En resumen: La diputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas, dijo que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) “no se financia ni con un solo colón de fondos públicos” porque sus ingresos provienen de la matrícula estudiantil y cobros a locales comerciales en la institución. Esa descripción es incorrecta.
En realidad, los ingresos que la federación recauda en su presupuesto por esas vías son recursos públicos. Ese es el criterio que mantiene la Contraloría General de la República (CGR).
Los fondos de la FEUCR provenientes de la cuota de Bienestar Estudiantil en el proceso de matrícula son recursos públicos porque “son recaudados directamente por la UCR y, por tanto, ingresan al patrimonio de una entidad pública”, aclaró la CGR a Doble Check.
Además, los aranceles a las cafeterías y fotocopiadoras ubicadas dentro del campus son recursos públicos porque los espacios donde se prestan los servicios son públicos. “Por lo tanto, los recursos que se generen producto del uso de dichos bienes conservan su naturaleza pública”, señaló la Contraloría.
Ante consultas de Doble Check, Priscilla Vindas justificó que ella se refería al hecho de que esos recursos de la FEUCR no provienen de transferencias del Gobierno Central. Según la diputada, ella pretendía aclarar críticas del partido Nueva República por la abrupta cancelación de los conciertos de la Semana Universitaria que organizó la FEUCR a finales de abril, y cuya producción fue adjudicada a una empresa privada por ₡43 millones.
Polémica por conciertos de Semana U
El jueves 24 de abril, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) anunció la cancelación de los conciertos programados para ese mismo día y el viernes de la Semana Universitaria. Los conciertos fueron cancelados abruptamente por carecer del permiso para concentraciones masivas de personas del Ministerio de Salud.
Salud reportó que la FEUCR solicitó el permiso de forma extemporánea el 22 de abril, un día antes del inicio de los conciertos de la Semana U. La institución archivó la petición por ese motivo.
El Semanario Universidad informó de que la UCR hizo una licitación pública y adjudicó la producción de los conciertos a una empresa privada, VMM Productora SRL, por ₡43 millones. La comunidad universitaria exigió cuentas a la FEUCR por la cancelación de los conciertos y, hasta ahora, han renunciado cuatro miembros de la federación, incluyendo su presidenta, Artemisa Villalta.
Doble Check le pidió a la UCR el desglose de las fuentes de financiamiento del contrato para la producción de los conciertos de la Semana Universitaria. La institución no ha respondido aún.
Crítica desde la Asamblea Legislativa
El diputado de Nueva República, José Pablo Sibaja, se refirió a la cancelación de los conciertos de la Semana U en la sesión del Plenario del 30 de abril.
“Mientras estamos todos aquí, muy cómodos, y hay niños y niñas que están recibiendo clases en condiciones precarias, los ineptos de la FEUCR han desperdiciado ₡40 millones en un concierto que, simplemente, no se dio. Sí, ₡40 millones que, gracias a muchos de ustedes, diputados y diputadas, le regalaron más plata [sic.]; plata que tenía que llegar a los niños, y no a las universidades públicas”, criticó Sibaja.
La legisladora del Frente Amplio, Priscilla Vindas, respondió al cuestionamiento del diputado de Nueva República:
“Les puedo decir que la FEUCR no se financia ni con un solo colón de fondos públicos. ¿Por qué? Porque cada vez que uno paga su matrícula, aún siendo becado, paga una cuota de Bienestar Estudiantil y esto va a financiar la Federación. Lo financia la cuota de Bienestar Estudiantil, aporte de las sodas y aporte de fotocopiadoras a lo interno de la universidad”, señaló Vindas.
Las afirmaciones de Vindas fueron replicadas por el medio de comunicación digital, El Mundo CR.
Recursos de la FEUCR son fondos públicos
Es incorrecto señalar que las fuentes de financiamiento de la FEUCR carecen de naturaleza pública. Esos ingresos sí son recursos públicos.
La FEUCR se financia con la mayoría de los recursos captados por el cobro de la cuota de Bienestar Estudiantil del proceso de matrícula y con aranceles a las cafeterías y fotocopiadoras que operan dentro de la universidad, según un documento del directorio del 2019.
La Contraloría General de la República (CGR) aclaró la naturaleza jurídica de los ingresos recaudados en la matrícula universitaria desde el 2007, en un oficio remitido a todas las universidades públicas de ese momento (FOE-SOC-0488). El ente contralor advirtió que “el pago [de esos recursos], y más aún su recepción efectiva, determina y trae consigo su integración al patrimonio público”.
“Los recursos recaudados por concepto de matrícula y bienestar estudiantil, en virtud de la vinculación que tienen con la prestación del servicio innato de estos centros de enseñanza superior, ingresan al patrimonio público de las universidades estatales, y para todos los efectos, deben considerarse como públicos”, concluyó la Contraloría.
Esa definición se extiende a las tarifas que las universidades cobren a locales comerciales dentro del campus, precisó la Contraloría a Doble Check. Si los comercios están ubicados en edificios universitarios, “los recursos que se generen producto del uso de dichos bienes conservan su naturaleza pública”, indicó la CGR refiriéndose al artículo 9 de su ley orgánica.
“En ese sentido, cuando las sodas y fotocopiadoras operan dentro de las instalaciones de la universidad y los aranceles percibidos por la federación provienen del aprovechamiento de esos espacios, dichos ingresos tienen carácter público”, añadió el ente fiscalizador.
¿Qué pasaría si esos ingresos no fuesen catalogados como recursos públicos? Según la Contraloría, esa lógica “implicaría entender que los recursos públicos se reducirían a aquellos que sean trasladados por la vía de una transferencia presupuestaria, con exclusión de todo otro recurso recibido por una vía diversa”.