En resumen: Un proyecto de ley que la Asamblea Legislativa discute actualmente permitiría que autobuses de hasta 20 años de antigüedad brinden servicios de transporte público en un plazo temporal de cinco años. Sin embargo, la versión original de la iniciativa pretendía que esa extensión de la vida útil de los buses fuera permanente.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, defendió la propuesta en una comisión legislativa y aseguró que “nunca la intención ha sido aumentar a 20 años de manera permanente”. Eso es incorrecto.
La propuesta de ley original la presentó el ahora exdiputado del PUSC, Erwen Masís, en junio del 2021. El texto proponía extender los años de circulación de los buses de transporte público, de 15 a 20 años desde su fabricación.
La iniciativa fue retomada este año por una mayoría de las diputaciones actuales de la Comisión de Asuntos Económicos, quienes aprobaron un texto sustitutivo para su votación en el Plenario. El nuevo texto permitiría la ampliación de la vida útil de los buses, pero solo por un plazo temporal de cinco años.
La diputada Carballo respondió a Doble Check que “nunca, de mi parte, ha sido la intención que se amplíe el plazo de antigüedad de manera permanente”. La legisladora destacó que ella fue quien presentó la moción para que la reforma sea transitoria.
Diputada del PUSC defiende propuesta
Una mayoría de la comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de “Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19”, que se tramita bajo el expediente 22.530. La iniciativa pasará a votación en el Plenario.
La iniciativa permitiría la circulación de autobuses de hasta 20 años de antigüedad para transporte público por un periodo transitorio de cinco años. Actualmente, la ley permite que los autobuses tengan una vida útil máxima de 15 años desde su fabricación.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, ha defendido el proyecto de ley en la comisión de Asuntos Económicos. En una sesión del 6 de diciembre, la legisladora justificó que una moción presentada a la iniciativa “propone dejar claro que el objetivo no es tocar los 15 años que están en la ley, que se mantendrían”.
“Nunca la intención ha sido aumentar a 20 años de manera permanente. Siempre, la intención fue mantener lo que está en la ley y hacer este aumento por las situaciones que todos conocemos”, aseguró Carballo.
Iniciativa original era permanente
La extensión de la vida útil de los autobuses del proyecto de ley 22.530 era permanente en la versión original de la propuesta.
El proyecto de ley fue presentado en junio del 2021 por el entonces diputado del PUSC, Erwen Masís. En aquel momento, María Marta Carballo era la directora administrativa de la fracción legislativa de ese partido.
Masís propuso la reforma con la intención de “salvaguardar el interés público, la continuidad en el servicio, y la protección económica y financiera de este importante sector [autobuses de transporte público]”, según el texto base de la propuesta. Actualmente, el exdiputado es el representante del Poder Ejecutivo en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El proyecto original consistía en una reforma al artículo 46 bis de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad (Ley N° 7600), para establecer lo siguiente: “El Consejo de Transporte Público y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), no permitirán la circulación de autobuses de ruta regular en el servicio público, después de transcurridos veinte años de su fabricación, este plazo es improrrogable”.
El texto base no indicaba que dicha modificación fuese de carácter temporal.
Cambios con la nueva Asamblea
El proyecto del exdiputado Masís fue retomado por la nueva comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa en septiembre pasado. La extensión de la vida útil de los buses pasó a ser transitoria en una versión actualizada del texto de la iniciativa.
La nueva propuesta incluye un artículo transitorio que establece que “la presente ley contará con un plazo único de cinco años de duración, que empezarán a regir a partir de su entrada en vigencia”. Es decir, la iniciativa permitiría que autobuses de hasta 20 años de antigüedad puedan circular durante un quinquenio, y el máximo de vida útil regresaría a 15 años cuando termine ese plazo.
El nuevo texto de la iniciativa también dispone que el Consejo de Transporte Público (CTP) haría revisiones semestrales de las unidades que sobrepasen los 15 años de vida útil, “con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y servicio de calidad al usuario”. El proyecto de ley tiene otro artículo transitorio para que los autobuses cuya vida útil venció entre la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia y la entrada en vigencia de la ley puedan “acogerse al nuevo periodo de vida útil de 20 años”.
“No me puedo referir a las intenciones del proponente del proyecto, me refiero a mis intenciones desde que asumí como diputada y que me tocó analizar este proyecto de ley”, dijo María Marta Carballo a Doble Check.
“Nunca, de mi parte, ha sido la intención que se amplíe el plazo de antigüedad de manera permanente”, afirmó la legisladora. Carballo explicó que ella presentó la moción que estableció que la posible reforma sería norma transitoria.
