En resumen: El presidente de la República, Rodrigo Chaves, difundió que la fiscala del Ministerio Público que solicitó desestimar un “megacaso” de fraude tributario contra el presidente del Banco BCT, Leonel Baruch Goldberg, fue “subalterna directa” de ese banquero cuando él era ministro de Hacienda entre 1999 y 2001. Hacienda descartó la acusación de Chaves.
Desde enero, el Gobierno anunció la existencia de una denuncia contra el presidente de ese banco privado por supuesta evasión de impuestos, aunque Casa Presidencial omitió en sus mensajes oficiales que la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios había solicitado la desestimación de la denuncia ante un juzgado penal.
El presidente Chaves justificó posteriormente que esa omisión en el anuncio del Gobierno fue “irrelevante”, y reclamó que la fiscala que pidió la desestimación de ese “megacaso”, Criss González Ugalde, debió inhibirse porque fue “subalterna directa” de Baruch en el Ministerio de Hacienda.
Criss González estuvo nombrada en el Ministerio de Hacienda del 1 de enero de 1999 al 18 de agosto del 2003. Hacienda negó a Doble Check que el puesto de González Ugalde hubiera sido de uso discrecional del entonces ministro, durante la administración Rodríguez Echeverría. La directora jurídica de la institución era la jefa directa de dicha funcionaria.
Esa información concuerda con la aclaración que el Ministerio Público emitió a finales de enero por las sospechas que levantó Rodrigo Chaves. Casa Presidencial también reconoció los hechos ante una consulta de Doble Check este viernes, aunque la institución no reconoció directamente que el presidente difundió una falsedad.
Una jueza del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó la solicitud de desestimación de la denuncia contra el presidente del Banco BCT el 30 de enero y devolvió el caso al Ministerio Público para retomar el proceso de investigación.
¿Qué es el “megacaso”?
El 19 de enero, el Ministerio de Hacienda anunció la existencia de 23 denuncias de “megacasos” de fraude fiscal presentadas en el Ministerio Público. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo que cada uno de los casos superan los ₡230 millones de defraudación.
El jerarca destacó un “megacaso” de evasión fiscal donde un banco privado costarricense trasladó $65 millones a una sociedad anónima panameña de la misma persona, aunque no precisó el nombre de la entidad bancaria. Según Acosta, esa sociedad panameña hizo un préstamo por los mismos $65 millones al banco costarricense, tomando el traslado inicial como garantía del préstamo. El ministro afirmó que ese movimiento resultó en más de ₡11.000 millones de defraudación al fisco.
El medio de comunicación digital El Mundo CR publicó ese mismo día que Corporación Banco BCT es la empresa relacionada con la denuncia, así como su presidente, Leonel Baruch Goldberg, que también preside la junta directiva del medio de comunicación CR Hoy.
Sin embargo, el Ministerio Público aclaró el 20 de enero que esa institución pidió la desestimación de la causa ante un juzgado penal. “La causa 22-000070-0621-PE se encuentra con solicitud de desestimación en el Juzgado Penal, y, por consiguiente, no se encuentra en trámite o en investigación”, indicó el Ministerio Público a medios de comunicación.
El ministro Nogui Acosta justificó ese día que no tenía “más de una hora de saber esto”, refiriéndose a la solicitud de desestimación. Sin embargo, CR Hoy publicó un oficio donde el Ministerio Público había notificado esa petición ante la Dirección General de Tributación desde el 9 de enero.
Tras los anuncios del Gobierno, Leonel Baruch presentó una denuncia penal contra tres jerarcas de Hacienda el 25 de enero por los delitos de abuso de autoridad, difusión de información falsa y suplantación de páginas electrónicas.
¿Qué dijo el presidente Chaves?
El presidente Rodrigo Chaves se refirió al supuesto “megacaso” relacionado con Leonel Baruch en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno del 25 de enero.
El presidente dijo que la omisión del Gobierno de que existía una solicitud de desestimación por parte de la Fiscalía es “irrelevante e inmaterial para el caso”. “Con que solo aparezca una pieza de información adicional, el caso está vivo”, comentó Chaves.
El mandatario también cuestionó la idoneidad de la fiscala asignada en la denuncia. “El 2 de enero, la fiscal Criss González le manda a un juez, en sus vacaciones, una solicitud de que desestime el caso”. El presidente también criticó que la fiscala pidió la desestimación 55 días después de la presentación de la denuncia.
