En resumen: Casa Presidencial ha reclamado que la Asamblea Legislativa “engavetó” y le puso “trabas” a sus proyectos de ley sobre seguridad pública. Dos omisiones de información hacen que ese mensaje sea engañoso.
Primero, el Ejecutivo omite que el área de Servicios Técnicos del Congreso detectó fallos en dichos proyectos. Además, Presidencia no menciona que estos fueron archivados tras recibir votos negativos en comisión legislativa porque los diputados oficialistas no los rescataron por medio de dictámenes positivos de minoría.
De nueve proyectos de ley que el Poder Ejecutivo ha presentado en el Congreso entre mayo de 2022 y marzo de 2025, cinco propuestas han sido archivadas tras obtener criterios negativos de mayoría en la comisión de Seguridad y Narcotráfico. Tres iniciativas fueron aprobadas y se han convertido en ley, y una sigue en trámite legislativo.
El rechazo de algunos de los proyectos del Ejecutivo se basó en distintas alertas técnicas por la reiteración de normativa vigente, deficiencias en su redacción y posibles roces de constitucionalidad y legalidad. Esas observaciones provinieron del departamento de Servicios Técnicos, así como de instituciones judiciales y especialistas en Derecho Penal.
El diputado oficialista de la comisión de Seguridad, Jorge Rojas, reconoció a Doble Check que una de las propuestas archivadas podría “no armonizar con el marco jurídico vigente en materia penal y procesal penal”. Sobre otra iniciativa del Gobierno (expediente 23.688), Rojas afirmó que apoyaba su archivo para que la comisión se enfocara en otro proyecto similar que sí tiene el aval de Servicios Técnicos.
Proyectos “engavetados” según el Ejecutivo
Casa Presidencial arrancó el año confrontando a la Asamblea Legislativa por “trabas” en los proyectos de ley sobre seguridad que ha presentado el Poder Ejecutivo.
El pasado 8 de enero, Casa Presidencial difundió un video donde afirma que “el gobierno sí se puso las pilas para hacer la tarea, a pesar de las trabas que le pone la Asamblea Legislativa, que engavetó los proyectos que tenían que ver con seguridad”.
Según el Ejecutivo, el 2024 fue un año más seguro por su labor en materia de seguridad, y cuestionó supuestos obstáculos impuestos por la Asamblea Legislativa y fallas en la gestión del Poder Judicial.
El 21 de marzo, Presidencia indicó a Doble Check que su referencia a proyectos “engavetados” correspondía “a las iniciativas presentadas por el Ejecutivo como parte de la mesa de los Supremos Poderes” (expedientes 23.688, 23.689, 23.691 y 23.692). Según Presidencia, “de esos proyectos, cuatro fueron archivados y solo uno se aprobó”.
El informe anual que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, presentó a la Asamblea Legislativa a inicios de mayo reitera que “el Congreso insiste en postergar la aprobación de proyectos de ley clave” sobre seguridad ciudadana, mientras que el Ejecutivo continúa desarrollando acciones concretas en la materia.
Nueve proyectos del Ejecutivo
De mayo de 2022 a marzo de 2025, la administración Chaves Robles ha presentado nueve proyectos de ley en materia de seguridad y narcotráfico, según el departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa. De ese total, cinco propuestas fueron archivadas con dictamen negativo de mayoría de la comisión de Seguridad.
A pesar de la participación de diputaciones oficialistas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, ninguna de las iniciativas recibió un dictamen afirmativo de minoría, lo que impidió que continuaran su trámite legislativo.
Los expedientes fueron archivados según el artículo 81 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Esa norma establece que “procederá el archivo del proyecto sin más trámite, cuando la comisión produzca un dictamen negativo, ya sea unánime o de mayoría, siempre y cuando no se haya presentado dictamen afirmativo de minoría”. Aunque esa figura no garantiza la aprobación de un proyecto, sí habría permitido que los proyectos de ley continuaran en trámite legislativo.
