En resumen: En el 2024, Doble Check verificó decenas de declaraciones del Poder Ejecutivo y halló afirmaciones falsas o sin sustento que el Gobierno no rectificó. Al contrario, hubo tres casos en que el Ejecutivo redobló esfuerzos para repetir y amplificar la desinformación.
El elemento común de estas desinformaciones es su uso para sostener un libreto de ataque contra dos instituciones: la Contraloría General de la República, que ha señalado irregularidades en las propuestas del Ejecutivo para desarrollar proyectos de infraestructura; y el Poder Judicial, que tramita expedientes judiciales contra miembros del Gobierno, incluido el presidente Rodrigo Chaves.
La Contraloría y el supuesto cogobierno: el Gobierno anunció que la Sala Constitucional reafirmó la idea de que la Contraloría General de la República (CGR) coadministra el país. Esa fue una tergiversación de los fallos del tribunal constitucional sobre el llamado proyecto de Ley Jaguar. La Sala nunca señaló que la Contraloría ejerza un cogobierno; al contrario, el tribunal afirmó que “es claro que la Contraloría no es administración activa”. La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, reconoció en diciembre, bajo juramento, que no tiene evidencia puntual que sustente el señalamiento de que la CGR cogobierna excediendo sus funciones constitucionales.
El falso argumento de procedimientos permitidos: según el Ejecutivo, la Contraloría bloquea arbitrariamente proyectos clave que la ley permite del modo en que Casa Presidencial los propone, como la terminal de cruceros y marina de Limón y la construcción de Ciudad Gobierno. Sin embargo, la legislación vigente contradice esa posición, y los propios antecedentes presentados por el Gobierno carecen de fundamento. Casa Presidencial incluso fabricó una cita textual que le atribuyó a la Contraloría para sostener esta crítica en el informe anual de labores en mayo.
El “impunómetro” exagerado: El presidente de la República difundió que hay 95,7% de impunidad en las denuncias penales que se han presentado en Costa Rica, basándose en una estimación del abogado y exministro de Seguridad, Juan Diego Castro. El cálculo del llamado “impunómetro” asume erróneamente que toda denuncia sin condena es un caso de impunidad, ignorando las complejidades del sistema judicial. La validez de ese cálculo fue rechazada por fuentes expertas que, incluso, Castro citó como referencias de su estimación. A pesar de su imprecisión, el Gobierno ha repetido la cifra para criticar al Poder Judicial, coincidiendo con el avance de investigaciones del Ministerio Público en casos que involucran a funcionarios del Ejecutivo.
Sala Constitucional nunca dijo que la Contraloría cogobierna
Según el Ejecutivo, la Sala Constitucional determinó que la Contraloría General de la República (CGR) ejerce un cogobierno, excediendo sus funciones constitucionales. El presidente de la República y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, sostuvieron esa afirmación para justificar el llamado proyecto de Ley Jaguar, que desean llevar a referendo. La Sala Constitucional nunca dijo eso.
En la conferencia de prensa el 30 de julio pasado, tras el fallo de la Sala sobre la primera versión de la Ley Jaguar, el presidente Chaves tergiversó la resolución al afirmar: “El pueblo de Costa Rica triunfó; triunfó porque los magistrados reconocieron […] que la Contraloría General de la República y sus jerarcas han cogobernado. Se han metido en la administración activa del Gobierno, de manera inconstitucional, desde el año 1994. Eso lo dice la Sala de manera cristalina”.
Por el contrario, en el fallo del 29 de julio (expediente 24-017291-0007-CO), la Sala declaró inconstitucionales varias disposiciones de la Ley Jaguar, indicando que eran un retroceso en las funciones constitucionales de la Contraloría. Al mismo tiempo, el tribunal recalcó que la Contraloría no forma parte de la administración activa del Gobierno: “Es claro que la Contraloría no es administración activa”, subrayó la Sala.
El Gobierno impulsó la Ley Jaguar con el argumento de que la Contraloría debía ser limitada en su alcance, acusándola de exceder sus funciones al evaluar previamente decisiones administrativas. La reforma pretendía incluir en la Ley Orgánica de la CGR una lista de acciones que la Contraloría no podría realizar, pero eso fue rechazado por la Sala Constitucional por restringir competencias claves para la fiscalización de los recursos públicos.
En el voto del 29 de julio, la Sala destacó que los cambios planteados “implican un resquebrajo claro y directo a todo el esquema constitucional de la CGR […] en retroceso y regresión de nuestra institucionalidad de control”.
Presidencia impulsó una segunda versión de su proyecto de ley, que también contenía propuestas inconstitucionales. Ante esa resolución, Laura Fernández, tergiversó nuevamente el criterio de la Sala. En una conferencia el 9 de octubre, la jerarca aseguró: “La Sala Constitucional nos dio la razón, costarricenses: dijo que la Contraloría no puede seguir siendo un cogobierno; que la Contraloría no puede seguir sustituyendo o abarcando tareas que nos tocan a nosotros”.
Esta declaración tampoco tiene respaldo en los fallos de la Sala. El proyecto de ley proponía cambiar la Ley Orgánica de la CGR para que la institución no pudiera “sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar” asuntos que le atañen a la administración activa. Los magistrados dijeron que esta lista es inconstitucional excepto por los verbos “sustituir” y “abarcar”. Sin embargo, la Sala no concluyó que la Contraloría haya incurrido en dichas acciones o estuviera ejerciendo un cogobierno.
