En resumen: Casa Presidencial aseguró que reemplazó los contenidos de educación sexual en las aulas, pero un análisis técnico del propio Ministerio de Educación Pública (MEP) advierte lo contrario. El nuevo plan que fue implementado tras la eliminación del programa anterior omite temas clave como salud sexual, consentimiento, diversidad e identidad de género, y no puede considerarse un verdadero reemplazo, según el criterio de funcionarias especializadas del MEP.
“El nuevo programa no reemplaza los programas derogados”, señala el documento interno del MEP, que califica el cambio como un retroceso normativo y pedagógico con posibles impactos en los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Durante el informe del presidente Rodrigo Chaves ante la Asamblea Legislativa, Presidencia afirmó haber eliminado la “perversión” de las aulas al sustituir los programas educativos sobre sexualidad y afectividad. En su informe escrito, el Ejecutivo indicó que el “gobierno sustituyó los programas de Afectividad y Sexualidad, cuyo enfoque era inapropiado para la edad de los estudiantes”.
El análisis técnico solicitado por el propio MEP concluyó que el nuevo programa implementado tiene deficiencias tan graves que impiden modificarlo para incorporar elementos esenciales de educación sexual integral. La Defensoría de los Habitantes recomendó restituir el plan eliminado, al considerar que su eliminación podría vulnerar derechos fundamentales de la población estudiantil.
El MEP no respondió oportunamente a consultas de Doble Check para esta verificación.
Anuncio en informe presidencial
Durante el informe de labores del presidente de la República ante la Asamblea Legislativa el 5 de mayo, Casa Presidencial afirmó en un video que había “sacado la perversión de las aulas” al eliminar los programas educativos de sexualidad y afectividad que estaban vigentes desde el 2012.
En el informe completo al directorio legislativo, Presidencia aseguró que los contenidos eliminados eran “inapropiados para la edad de los estudiantes” y alegó que incluían referencias a la autoestimulación y el uso de juguetes sexuales en menores de entre 2 y 9 años. Esas afirmaciones carecen de fundamento.
“Este gobierno sustituyó los programas de Afectividad y Sexualidad, cuyo enfoque era inapropiado para la edad de los estudiantes […] Eso terminó”, indica el informe completo..
El plan que reemplazaría esos contenidos, según el Gobierno, es el Programa de Educación para la Paz y la Convivencia, presentado como una iniciativa centrada en el consentimiento, la toma de decisiones responsables y la prevención de embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual.
Por solicitud del Ejecutivo, el Consejo Superior de Educación eliminó el Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral para III Ciclo (aprobado en 2012) y su ampliación a Educación Diversificada el 16 de enero de este año. El Consejo le encargó al MEP la elaboración de un nuevo programa, el cual fue presentado el 27 de enero con la expectativa de implementarlo a partir de marzo.
Análisis encargado por el MEP
El MEP hizo un análisis propio que detectó que el nuevo Programa de Educación para la Paz y la Convivencia tiene carencias estructurales y normativas que hacen “materialmente imposible y técnicamente improcedente” incorporar en él los elementos fundamentales de la educación sexual integral.
¿Por qué el MEP realizó esa evaluación? La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional a finales de enero donde alegó que la eliminación del programa de afectividad y sexualidad del MEP vulneraba “derechos fundamentales a la educación sexual y a la salud sexual y reproductiva de las personas adolescentes y jóvenes estudiantes de colegios públicos del país”. No obstante, el 4 de abril, la Sala rechazó el recurso por improcedente, al considerar que no se acreditó una afectación concreta e individualizada, y recordó que el amparo no es un mecanismo para impugnar decisiones administrativas de manera abstracta.
Tras reuniones sostenidas el 3 y 4 de febrero dentro del MEP, la viceministra académica, Guiselle Alpízar, solicitó un criterio técnico interno para evaluar el nuevo programa.
Ese informe fue elaborado por un grupo de funcionarias del MEP con trayectoria en salud, psicología, género y educación especial: Tatiana Cartín Quesada, jefa del Departamento de Salud y Ambiente; Celia Lucía Jiménez Hidalgo, asesora nacional de Educación Especial; Adriana Sequeira Gómez, jefa de la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género; y Yeimy Quesada Campos, asesora nacional de Psicología.
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Abrir en una nueva pestaña El 30 de abril, la Defensoría de los Habitantes también emitió un informe donde recomendó restituir el programa eliminado, tras advertir que su eliminación constituía un “retroceso normativo y pedagógico significativo” que podría vulnerar derechos fundamentales de la población estudiantil.
No hubo reemplazo, señala el propio MEP
El criterio técnico elaborado por funcionarias del MEP es claro: el nuevo plan de la administración Chaves Robles no cumple los estándares para considerarse una sustitución del programa de educación sexual eliminado.
“El nuevo programa no reemplaza los programas derogados”, sentencia el informe. El análisis sostiene que el Programa de Educación para la Paz y la Convivencia “aborda la educación en sexualidad de manera superficial y diluye el tema” entre otras temáticas generales como convivencia, valores y desarrollo personal.
