la simple decisión de los altos jerarcas.
Ese artículo se encuentra actualmente impugnado con una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, interpuesta por varios exfuncionarios.
Consultado por Interferencia, el director de Bomberos, Héctor Chaves León, negó que el artículo 123 se utilice para despedir a funcionarios incómodos ni para generar un clima de miedo dentro del Cuerpo de Bomberos. Argumentó que el procedimiento es legal y justificado, y que la institución no actúa por represalias, pero que, bajo esa norma, “no está obligada a dar las razones por las cuales toma la decisión” de cesar a funcionarios.
“Nunca se ha utilizado este artículo como una forma de represalia, sino que privan intereses institucionales a la hora de tomar las decisiones. Igual como el trabajador puede renunciar a su trabajo, la institución también puede rescindir ese contrato”, externó Chaves.
El jerarca de esa entidad rechazó que se haya despedido a personas por presentar denuncias internas y afirmó que se trata de “meras coincidencias”.
Además, consideró que no es válido afirmar que exista un patrón de represalias basándose en algunos casos. Aunque se le mencionó que se recogieron 17 testimonios y se le detallaron varios de estos, el jefe de Bomberos los calificó de “especulaciones” y recalcó que “todo siempre tiene más de un punto de vista”.
Chaves, por ejemplo, defendió el despido del funcionario destituido tras testificar ante el OIJ sobre los supuestos actos de corrupción y que un tribunal ordenó su reinstalación. “A veces las circunstancias hacen coincidir las cosas, pero ese caso no tiene ninguna relación entre el despido de este señor con algún tipo de denuncia, para nada”, expresó.
Recalcó además que la decisión del tribunal laboral de San José fue para acoger una medida cautelar y no una decisión sobre el fondo del asunto. Sin embargo, esa información es errónea, pues la sentencia de ese juzgado resolvió el fondo del asunto: declaró nulo el despido e incluso ordenó el pago de los salarios caídos.
Chaves también apoyó la existencia del cuestionado artículo 123 en la Convención Colectiva. Lo consideró un mecanismo necesario y legítimo dentro del régimen disciplinario de la institución. Incluso aseguró que sí es constitucional y resaltó que el Ministerio de Trabajo ha refrendado la norma, al igual que el sindicato de Bomberos.
“Esta norma debe mantenerse y nunca se ha visto como una forma de represalia o castigo. Eso no es es algo que que se pueda afirmar tan a la ligera, porque cuando esta convención se negocia está un sindicato que representa a todos los trabajadores y todos los sindicatos de aquí para atrás, hasta los años 70, han estado de acuerdo en representación de los trabajadores de que este artículo se mantenga en la Convención Colectiva”, dijo Chaves.
Además, defendió la reactivación de esa norma que había sido suspendida tras los señalamientos de que se utilizaba para castigar a funcionarios críticos. Según Chaves, esa suspensión fue “improcedente”, porque el Consejo Directivo no tenía la potestad para inhabilitar su aplicación.
En los últimos años, Chaves ha afrontado diversos cuestionamientos, por ejemplo, por uso de vehículos para asuntos personales, compra de terrenos sin justificación o el supuesto pago de un helicóptero para que una funcionaria viajara a realizar una diligencia. Por temas como estos ha afrontado investigaciones administrativas y hasta penales.
El Cuerpo de Bomberos es una institución con desconcentración máxima del INS, según establece la ley. Su Consejo Directivo está compuesto por tres miembros designados por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros y los dos restantes son elegidos por los funcionarios del Cuerpo de Bomberos.
“Caer en desgracia”
En 2017, otro bombero —quien también pidió mantenerse en el anonimato por temor a represalias— fue despedido sin una explicación clara. Al consultar a Recursos Humanos sobre los motivos, asegura que la única respuesta que recibió fue: “Usted sabe cómo son las cosas aquí en el Cuerpo de Bomberos”.