El Ejecutivo insiste en que la Asamblea Legislativa respalde llevar la Ley Jaguar a referendo para enfatizar que la Contraloría no podrá “sustituir” ni “abarcar” las funciones del Ejecutivo. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó en noviembre la recolección de firmas para el referendo por considerar que la iniciativa es una reiteración de normas ya existentes.
El 19 de noviembre, durante una comparecencia en la comisión legislativa de Gobierno y Administración, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, reafirmó que la Contraloría coadministra el Estado: “Yo les podría, si ustedes quieren, dar una bitácora diaria de la coadministración de la Contraloría”. Tras un recurso de amparo presentado por Doble Check, la ministra reconoció bajo juramento que tal afirmación la hizo en “sentido figurado” y que la lista de hechos anunciada “es una información que como tal no tenemos”.
Después que Doble Check publicara esas declaraciones de la ministra, Casa Presidencial divulgó supuestos ejemplos de disposiciones que son coadministración de la Contraloría, aunque la institución no fundamentó por qué esos casos son coadministración. Doble Check está revisando la veracidad de esa información.
Falsos argumentos para justificar vías para Ciudad Gobierno y Marina de Limón
En 2024, el Gobierno de Rodrigo Chaves culpó al supuesto “cogobierno” de la Contraloría por frenar arbitrariamente proyectos clave para su gestión, como Ciudad Gobierno y la Terminal de Cruceros y Marina de Limón. En realidad, el Ejecutivo insiste en que puede usar figuras de contratación que la ley no contempla para esos proyectos de infraestructura.
Con Ciudad Gobierno, el Ejecutivo argumentó que su diseño y construcción podría llevarse a cabo mediante un contrato de arrendamiento operativo, aunque los terrenos para la obra son propiedad del Estado. Ante señalamientos de la CGR, el Ejecutivo presentó la Ley Jaguar para modificar las normas de contratación pública, de modo que su propuesta fuese posible.
El 29 de julio, Doble Check demostró cómo el proyecto de Ley Jaguar apuntaba a incorporar servicios de diseño y construcción en contratos de arrendamiento, reduciendo los controles públicos para escoger a los desarrolladores de las obras. Laura Fernández negó dichas implicaciones y distorsionó el impacto real de la reforma propuesta.
Doble Check también evidenció la forma en que el Ejecutivo comparaba incorrectamente a Ciudad Gobierno con contratos públicos previos que, según sus declaraciones, eran equivalentes. Sin embargo, ninguno de los contratos citados tenía las mismas características.
Por otra parte, el Gobierno ha querido hacer la Terminal de Cruceros y Marina de Limón mediante una alianza estratégica, una figura que no está definida puntualmente en la normativa para la construcción de obra pública. Doble Check constató que la Ley Jaguar buscaba ampliar las competencias de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) al permitirle establecer alianzas para la construcción de obra sin pasar por una licitación pública. Además, la vía que propone el Ejecutivo carece de un estudio de factibilidad técnico, contrario a lo expresado por el Gobierno.
El Gobierno culpó a la Contraloría por el estancamiento de la marina de Limón durante el 2024. Rodrigo Chaves incluso citó falsamente a la CGR durante su rendición de cuentas en mayo. Según el presidente, la Contraloría señaló “no debemos aprovechar recursos del sector privado a través de Alianzas Estratégicas que la ley permite”; ante un recurso de amparo de Doble Check, Casa Presidencial reconoció que esa cita textual era una fabricación.
Cálculo de 95,7% de impunidad en Costa Rica es exagerado
El abogado y exministro de Seguridad, Juan Diego Castro, asegura que la impunidad en Costa Rica es de 95,7% al comparar el total de denuncias penales con las condenas entre 1998 y 2023. La validez de ese “impunómetro”, repetido por el presidente Rodrigo Chaves, fue desmentida por los expertos a cargo de los estudios que Castro citó como fuentes de su cálculo.
El “impunómetro” asume que cualquier denuncia sin condena es impunidad, ignorando que hay denuncias que no terminan en condena por falta de pruebas, acuerdos alternativos o decisiones judiciales legítimas. Evelyn Villarreal, investigadora del Programa Estado de la Nación, explicó que no todas las denuncias reflejan delitos probados, y que el cálculo de Castro distorsiona el proceso judicial. Castro intentó justificar su cifra citando estudios en Argentina y Chile, pero los responsables de esos análisis negaron que sus metodologías respalden esa interpretación.
A pesar de estas refutaciones, el presidente Chaves ha usado el “impunómetro” para cuestionar al Poder Judicial en distintos espacios públicos, calificándolo como “la fábrica de impunidad más cara y grande del mundo”. El 11 de diciembre, Rodrigo Chaves sugirió que las leyes del sistema judicial convierten el crimen en una actividad prácticamente impune. Ante esto, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, respaldó el llamado “impunómetro”, afirmando que “más del 95% de las personas denunciadas quedan impunes”.
Rodrigo Chaves no aplicó la lógica del “impunómetro” a las denuncias penales que él ha recibido como presidente. En la última conferencia de prensa del 2024 de Casa Presidencial, el 18 de diciembre, el mandatario dedicó más de una hora de transmisión a criticar al Ministerio Público por no desestimar denuncias en su contra que, según él, son “ridículas”. La lógica del “impunómetro” cataloga esas denuncias contra el presidente como delitos cometidos que quedarían impunes si carecen de condena, pero ni Chaves ni su abogado mencionaron el dato en esa ocasión.