En resumen: No existió ningún allanamiento en Casa Presidencial durante Semana Santa, ni hay evidencia creíble de que el OIJ o la Fiscalía hubieran intentado ejecutar uno para incriminar al presidente Rodrigo Chaves. Aun así, en cuestión de días, esa afirmación infundada se transformó en un rumor viral, impulsado por figuras afines al Gobierno y amplificado finalmente por el propio mandatario.
La desinformación brotó en un contexto político agitado, en el marco de una acusación penal contra el presidente Rodrigo Chaves que sucedió un día después de la convención del Partido Liberación Nacional (PLN). En ese ambiente, tomó fuerza el rumor de una conspiración que atribuía al PLN la planificación de un supuesto “golpe de Estado judicial”. La idea fue lanzada sin pruebas por el abogado Juan Diego Castro, quien afirmó que el supuesto plan se ejecutaría en Semana Santa. En cuestión de días, su historia parece haber sido adaptada y amplificada en TikTok y Facebook por creadores de contenido afines al oficialismo.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) terminó por desmentir los rumores, tachándolos como irresponsables y tendenciosos. El propio abogado del presidente, José Miguel Villalobos, le restó credibilidad a la denuncia, pero ello no pesó para que fuera compartida en la cuenta de Facebook del mandatario.
Doble Check intentó contactar a Juan Diego Castro y a varios de los creadores de contenido que esparcieron el rumor, para considerar si existió alguna evidencia que sustentara la alarma, así como a Casa Presidencial. Ninguna fuente divulgadora del rumor respondió las consultas.
Clima propicio para la sospecha
Dos eventos de relevancia política coincidieron para generar un ambiente propicio para la propagación de rumores de un “golpe de Estado judicial” contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
El domingo 6 de abril, mientras el país se preparaba para los días feriados de Semana Santa, el Partido Liberación Nacional (PLN) celebró su convención interna para elegir a su candidato presidencial. Álvaro Ramos Chaves, quien dirigió la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en los primeros meses del actual gobierno, se impuso con holgura. Uno de los focos informativos de la jornada fue la cifra de participación: apenas 161.500 personas acudieron a las urnas, la cantidad más baja en la historia del partido.
Un día más tarde, en lo que creadores de contenido afines al Gobierno interpretaron como una coincidencia significativa, la Fiscalía General de la República presentó una acusación penal contra Rodrigo Chaves. El Ministerio Público lo señaló como sospechoso del delito de concusión, al acusarlo de haber favorecido presuntamente a terceros con contratos financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En la acusación, contenida en el expediente 25-000019-0033-PE, también figura el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. La Fiscalía pidió que la Corte Suprema de Justicia evalúe la posibilidad de levantar la inmunidad presidencial para continuar con el proceso judicial.
La cercanía temporal entre ambos eventos —la convención liberacionista con su débil convocatoria y la acusación contra el presidente— alimentó una narración que pronto empezó a circular en redes sociales. Desde cuentas afines al oficialismo, comenzaron a insinuarse motivos ulteriores detrás de la actuación del Ministerio Público. Según estas versiones, la Fiscalía habría actuado estratégicamente para generar un escándalo político que opacara la escasa participación en el proceso interno del PLN, y desviar así la atención pública hacia el presidente.
La advertencia que encendió la mecha
La primera alerta de una supuesta conspiración en contra del Ejecutivo no pareció originarse en redes sociales. Doble Check detectó que la primera referencia vino de una figura política con trayectoria: Juan Diego Castro, abogado, exministro de Seguridad y consejero del presidente. Castro lanzó la alerta el 7 de abril, desde el espacio televisivo Nuestro Programa del canal Trivisión. Fue una intervención extensa, de más de una hora, en la que el abogado describió —sin aportar evidencia— un presunto complot para destituir al presidente Chaves.
El eje de su relato era el siguiente: Costa Rica estaría a las puertas de un “segundo golpe de Estado judicial”, esta vez dirigido a sacar a Chaves del poder antes de rendir su informe anual ante la Asamblea Legislativa, que finalmente se dio el 5 de mayo.
“El golpe de Estado judicial es de días [sic] y van a aprovechar la Semana Santa para que el país esté desmovilizado”, dijo el abogado ante el conductor del programa, Jerry Alfaro, y sus panelistas. Ninguno de ellos pidió evidencias ni cuestionó las afirmaciones hechas al aire.
Según Castro, la conspiración databa de tres años antes, diseñada por “cerebros militares” dentro y fuera del país, y llevaría por nombre código Isla de Plata. En su narración, los responsables del plan pertenecen a la cúpula del PLN.
La única pieza presentada como supuesta prueba por Castro fue el extracto de un debate de marzo de 2022 entre José María Figueres (PLN) y Rodrigo Chaves, cuando ambos aspiraban a la presidencia. En ese intercambio, Figueres advirtió que, si Chaves ganaba, “lo iban a ver salir de Casa Presidencial con esposas en las manos”, aludiendo a las investigaciones por el financiamiento de su campaña. Castro usó esa frase como presagio del supuesto complot, aunque el caso al que hacía referencia en ese momento no guarda relación con la acusación presentada por la Fiscalía General el 7 de abril de este año.