Otro expediente sigue en trámite legislativo. El área de Servicios Técnicos emitió un informe sobre el proyecto de Ley para el fortalecimiento del sistema antilavado (expediente 24.746), donde advierte la necesidad de revisar varios párrafos de la iniciativa “con la finalidad de evitar posibles roces de legalidad y de inconstitucionalidad”.
Además, tres proyectos del Ejecutivo han logrado convertirse en ley. La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Contra la Delincuencia Organizada (10.369), la Ley para la Modernización de la Intervención de las Comunicaciones (10.500), y la Ley para sancionar penalmente a las personas que introduzcan ilegalmente teléfonos celulares en los centros penitenciarios (10.716).
Alertas técnicas en proyectos archivados
Casa Presidencial omite referirse a los motivos del fracaso de sus proyectos de ley sobre seguridad. Estos proyectos fueron archivados con base en distintas alertas técnicas, como la reiteración de normativa vigente, deficiencias en su redacción y posibles roces de constitucionalidad y legalidad. La mayoría de esas falencias fueron señaladas en informes del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.
Las observaciones de Servicios Técnicos fueron retomadas en los dictámenes negativos emitidos por la Comisión de Narcotráfico y Seguridad. Este es un resumen de las falencias identificadas en esos proyectos.
La información completa del trámite de cada uno de los expedientes está disponible en el portal de consulta de la Asamblea Legislativa.
- Ley para restaurar la seguridad pública y contener a los delincuentes que representan un peligro para la sociedad
La iniciativa 23.692 fue presentada por el Ejecutivo en abril de 2023 y fue archivada por dictamen negativo de mayoría en febrero del año pasado.
El proyecto introducía el “peligro para la sociedad” como un criterio para la aplicación de prisión preventiva y el beneficio de ejecución condicional de la pena. Además, “en materia de libertad condicional, se enumera una serie de delitos en los cuales no es posible aplicar este beneficio”, describió Servicios Técnicos.
Servicios Técnicos concluyó que el criterio de “peligro para la sociedad” como causal para imponer prisión preventiva atenta contra “el principio de inocencia, de razonabilidad y proporcionalidad”.
El dictamen negativo de mayoría que archivó el proyecto se basó en los señalamientos de Servicios Técnicos, el cual “advierte de los serios riesgos de inconstitucionalidad que tiene este proyecto de ley, por establecer disposiciones muy amplias, sin distinciones, que atentarían contra el principio de racionalidad y proporcionalidad, debido a que obligaría a las personas juzgadoras a tomar decisiones innecesarias y desproporcionadas”.
Los diputados oficialistas, Alexander Barrantes y Jorge Rojas, se opusieron al dictamen negativo, pero no presentaron un dictamen positivo de minoría que permitiera darle continuidad al proyecto
El 8 de abril, el diputado Rojas reconoció a Doble Check que “no consideré oportuno presentar un dictamen de minoría, dado que el proyecto debe ser mejorado en algunos artículos que podrían no armonizar con el marco jurídico vigente en materia penal y procesal penal”.
- Ley para adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad violenta y la delincuencia organizada
El Ejecutivo presentó el proyecto 23.691 en abril de 2023 y fue archivado con dictamen negativo de mayoría en febrero de 2024.
La exposición de motivos del proyecto señalaba la intención de incluir “como causal para la detención provisional cuando una persona menor de edad ‘represente un peligro para la sociedad’”.
Servicios Técnicos advirtió que “la redacción actual de la iniciativa presenta roces de legalidad y de constitucionalidad”, debido a que el proyecto “establece disposiciones con conceptos jurídicamente indeterminados, ambiguos y que obligarían a la persona operadora del derecho a interpretar, de acuerdo a su arbitrio y percepción”.
El dictamen negativo de mayoría también destacó que el proyecto “conlleva a un desconocimiento de los principios rectores en materia penal juvenil y al desarrollo y especialización que esta ha tenido en nuestro país”, con base en el criterio que brindó la Corte Suprema de Justicia en la comisión.
El Departamento de Servicios Técnicos hizo una salvedad en la reforma a los artículos 59 y 106 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Los cambios a dichos artículos pretendían duplicar los plazos de detención provisional de las personas menores infractoras, así como ampliar el plazo para dictar sentencia en los casos de delitos de delincuencia organizada. Servicios Técnicos señaló que “las reformas bajo análisis cumplen con la observancia a los principios de legalidad en materia penal, así como con el de tipicidad y proporcionalidad”.