Sostiene que su despido se dio luego de que, en el 2017, un viernes, él envió un correo a Recursos Humanos indicando que, en su criterio, no se debía aprobar la nueva Convención Colectiva porque el salario para nuevos bomberos era muy bajo.
“No hubo respuesta a ese correo. El sábado fui a la votación de la Convención Colectiva, voté en contra y el lunes estaba despedido a las 8 de la mañana”, relata ese mismo bombero, quien se desempeñó 9 años en esa institución.
Esa convención fue aprobada y tuvo vigencia hasta 2019, pues en el 2021 se renegoció.
Otro exfuncionario de Bomberos, quien solicitó ser identificado solo con el apellido Murillo, relató que, días antes de ser despedido, comenzó a presionar para que se le entregaran insumos necesarios para desempeñar su labor, ya que varios jefes estaban atrasados en responder.
“Yo ya llevaba 15 días que no me lo entregaban. Entonces, presioné. Por ahí escuché un comentario que decía ‘qué intensidad’ (tras enviar un correo solicitando la información). Luego, llegó la carta de despido”, cuenta Murillo, quien además afirma que apenas llevaba dos meses en el cargo y nunca se le señalaron errores en su proceso de adaptación.
“Yo he trabajado en empresas públicas y uno sabe como es la relación con los jefes, que aparte del respeto, no hay que guardarle ningún tipo de endiosamiento, pero en Bomberos sí. Ahí es muy jerárquico el asunto”, añadió Murillo.
Otro exbombero, quien también solicitó reservar su identidad, afirmó que fue despedido tras enviar un correo electrónico a su jefe y al asistente de este donde exponía una situación que afectaba al Cuerpo de Bomberos a nivel económico. Tres días después se le entregó la carta de despido, en lo que él considera una represalia directa por denunciar irregularidades.
Como él, otros testimonios recopilados afirman que los despidos bajo esa norma ocurrieron justo después de que realizaron alguna acción que no fue bien recibida por un alto cargo, como cuestionar una decisión o presentar una denuncia.
Precisamente, esa fue la razón por la que, el 28 de octubre del 2022, el Consejo Directivo de Bomberos suspendió el artículo 123 de la Convención Colectiva. El acuerdo justificaba esta decisión “como una medida para garantizar que los testigos u otros funcionarios no sean amenazados”, pues “se trata de una figura que puede ser utilizada como una forma de amenazar la estabilidad de los trabajadores, lo cual puede obstruir el proceso de investigación y también puede constituirse en una barrera para que el colaborador denuncie situaciones similares”, según se lee en el acta de la sesión.
Sin embargo, tras la destitución de Mónica Araya por parte del gobierno de Rodrigo Chaves en mayo del 2024, el 6 de junio del 2024 el Consejo Directivo de Bomberos, con Gabriela Chacón Fernández como presidenta del INS, reactivó la aplicación del artículo.
En todo caso, antes de eso ya habían sido despedidos otros bomberos y bomberas bajo esa norma.
Oscar Mario Soto Gónzalez fue teniente en Bomberos y afirmó que, antes de ser despedido, expresó su inconformidad con una nueva política sobre el despacho de unidades. Relata que además se quejó de una carta en donde un alto cargo aseguraba que los bomberos “no hacían nada todo el día”.
Soto incluso interpuso un recurso de amparo el 30 de junio del 2017, en este alegaba haber sido despedido de forma arbitraria tras apoyar un recurso de amparo interpuesto por el sindicato UPINS el 12 de mayo de 2017, en defensa del derecho a la jornada laboral.
Aseguraba que la administración respondió al recurso enviando correos masivos con advertencias y solicitando a los jefes de batallón recolectar firmas para que la Sala Constitucional lo rechazara. Tras discutir con su equipo y decidir no firmar la petición, fue despedido el 18 de junio de ese año sin explicación alguna, a pesar de no tener sanciones previas, pero la Sala Constitucional declaró sin lugar al considerar que debía conocerse en vías ordinarias
Otro caso es el de un funcionario destituido en 2022, quien solicitó el anonimato porque actualmente su empresa le vende al Estado y teme consecuencias. “Existe la posibilidad de que, bajo esta red de cuido, me hagan la vida imposible”, expresó. Él aseguró que fue despedido tras negarse a autorizar un programa con supuestos sobrecostos y que se le solicitó guardar silencio ante otros actos de incompetencia por parte de compañeros y superiores.