“Doña Criss González ¿usted sabe que ella fue subalterna directa de Leonel Baruch Goldberg en el Ministerio de Hacienda, del 1 de enero de 1999 al 3 de agosto de 2001? Casi 3 años, y eso en sí mismo de acuerdo a los entendidos en la ley, y de acuerdo a mi entendimiento de la moral en la función pública, debió haberla obligado a inhibirse de ver este caso. No lo hizo. Interesante ¿verdad?”, cuestionó el presidente.
Criss González Ugalde es funcionaria de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios. El Poder Judicial informó posteriormente de que la Inspección Judicial abrió una investigación disciplinaria “para investigar los hechos citados por el Presidente de la República sobre el Ministerio Público”.
Hacienda descarta versión de Chaves
El Ministerio de Hacienda confirmó a Doble Check que la fiscala Criss González Ugalde estuvo nombrada en la Dirección Jurídica de esa institución del 1 de enero de 1999 al 18 de agosto del 2003, aunque tuvo un permiso sin goce salarial entre marzo del 2000 y febrero del 2001.
Hacienda precisó que la jefatura inmediata de González era la directora jurídica de ese ministerio, Dagmar Hering Palomar. “No era un puesto discrecional, era un puesto del régimen del servicio civil, resuelto por terna del Servicio Civil (Puesto Profesional de Proceso 2, Asesor Legal)”, detalló la institución en una respuesta oficial el 10 de febrero.
Doble Check repreguntó si Criss Gonzáles Ugalde fue “subalterna directa” de Leonel Baruch, que dirigió el Ministerio de Hacienda durante la administración Rodríguez Echeverría, de mayo de 1998 a agosto del 2001.
“Su jefatura directa era la Licda. Dagmar Hering Palomar, directora Jurídica del Ministerio”, reiteró Hacienda ante esa consulta.
Desde el 25 de enero, el Ministerio Público emitió una aclaración firmada por la fiscala González que detalla los hechos que Hacienda reconoció ante las consultas de Doble Check.
La fiscala también descartó que hubiera presentado la solicitud de desestimación del caso durante sus vacaciones, como acusó el presidente. La funcionaria judicial aseguró que estuvo obligada a laborar del 2 al 6 de enero del 2023, durante el cierre colectivo del Poder Judicial.
“Como parte del plan de trabajo agendado para esos días, se asignó a las dos personas fiscales redactar y plantear los requerimientos conclusivos de casos que estaban en condiciones de ser resueltos, los cuales fueron determinados de forma libre e independiente en el mes de diciembre, por parte de cada fiscal de nuestra oficina, entre los que se encontraba el expediente 22-000070-0621-PE”, relató la fiscala en el comunicado del Ministerio Público.
¿Qué significa el rechazo de la desestimación?
La fiscala Criss González Ugalde justificó que el Ministerio Público solicitó asistencia a la República de Panamá para obtener pruebas para el caso, que reúne hechos del 2008 al 2015. Sin embargo, la entidad solicitó la desestimación del caso porque “los hechos delictivos investigados en Costa Rica no estaban sancionados penalmente en Panamá”.
“Estaba ausente la doble incriminación requerida para su tramitación y diligenciamiento y por ende, esto no permitiría seguir con la investigación de la denuncia al no tener elementos para contrastar la maniobra defraudatoria denunciada”, detalló la fiscala.
Sin embargo, la jueza Juliana Jiménez, del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, devolvió la solicitud de desestimación el 30 de enero y recomendó “una serie de diligencias que se deben de realizar con el fin de poder culminar el peritaje solicitado por el Ministerio Público”. Según la jueza, tales diligencias “no han sido llevadas a cabo” y la causa quedaría inconclusa al solicitar la desestimación.
La jueza también determinó que, sobre la información solicitada por la Fiscalía a Panamá, “no se observa dentro de los autos el correo electrónico o documento que dé respuesta a la totalidad de los cuestionamientos (…) únicamente se indica que los delitos contra fueron creados [en Panamá] en el 2019 y antes de esa fecha se tramitaban vía administrativa”.
“La jueza señaló que desde la Dirección de Fiscalización del Ministerio de Hacienda se remitió información atinente al caso, pero desde el Ministerio Público no se presentó ‘el análisis de esta documentación dentro del expediente’”, reportó el medio digital Delfino CR, que tuvo acceso a la resolución.
Así, el caso sigue vigente y está de vuelta en el Ministerio Público. Si esa institución mantiene la petición de desestimar la denuncia, el caso pasará al Fiscal General o a un fiscal superior “para que peticione nuevamente o ratifique lo planteado por el fiscal inferior”. El juzgado deberá resolver “conforme a lo peticionado” si el Ministerio Público reitera su solicitud, según el artículo 302 del Código Procesal Penal.
