En resumen: Frente a las críticas de Casa Presidencial sobre la impunidad en Costa Rica, el Poder Judicial defendió su desempeño al señalar la resolución de más de 1,7 millones de casos en la vía penal entre 2019 y 2023. El dato es correcto pero incluye casos prescritos y archivados, que son estadísticas “preocupantes” según la coordinadora del Estado de la Justicia.
El Poder Judicial publicó un video que refuta el señalamiento principal del “impunómetro” del exministro de Seguridad y excandidato presidencial, Juan Diego Castro”, quien asegura que 95,7% de las denuncias penales entre 1998 y 2023 quedaron impunes porque carecieron de una condena. La cifra fue replicada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para criticar al Poder Judicial. Doble Check verificó que ese dato es exagerado y reveló que estudios citados por Castro no respaldan su estimación.
Aunque la cifra de Castro resulta exagerada, los casos que prescriben y las desestimaciones en archivo fiscal son señales “preocupantes” en el Poder Judicial. Así lo explicó a Doble Check Evelyn Villarreal, coordinadora del Informe Estado de la Justicia. Las prescripciones representaron 16% de los sobreseimientos en 2023, mientras que las desestimaciones, que constituyeron un 22% de los casos cerrados el mismo año en el Ministerio Público, reflejan una tendencia preocupante porque una parte del total de casos se archiva sin una investigación suficiente, indicó la investigadora.
William Serrano, juez del Poder Judicial, justificó las desestimaciones por la necesidad de priorizar casos graves debido a los recursos limitados de la institución, aunque reconoció que se pueden mejorar procesos para atender delitos menores.
Más allá de los datos disponibles, uno de los mayores retos del Poder Judicial es ofrecer información comprensible y coherente. Aunque cifras como los 1,7 millones de casos resueltos entre 2019 y 2023 pueden parecer impactantes, la falta de datos históricos consistentes y la incoherencia entre fuentes dificultan evaluar con claridad la efectividad del sistema judicial y las áreas que requieren atención prioritaria.
Respuesta del Poder Judicial
La reacción del Poder Judicial sobre la impunidad surgió tras un señalamiento de Juan Diego Castro que Casa Presidencial amplificó desde finales de septiembre. El abogado y excandidato presidencial afirmó que 95,7% de las denuncias penales entre 1998 y 2023 no resultó en condena, una cifra que definió como su “impunómetro”.
Doble Check publicó una verificación en la que expuso que el dato de Castro es exagerado y que los estudios citados por el abogado no justifican su estimación.
Ante las críticas públicas, el Poder Judicial publicó un video el 30 de octubre en redes sociales, en donde afirma lo siguiente:
“¿Es correcto afirmar que en el sistema penal predomina la impunidad? No. Una denuncia por sí sola no implica culpabilidad. No toda denuncia debe transformarse en condena. La impunidad es la ausencia de una respuesta del sistema de Justicia ante un acto ilícito. El Poder Judicial sí responde ante los conflictos que se le presentan. Lo hace con alternativas que van más allá de una sentencia condenatoria y no por eso son menos justas o efectivas. Solo entre 2019 y 2023 se resolvieron más de 1,7 millones de casos en la vía penal”.
Total sin contexto
El Poder Judicial destacó, sin dar contexto, la cifra de 1,7 millones de resoluciones en un período de cinco años. Ese número, por sí solo, no aborda la objeción de fondo sobre la impunidad.
Por ejemplo, entre esos millones de casos resueltos, se incluyen los procesos archivados sin una investigación exhaustiva. También, figuran casos que, aunque minoritarios, representan uno de los indicios más cercanos a la impunidad: la prescripción de causas penales.
Prescripciones
No existen datos oficiales que permitan determinar con certeza la magnitud de la impunidad en el sistema judicial costarricense, pero ciertos indicios sugieren su presencia en casos específicos. Según Evelyn Villarreal, uno de los ejemplos más claros son los casos prescritos, cuando un proceso termina en sobreseimiento porque no se tramitó a tiempo.
La coordinadora del Estado de la Justicia (del Programa Estado de la Nación) señaló a Doble Check que, en esas situaciones, el sistema falla en ofrecer una resolución definitiva, dejando a las víctimas y a los acusados sin justicia.
Un sobreseimiento ocurre cuando el sistema judicial cierra un caso porque no hay razones suficientes para seguir adelante con el proceso. Esto puede suceder por diversos motivos: por ejemplo, si la persona acusada fallece, si no hay pruebas suficientes, si se cumplen ciertas condiciones como parte de un acuerdo, o porque el delito ya no puede ser perseguido debido al paso del tiempo. Ese último escenario es la prescripción.
En 2023, según datos del Poder Judicial, se cerraron 38.413 casos por sobreseimiento en diferentes instancias del sistema judicial, como fiscalías, juzgados y tribunales. De ese total, 6.205 casos (16%) se cerraron porque habían prescrito.