“Cuando yo lo notifiqué (las presuntas irregularidades) y le dije a mi jefe que había cosas que no estaban bien, él se dio a la tarea de colocar diferentes personas para que cualquier cosa que yo hiciera, dijera o ejecutara diferente de lo que a él le parecía, que se lo dijeran de inmediato para irme presionando cada vez más. Es muy posible lo que buscaba era que yo renunciara”, explicó el exfuncionario.
Añadió que en diciembre del 2021 consultó si sería despedido y que su jefe se lo negó aduciendo sus “buenas evaluaciones”. Semanas después, el 10 de febrero del 2022, fue despedido a través del artículo 123.
“Fue bastante desagradable saber que el mecanismo de ejecución del artículo 123 no está determinado para quitar a personas que no sean competentes, sino que lastimosamente se usa para crear una cultura del miedo: lo quitaron porque él dijo algo y como lo quitaron porque dijo algo, vea a ver si usted (otros funcionarios) se atreven a decir algo más. Así funciona el artículo 123”, explicó ese mismo bombero destituido.
“A mí en su momento me dijeron: ‘mire, es que aquí (en Bomberos) no hay requisito para poder quitar a la gente. Funcionamos casi como una empresa privada’”, añadió ese mismo extrabajador.
Juan Pedro Cabrera Vega, fue uno de los despedidos en el grupo del 2024 tras la reactivación de la “norma del miedo”. “Yo tengo una lesión de hace muchos años y podría ser que yo le estorbo o soy un gasto para la institución. Lo que pasa es que la lesión que tengo yo me la hice en el trabajo y ahora ellos me despiden. Digamos, si usted contrata un trabajador y se lesiona, entonces ya no te sirve mucho”, manifestó.
Cabrera también es esposo de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, quien formó parte del gabinete del presidente Rodrigo Chaves desde el inicio de su mandato en mayo de 2022. Navarro fue destituida de su cargo en setiembre del 2022.
Tras su salida, denunció públicamente un supuesto favorecimiento del Ejecutivo hacia el empresario Christian Bulgarelli, relacionado con la asignación de recursos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Según Navarro, estos fondos habrían sido utilizados para beneficiar de forma indebida a Bulgarelli en procesos de comunicación institucional impulsados desde el Gobierno.
En octubre del 2023, la exministra incluso dijo ante la comisión legislativa que investigó las contrataciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) que se quedó callada mucho tiempo por miedo a represalias contra su esposo. En menos de un año, su marido fue despedido del Cuerpo de Bomberos.
El director de Bomberos negó que ese despido tenga relación con una lesión o que haya sido tratado como un gasto, tampoco que haya sido en respuesta a la denuncia de la exministra contra el gobierno del presidente Rodrigo Chaves.
Ser “amigo” de personas consideradas “enemigas” de la cúpula de Bomberos es otra de las razones a la que atribuyen los despidos. Ese fue el caso de Melania Bermúdez Vargas. “Uno sabía que había que tener cuidado con quien andaba porque le podía pasar lo mismo”, manifestó.
Bermúdez aseguró que cuando alguien “se le une a una persona que se le ha plantado a la administración, usted se vuelve enemigos de ellos”.
De acuerdo con su relato, había otra funcionaria incómoda para las jerarquías de Bomberos y que se le envió a una oficina donde no conocía a nadie con el fin de que se aislara. Según su testimonio, ella y otra personas decidieron acercarse y entablar amistad. Luego de eso, fueron despedidas. “Fuimos un daño colateral, ellos iban contra ella y para desestabilizarla emocionalmente lo que hicieron fue quitarle las personas que le hablaban”, dijo la funcionaria que formó parte de los 10 funcionarios destituidos en la polémica del año pasado, tras la reactivación del artículo 123. Recientemente también fue reinstalada por una medida cautelar emitida por un tribunal tras una demanda interpuesta por su despido.