El proyecto fue discutido en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico el 13 de febrero de 2024, pero los diputados oficialistas no participaron en la votación.
Jorge Rojas justificó que no presentó un dictamen positivo de minoría porque impulsó un nuevo proyecto de ley con el diputado Fabricio Alvarado (Nueva República), el cual mantenía reformas a artículos de la Ley de Justicia Penal Juvenil que pretendía el Ejecutivo originalmente.
Sin embargo, esa nueva propuesta también fue archivada con dictamen negativo de mayoría en octubre pasado. El dictamen negativo concluyó que “el proyecto de ley traería importantes afectaciones en el proceso penal juvenil” con base “las exposiciones de las personas expertas y operadoras de la ley que se recibieron en audiencia […], así como las respuestas de instituciones consultadas”.
- Reforma a los artículos 7, 88, 88 bis y 88 ter de la Ley Nº 7530 de armas y explosivos y sus reformas
La iniciativa 23.689 fue presentada por el Poder Ejecutivo en abril del 2023 y se archivó tras recibir un dictamen negativo de mayoría en noviembre de ese año.
El texto proponía ampliar los supuestos en los que una persona estaría inhabilitada para portar y tener armas. Entre ellos, se incluía a quienes “fueran elevados a juicio” por delitos contra la vida o la propiedad, por delitos contemplados en la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, o por contravenciones en las que mediara violencia. También, se prohibiría el acceso a armas a personas inscritas en el registro de agresores domésticos y a quienes incumplieran las normas de control de armas de fuego.
Además, la iniciativa pretendía agravar las sanciones por los delitos de tenencia y portación ilegal de armas permitidas en aquellos casos en que el arma estuviera inscrita a nombre de un tercero, hubiera sido reportada como extraviada o sustraída, y hubiese sido empleada para cometer un ilícito penal. La iniciativa también establecía que, si el propietario registral de un arma omitía denunciar su pérdida, extravío o sustracción, se le cancelaría la matrícula y el permiso de portación.
Tanto el Departamento de Servicios Técnicos como el dictamen negativo de mayoría señalaron problemas de técnica legislativa. Por su parte, el dictamen negativo de mayoría señala que “el proyecto de ley no viene a resolver la crisis de inseguridad que azota a Costa Rica y que desvela a la ciudadanía y a las autoridades”.
Además, el criterio mayoritario de la comisión enfatiza que “la propuesta de ley no propone ninguna reforma al uso, tenencia y portación de armas prohibidas, como fusiles de guerra automáticos, que son los que las bandas de delincuencia organizada usualmente utilizan para cometer los ilícitos que han sorprendido al país”. Se plantearon otras preocupaciones, como la falta de claridad en el respeto al principio de proporcionalidad, ya que el proyecto no excluye delitos culposos contra la vida o la legítima defensa, además de la presencia de conceptos abiertos a libre interpretación.
El diputado Rojas destacó que propuso un informe afirmativo ante la comisión pero fue rechazado por “un tema político”. El legislador oficialista indicó que un nuevo proyecto de Carlos Andrés Robles (Partido Unidad Social Cristiana) rescató la propuesta original del Ejecutivo, tramitado en el expediente 24.328.
- Ley del Sistema Penitenciario Nacional
El Ejecutivo presentó el expediente 23.688 en abril del 2023 y fue archivado con dictamen negativo de mayoría en marzo del 2024. Este proyecto fue archivado “por acuerdo”, según el diputado oficialista, Jorge Rojas.
Según Servicios Técnicos, la iniciativa definía “una estructura del Sistema Penitenciario”, regulaba “diversos órganos en sus funciones penitenciarias” e incluía “normas relacionadas con la ejecución penal” tales como “un régimen disciplinario para las personas sujetas al sistema penitenciario”.
Servicios Técnicos calificó el objetivo del proyecto como “confuso” porque no se sabía si se trataba de una regulación estrictamente penitenciaria o si era una ley de ejecución de penas. Además, la iniciativa presentaba problemas técnicos.
