La crisis por inseguridad y violencia está creciendo cada vez más en el país, y con ello surgen demandas de las y los costarricenses a los distintos poderes de la República para que se tomen medidas que ayuden a solventar esta problemática.
Las tasas de homicidio relatan cifras históricas que alarman a la población. Según los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 2022 registró una cifra histórica de homicidios de 657, es decir 1,8 homicidios por día, reportando un aumento de un 11,56% en relación con el 2021.
Mientras que en los primeros 87 días del 2023 se han reportado 189 homicidios, dando 2,17 por día. Estos datos coinciden con el crecimiento continuo. y acentúa la crisis durante la última década.
Randall Zúñiga López, Director General interino del OIJ, indicó que la cifra mayoritaria de las víctimas del 2022 consisten en personas con antecedentes criminales vinculados con el narcotráfico, donde el principal móvil fue ajuste de cuentas. Estos también se relacionan con las disputas de territorios, o incluso conflictos dentro de las bandas.
Dentro de estas estadísticas alarmantes se observa una narrativa, la cual indica una movilización acelerada del narcotráfico en el país. Grupos delincuentes que buscan organizarse para obtener territorios y dominar el mercado.
En un informe del 2018, el Programa Estado Nación da claridad que las tasas de homicidios, robos y asaltos son más altas en aquellos cantones donde las necesidades básicas humanas y acceso al conocimiento es menor. Y de forma contraria, aquellos cantones con mayor acceso a la educación y generación de empleo presentan menores tasas de crimen.
Ante las crecientes denuncias el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, mencionó los esfuerzos que han surgido del Poder Judicial para luchar contra esta situación.
Entre las propuestas de la Corte está una reforma del artículo once de la Ley del Registro y Archivos Judiciales para que las personas procesadas deban ser consideradas como delincuentes primarios, en caso de ser procesados nuevamente.
Aguirre también menciona como otras de las propuestas, agilizar el proceso en los casos donde haya protección de víctimas y testigos y dar prioridad, ampliar los delitos ante los cuales se puede realizar la intervención telefónica, puesto que esta herramienta se encuentra limitada a ciertos delitos y agilizar el procedimiento de anticipo de prueba.
Crimen organizado
Según un estudio del Latinobarómetro, en el 2020 un 40.9% de la muestra consideró que había presencia de crimen organizado, grupos armados, grupos narco o pandillas en su zona de residencia. Estas cifras crecientes son motivo de preocupación dentro de las comunidades que perciben cómo esta inseguridad está más presente en su día a día y también permiten comprender la importancia de los poderes.
Ante esta crisis Orlando Aguirre afirma que es importante consolidar una ruta conjunta entre los poderes del Estado para ver los cambios que demanda la población.
Además, dentro de Costa Rica se ha visto una tendencia de narcomenudeo, el cual se enfoca más en la distribución de dosis de droga más pequeñas, de un tráfico en menor escala, en lugar de su producción, distribución y movilización a gran escala como lo sería el narcotráfico.
El ministro de seguridad Jorge Torres, ha asegurado su intención en combatir el narcomenudeo, sin embargo ha sido causante de polémica puesto que ha responsabilizado a las comunidades de la presencia de este crimen organizado.
Conozca más sobre el tema en este programa de Desayunos de Radio Universidad.