“Hay una forma de adoctrinar al personal y ese es el miedo. Así se gobierna (en Bomberos): con el miedo (…) Lo que no sea lo que ellos piensen nunca va a ser bien recibido y más bien los puede hacer caer en desgracia”, agregó.
Un exbombero de apellido Chaverri considera que fue despedido por hacerse cercano a esa persona considerada “enemiga” de las jerarquías. Asegura que hasta le enviaron mensajes a través de personas diferentes diciéndole que no se juntara con ciertas personas, por lo que supone que esa fue la razón. “Yo seguí con las amistades y un día de la nada me despiden”, relató. La separación ocurrió en enero del 2022.
Consecuencias
Varias personas extrabajadoras de Bomberos coincidieron en que el momento del despido ha dejado una marca profunda.
“Te ponen a un colaborador de ellos, de jefatura, para que te recojan el carné, la tarjeta institucional, el control de acceso. Ese muchacho lo persigue a uno como si uno fuera un delincuente, literal. Los edecanes tenían la orden de que debían escoltarnos a la salida. ¡Dios mío! Nunca me robé un lapicero y como si uno fuera un delincuente”, criticó Melania Bermúdez.
“Yo cogía las gavetas y en una bolsa ahí, que yo tenía ahí de esas de compras, echaba las cosas: así como cayeran. O sea, sacaba la gaveta y así la echaba en la bolsa y en el maletín mío. Y era como de ‘rápido, rápido, se tienen que ir’. Yo siento que es una estrategia para que uno no piense. Quieren hacerle un shock”, añadió.
Relató que, en su caso, tuvo que salir tan rápido que a los 50 metros de haber abandonado el edificio estacionó para llorar: “Son 25 años de estar en una institución y de pronto a los 46 años quedarse sin trabajo. Era algo irreal”.
Bermúdez explicó que ella lo único que pedía, si la querían despedir, es que le hicieran un debido proceso.
Tras ser despedidos, algunos exfuncionarios emprendieron negocios propios y otras fueron contratadas en otros lugares. Sin embargo, algunas personas despedidas tenían muchos años de servirle a la institución y tenían el temor de que por su edad fuera difícil ser contratados.
Un exbombero que afirma haber sido despedido por quejarse de una convención próxima a aprobarse, comentó que después de esto tuvo que ir al psicólogo, porque la situación le afectó. “Vendí cosas por la calle, hice Uber y me ofrecí para trabajos varios”, narró.
Muchas de las personas entrevistadas coinciden en que para ellos ser parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos “es su vida”. Uno de ellos es Geiner Umaña Villegas, quien también fue despedido. “Yo pensé que me iba a pensionar ahí”, lamentó. Luego comenzó a estudiar la carrera de Derecho a raíz de su despido sin justa causa “para prepararse y defenderse”.
Umaña afirmó que fue despedido después de una serie de represalias por negarse a seguir órdenes indebidas. Relata que en algunas ocasiones era nombrado como jefe, pero su superior le pedía que “le hiciera la vida imposible” a ciertos trabajadores. Como se negó a hacerlo, comenzó a perder su confianza, indicó.
A partir de ese momento, le restringieron la participación en cursos y actividades institucionales. Ante esta situación, Umaña empezó a presentar quejas ante el sindicato. Poco después, fue despedido. Los funcionarios recalcan que aman la institución, pero cuestionan a sus autoridades.
“Muchos con los que yo hablo me dicen: ‘¿ahora que hago? No tengo nada, soy bombero. No hay otro Cuerpo de Bomberos que me contrate’. Uno queda como en el vacío, no tiene nada”, expresó Oscar Soto.
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