El informe técnico señaló que “la Constitución Política atribuye potestades al Poder Ejecutivo en materia de ejecución penal, pero también las otorga al Poder Judicial, de manera que la regulación de la ejecución de la pena debería contemplar las dos potestades y precisamente dirimir qué competencias le corresponden a las autoridades penitenciarias administrativas y cuáles a las personas juzgadoras de Ejecución Penal”.
Así, Servicios Técnicos determinó que la iniciativa del Ejecutivo “no cumple con ese cometido, en la medida en que es omisa en diversos aspectos de la ejecución, como podría ser la posibilidad del control jurisdiccional de algunas decisiones administrativas o la posibilidad de que las personas privadas de libertad impugnen judicialmente los actos administrativos, entre otros“.
La Comisión también determinó que el expediente 23.688 era deficiente porque “el articulado es omiso en varios puntos, como definiciones de naturaleza jurídica o funciones”. La mayoría de la comisión señaló que “en cuanto al componente de ejecución, existen muchos vacíos en la regulación de una verdadera ejecución de la pena”.
En la sesión de la comisión del 21 de marzo, el legislador Rojas afirmó que “en las condiciones en que se encuentra este proyecto y el acuerdo que tenemos en comisión […] yo reitero esa posición de archivar este proyecto y seguir trabajando fuertemente en el 24.019”.
El expediente al que se refiere ese diputado es el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena y de las Medidas de Seguridad Curativas, que persigue el mismo objetivo de establecer una legislación en materia de ejecución de la pena.
El expediente 24.019 ha sido desarrollado con la participación de una mesa técnica conformada por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y Paz. La comisión legislativa de seguridad consideró que el expediente 24.019 tenía mayores avances y decidió archivar la iniciativa del Ejecutivo para dar continuidad a la otra propuesta.
El proyecto 24.019 fue dictaminado afirmativamente por unanimidad en octubre del 2024; en abril de este año, el proyecto está en la fase de discusión de mociones en el Plenario legislativo.
- Ley de Incentivos para la Denuncia en la Lucha contra la Corrupción
El proyecto 23.104 fue presentado en mayo del 2022, y archivado con dictamen unánime negativo en octubre del mismo año.
Según la descripción del dictamen negativo, la iniciativa del Ejecutivo “propone un inciso que permita al Ministerio Público no perseguir al funcionario público o privado que delate hechos y personas cuyas conductas encuadren en delitos contra la Administración de Justicia, los Deberes de la Función Pública, la Hacienda Pública o el Deber de Probidad; siempre y cuando tal denuncia resulte útil, pertinente y eficaz para la persecución de los delitos cubiertos por esta norma y pruebe la participación más grave de otras personas en los hechos denunciados”.
El texto también consideraba como quebranto al deber de probidad cuando un funcionario público oculte un hecho de corrupción. La jueza penal, Rosaura Chinchilla, señaló en la comisión que “eso hoy está vigente también en el ordenamiento jurídico costarricense”, específicamente en el artículo 329 del Código Penal.
La iniciativa también proponía “la derogación del inciso a) del artículo 12 de la ley 9.699 sobre “Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”, eliminando así la responsabilidad de quienes denuncian y la atenuación de la pena para personas jurídicas. La Fiscalía General señaló que dicho artículo no debería ser eliminado y que la iniciativa no impactaría positivamente el quehacer procesal penal. “Mucho menos puede estimarse que este proyecto incentive la denuncia de esa tipología de delito”, advirtió la Fiscalía.
El expediente 23.104 no cuenta con informe del Departamento de Servicios Técnicos. Sin embargo, se contó con el criterio de instituciones como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. Además, se recibió en audiencia al abogado y docente, Carlos Tiffer Sotomayor; y a la jueza penal y docente, Rosaura Chinchilla Calderón.
La decisión de archivar la iniciativa se basó en los criterios recibidos. Carlos Tiffer y Rosaura Chinchilla coincidieron en que las figuras delictivas contempladas en la iniciativa ya están reguladas en la normativa penal vigente.