La propuesta del Ejecutivo no reconoce la educación sexual como un derecho humano, ni desarrolla sus dimensiones científicas, éticas y de salud pública. Así se desprende del oficio entregado el 10 de febrero al nuevo ministro de Educación, José Leonardo Sánchez; y Karolina Artavia, directora de Desarrollo Curricular, cuyo departamento fue el encargado de diseñar el nuevo programa.
El 5 de mayo, durante su informe ante la Asamblea Legislativa, el Gobierno aseguró que el nuevo programa mantenía temas clave como el consentimiento en las relaciones afectivas y sexuales. Sin embargo, el criterio técnico contradice esa afirmación.
“No se habla sobre el consentimiento de manera clara y directa. La palabra ‘consentimiento’ aparece de forma vaga, sin desarrollar estrategias concretas para enseñar sobre relaciones libres de coerción”, explican las autoras del informe.
Según el análisis, uno de los principales problemas del nuevo plan es que ya no presenta la sexualidad como un eje autónomo y estructurado —como sí lo hacían los programas anteriores—, sino que la dispersa dentro de categorías amplias como “autogestión para una vida saludable” o “crecimiento con plenitud”.
Las autoras advierten que esa ambigüedad impide abordar con claridad temas fundamentales como salud sexual y reproductiva, consentimiento, diversidad sexual e identidad de género, todos pilares reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Política Nacional de Sexualidad vigente en Costa Rica desde 2011.
“El diseño curricular (macro y micro currículo) del Programa de Educación para la Paz y la Convivencia no permite la integración de los contenidos fundamentales de la educación sexual integral de manera adecuada, lo que compromete su efectividad”, señaló el grupo de especialistas.
Además de omitir contenidos clave, el nuevo programa no menciona explícitamente la orientación sexual ni la identidad de género, y deja por fuera a las poblaciones LGBTIQ como sujetos visibles de derechos. El nuevo plan tampoco menciona estrategias concretas para prevenir la violencia de género o el abuso sexual, a pesar del aumento de femicidios en el país.
Para las autoras del informe, el impacto de dichas omisiones no es menor. A su juicio, está en juego es el principio de progresividad en derechos humanos, que impide a los Estados retroceder en las garantías previamente otorgadas. La supresión de estos contenidos, advierteron, puede aumentar la exposición de la niñez y la adolescencia a embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, relaciones abusivas y discriminación por identidad de género u orientación sexual.
Como conclusión, el equipo técnico del MEP señaló que las limitaciones del nuevo programa no son corregibles mediante ajustes parciales. En su criterio, las deficiencias son tan profundas que impiden cualquier intento de modificación sustantiva: “Es materialmente imposible y técnicamente improcedente realizar estos ajustes debido a las carencias estructurales y normativas evidenciadas en el diseño del nuevo programa”, advirtieron.
La posición del nuevo jerarca del MEP
Doble Check contactó al MEP para conocer su posición frente al informe técnico de sus propias funcionarias. No se obtuvo una respuesta oportunamente.
No obstante, en el marco del recurso de amparo de la diputada Rocío Alfaro, el ministro de Educación y presidente del Consejo Superior de Educación, Leonardo Sánchez, defendió la eliminación del programa anterior. “No es cierto que la decisión del Consejo Superior de Educación de eliminar el Programa de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral se haya adoptado sin la adecuada fundamentación”, afirmó el jerarca, quien también negó que se dejara a los estudiantes sin una propuesta alternativa.
En su respuesta ante la Sala, remitida el 25 de febrero, el ministro no hace referencia al criterio técnico que habían formulado las funcionarias de su ministerioa inicios de ese mismo mes.
Según el ministro, el nuevo programa incluye un eje temático llamado “Creciendo con plenitud: sexualidad, educación y bienestar”, el cual busca abordar la sexualidad como parte del desarrollo humano integral. La propuesta se basa en principios como la diversidad, la empatía, la resolución pacífica de conflictos y el respeto a los derechos humanos.
Sánchez también subrayó que el Consejo solicitó revisar y ajustar otros programas de estudio —como Ciencias, Psicología y Educación Cívica— para asegurar que incluyan contenidos sobre sexualidad y afectividad adecuados para cada etapa educativa. El ministro indicó que el enfoque del nuevo plan aspira a formar estudiantes con “competencias para una ciudadanía responsable y solidaria, con capacidades para la vida plena y con bases fuertes para la empleabilidad y el emprendimiento”.
La argumentación del ministro Sánchez ante la Sala está divorciada de los criterios expresados por la Defensoría de los Habitantes en un informe entregado al MEP el 30 de abril. La Defensoría le pidió al ministerio “reactivar el Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral, en apego a criterios técnicos y el respeto a los derechos que tienen las personas menores de edad, principalmente a una Educación Integral en Sexualidad y el acceso a la información sobre la afectividad y sexualidad”.
Por la falta de una respuesta directa del ministerio, no fue posible indagar si este acatará la recomendación de la Defensoría de los Habitantes.
Nota del editor: Doble Check realizó esta verificación como parte del proyecto #CRíticaMente, con el apoyo de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte y la fundación People In Need Costa Rica.