William Serrano, juez y coordinador del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, coincidió en que la prescripción es un fenómeno preocupante. En una entrevista con Doble Check, el juez atribuyó parte de las prescripciones a casos de rebeldía: situaciones en las que la persona investigada se da a la fuga y el caso se extingue legalmente con el paso del tiempo.
Serrano explicó que ese problema es recurrente debido a los recursos limitados del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), particularmente en su sección de capturas, que afronta una gran cantidad de personas requeridas en comparación con su capacidad operativa. Sin embargo, en el 2023, el Poder Judicial registró únicamente 196 casos en los que la Fiscalía solicitó cerrar el proceso por rebeldía. Esta cifra se contabiliza de forma separada de los datos generales de prescripción, que ascienden a los más de 6.000 casos citados.
Durante el 2023, las prescripciones se mantuvieron consistentemente como el segundo motivo más frecuente de sobreseimiento en todas las instancias (Ministerio Público, juzgados y tribunales).
Archivos fiscales
La percepción de que denunciar delitos menores es una pérdida de tiempo es una de las críticas más frecuentes contra el Poder Judicial, según las fuentes expertas consultadas. Un ejemplo común es el destino de las denuncias por robo, que a menudo son desestimadas cuando el Ministerio Público concluye que no existen pruebas suficientes para identificar al sospechoso o vincularlo con el delito.
Las desestimaciones son decisiones administrativas del Ministerio Público que concluyen un caso sin necesidad de llevarlo a juicio; generalmente, por falta de pruebas, ausencia de una persona señalada por el delito, o porque la acción penal no es procedente según la ley. Cuando un caso es desestimado, se envía al archivo fiscal, donde queda inactivo (aunque puede reabrirse si aparecieran nuevas evidencias).
Hubo 52.667 archivos fiscales en el 2023, que representaron 22% de todos los casos terminados en la instancia del Ministerio Público. Evelyn Villarreal señaló que la estadística de archivo fiscal la preocupa porque muchos casos se archivan rápidamente y, a veces, no queda claro por qué.
Villarreal indicó que muchas desestimaciones se ejecutan sin una investigación a fondo:
“Parece que, a veces, [en el Ministerio Público] buscan quitarse de encima expedientes que no les interesan mucho”, señaló la investigadora.
Además, Villarreal mencionó que, como parte de sus investigaciones para el Informe Estado de la Justicia, ha encontrado desestimaciones donde ni siquiera se usaron las razones que la ley establece para cerrarlos. Esto no significa necesariamente que haya impunidad, advirtió la investigadora, pero sí pone en evidencia fallas en la administración de justicia.
Ante las críticas por la gran cantidad de casos pequeños que se archivan sin investigación, William Serrano, del Poder Judicial, concedió que puede haber mejoras en la atención institucional, aunque atribuyó el accionar del Ministerio Público a criterios de eficiencia.
“Como un sistema económico que es la justicia, tenemos recursos limitados, y esos recursos deben dirigirse a causas de importancia”, señaló Serrano.
Serrano argumentó que, con recursos escasos, es más lógico priorizar investigaciones de delitos graves, como homicidios, narcotráfico o trata de personas, que tienen un mayor impacto social, por encima de delitos menores sin evidencia suficiente. El juez añadió que esa decisión responde a criterios sociológicos y criminológicos que buscan maximizar el impacto de los recursos disponibles.
Datos inconsistentes
El Poder Judicial produce muchos datos, muestra muchos datos, pero ofrece poca comprensión de esos datos. Para la realización de esta verificación, Doble Check consultó tres herramientas en línea disponibles al público, revisó las memorias institucionales del OIJ, los anuarios estadísticos del Poder Judicial y solicitó bases de datos a su Dirección de Planificación. Todos estos recursos no bastaron para reconstruir la base de datos que mostró Juan Diego Castro, quien no respondió a consultas de Doble Check.
Los datos disponibles ofrecen tendencias generales que, sin contexto, resultan poco esclarecedoras. Un ejemplo es el dato destacado por el Poder Judicial de que, entre 2019 y 2023, se resolvieron más de 1,7 millones de casos en la vía penal. También, es posible analizar la productividad de las oficinas judiciales en términos de casos ingresados y resueltos. Las estadísticas del Departamento de Planificación parecen estar concebidas principalmente como una herramienta administrativa para registrar el flujo de casos en cada instancia judicial, en lugar de servir como una base sólida para diseñar o evaluar políticas criminales.
¿Qué no pudimos conocer? La cantidad de casos de homicidio que se mantienen sin condena en los últimos 10 años, un dato que sí nos podría acercar a una cifra de impunidad. Al intentar construir una base de datos manualmente, descubrimos que los registros de homicidios y condenas específicas solo están disponibles para ciertos años. Por ejemplo, lo que sabemos con certeza es que, en el 2023, el país alcanzó un récord histórico con 907 homicidios, pero no encontramos una forma accesible de rastrear el destino de esos casos.