Castro agregó en su relato: “Ya en redes hay quien dice: [a Rodrigo Chaves] le van a abrir una cuenta en algún país para meterle un montón de dólares y decir que es un lavador. O a lo mejor, cuando lo allanen, van a encontrar alguna sustancia en su casa”. Acto seguido, matizó: “Yo, francamente, lo único que le puedo decir es que son capaces de cualquier cosa”.
El abogado no mencionó directamente un allanamiento en Casa Presidencial ni aseguró que se fuera a plantar evidencia como un hecho inminente. Eso sí, su discurso guarda semejanzas generales con publicaciones que se harían en días posteriores y que agregarían más detalles a la conspiración, sin ningún hecho comprobable.
En su campaña presidencial del 2018, Juan Diego Castro también advirtió sin evidencia que el PLN iba a cometer fraude al cambiar votos por “crack, marihuana y por bolis inyectados con tapis”.
El rumor prende fuego en redes
La advertencia del golpe de Estado no se quedó en el estudio de Trivisión. Días después de las declaraciones de Juan Diego Castro, el rumor tomó una nueva forma en plataformas sociales.
El sábado 12 de abril, la difusora de propaganda del Gobierno, Yendry Quirós, publicó un mensaje en TikTok que advertía sobre un allanamiento inminente en Casa Presidencial. La creadora de contenido aseguró que, según una “fuente confidencial” agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y fiscales sembrarían cocaína y dinero en efectivo en el despacho presidencial con el fin de incriminar al mandatario.
“El allanamiento lo disfrazan por el hecho de que el Gobierno le ha facilitado información sensible a la embajada americana”, escribió Quirós en un texto superpuesto a un video que alcanzó alrededor de 22.400 vistas. También, Quirós afirmó que un funcionario del OIJ, esposo de una fiscal de nombre Magaly, habría filtrado información del operativo; y que fiscales, incluyendo uno de apellido Rojas, se habrían rehusado a participar en el supuesto montaje tras una discusión en el sótano de los tribunales del Primer Circuito Judicial de San José.
Doble Check contactó al Ministerio Público para verificar esa información. La Fiscalía General confirmó que no tiene registro de ninguna fiscal con el nombre Magaly.
El rumor de Quirós, sin embargo, parece haber sido el detonante de otros. La alarma fue retomada por otros creadores de contenido cercanos al oficialismo, pero quien la amplificó con mayor fuerza fue Franklin Cordero, un usuario de TikTok conocido por sus discursos a favor del presidente. En un video publicado ese mismo día, Cordero hizo un llamado urgente a compartir su grabación “para traernos abajo los planes de quienes intentan ejecutar” el supuesto allanamiento.
Cordero repitió —en términos casi idénticos— la historia de la discusión entre fiscales, del plan para plantarle evidencia a Chaves y del supuesto intento por desestabilizar al gobierno. “Si lo ejecutan, ya sabemos que era un montaje grandísimo”, dijo, y si no se llevaba a cabo, agregó, sería gracias a que “la población está en sobreaviso”.
Ese video, aunque luego fue eliminado por su autor, no desapareció. Otro creador de contenido lo descargó y lo subió a Facebook. La divulgación del rumor alcanzó tintes oficiales cuando, un día después, el domingo 13 de abril, la cuenta de Facebook de Rodrigo Chaves compartió esa publicación con una sola línea de texto: “Compatriotas, ¿qué opinan?”.
Doble Check consultó a Casa Presidencial sobre la autoría y el propósito de la publicación hecha desde la cuenta de Facebook del presidente Rodrigo Chaves, con preguntas sobre quién maneja el perfil, la veracidad del video compartido y la intención detrás del mensaje. No se recibió una respuesta oportuna.
El eco presidencial llegó al mediodía de ese domingo. No obstante, el día anterior, el director del Organismo de Investigación Judicial ya había desmentido la alarma en X:
“Irresponsables y tendenciosos rumores (falsos) de que se va a allanar a alguien de alto perfil en Semana Santa. El OIJ es una policía técnica, científica, objetiva y no se presta para ningún juego político sucio. Estamos por dicha en un país de Derecho y ojalá sigamos así, amén”, dijo el director del OIJ, Randall Zúñiga.
Esa misma noche, el abogado del presidente Chaves, José Miguel Villalobos, se había referido al rumor mediante una publicación en su perfil de Facebook. Villalobos hizo un llamado a la calma y descartó que un operativo en Casa Presidencial fuera legalmente procedente. El abogado señaló que la causa penal contra el mandatario ya se encuentra en etapa de acusación, lo que descartaría nuevas diligencias de investigación, y aseguró que no existe fundamento jurídico para secuestrar documentos en Casa Presidencial.
El llamado a la calma del abogado de Chaves pareció no haber disuadido al presidente de compartir el rumor del complot un día después.
Doble Check le preguntó a José Miguel Villalobos si le había aclarado la situación a su cliente directamente. “¡Qué tenga muy buen día, y siga sufriendo!”, respondió el abogado.
*La asistente de investigación de Doble Check, Lucía Mata, colaboró en la documentación de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación.