Comunidades indígenas de Costa Rica llegaron a Egipto para exigir financiamiento climático para subsanar el cuido de sus bosques y las pérdidas y daños ocasionadas por la crisis climática.
El coordinador de La Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), Levi Sucre, denunció que muchas comunidades indígenas siguen sin ver el financiamiento prometido por varias empresas y naciones del norte global durante la COP 26 en Glasgow, para apoyar el trabajo de conservación de bosques y así aportar a la lucha climática.
Empresas como Amazon y países como Estados Unidos e Inglaterra prometieron en 2021 donar $1.7 billones para ayudar al trabajo que hacen las comunidades rurales e indígenas protegiendo los bosques que habitan. Sin embargo, un año después solo el 7% de los fondos llegaron directamente a esos grupos, según el reporte anual de seguimiento del Compromiso de tenencia de bosques de los pueblos indígenas y comunidades locales.
El compromiso especificaba que el financiamiento llegaría de manera directa a las poblaciones prometidas, sin embargo el nuevo informe reveló que alrededor del 50% de los fondos entregados fueron canalizados a través de organizaciones no gubernamentales intermediarias.
La mayoría de estos fondos siguen sin ser entregados o apenas están en proceso de desembolso, según denunció el también líder indígena del pueblo Bribri.
Sucre asistió a la COP 27 en Egipto para denunciar la falta de financiamiento que están sufriendo los pueblos a los que representa.
Durante un discurso dentro de la Cumbre de Líderes de Bosques y Clima, en Sharm El Sheikh, Egipto, afirmó que los acuerdos y promesas que hacen los altos poderes mundiales, no están aterrizando a los territorios indígenas. Estas comunidades remotas, dijo, son de las más impactadas por los desastres naturales provocados por el cambio climático.
“Nosotros en los territorios vemos de primera mano la crisis climática, somos de los más vulnerables. Y aún así somos de los grupos que más dan soluciones reales para la protección del ambiente, pero de los que menos recibimos financiamiento para apoyarnos, dice Sucre.
Las comunidades indígenas representadas por el activista solicitan que los fondos ya presupuestados sean dados de forma directa a los grupos de acción dentro de los pueblos y que los gobiernos asignen más fondos para la lucha contra la crisis climática en estas zonas.
Crisis climática genera aún más vulnerabilidad
Según Sucre la crisis climática es uno de los mayores problemas de los territorios originarios del país, pero no es el único; las ocho comunidades indígenas del país viven bajo el nivel de pobreza, según datos del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA).
La representante indígena de la Asociación de Mujeres Kábata Könana, Heylin Sánchez, cree que es el impacto del cambio climático en esas comunidades que agrava las cifras de pobreza: las inundaciones cada vez más son más constantes y les impide tener cosechas exitosas, lo que los deja sin comida, obligando a los miembros de los pueblos a migrar a la capital en busca de trabajo y abandonar permanentemente su cultura y comunidad.
La activista también dice que los gobiernos locales no atienden con urgencia las emergencias que ocurren en sus territorios con la misma eficacia que en el resto del país. Así pueblos completos quedan incomunicados y sin trabajo por días. Comunidades como Rey Curré, en Puntarenas, siguen recuperándose años después de los estragos ocasionados por las tormentas Nate y ETA, por ejemplo.
Para Sánchez el impacto es aún más fuerte entre las mujeres indígenas, pues muchas deben sacrificar su educación para solucionar los problemas económicos que generan los desastres climáticos que llegan cada vez más.
“Somos nosotras las que tenemos que averiguar qué va a comer la comunidad cuando el desborde del río se lleva las cosechas. Nosotras somos las que buscamos dónde encontrar el agua cuando hay sequías. Nosotras somos las sacrificadas”, enfatiza la representante, que también es experta en resiliencia alimenticia indígena.
Para la politóloga colombiana y directora de proyectos y estrategia de Movilizatorio, Lina Torres, los estados deben buscar cumplir parámetros para recompensar los daños irreparables que están sufriendo las comunidades indígenas no solo de Costa Rica, sino de Latinoamérica.
“La justicia climática, al final, es garantizar que esos impactos, que fueron ocasionados por otros países, no se vean tan volcados en las comunidades indígenas”, enfatiza.
Líderes aseguran que el gobierno no escucha sus propuestas
El 9 de noviembre Heylin Sánchez participó en un panel sobre alimentación índigena y cómo esta puede contribuir a la transición alimentaria sostenible. En su discurso la activista enfatizó que para combatir la crisis climática, los países deben escuchar a las soluciones de sus comunidades indígenas.
“Nosotros estamos dando estas ideas de resiliencia para adaptarnos al cambio climático, pero no nos escuchan. Cuando nosotros sufrimos desastres la ayuda llega tarde o no llega”, cuenta.
Justamente Sucre cree que otro de los factores por los que sus comunidades son vulnerables a la crisis climática, es porque el Estado no escucha los pedidos e ideas que tienen sus comunidades para protegerse de las afectaciones del cambio climático.
“Sí te voy a decir que los gobiernos sí han hecho cosas (en nuestros pueblos). Pero nunca con una visión de atender la problemática directa del cambio climático en nuestras comunidades. (…) Necesitamos que nos escuchen”, enfatiza el líder.
La politóloga Torres considera que es responsabilidad de los Estados asegurar que las comunidades indígenas no sean solo protegidas, sino incluidas en todos los procesos para combatir el cambio climático.
“Estamos hablando de las comunidades que más contribuyen a las soluciones climáticas (…) El rol de los Estados es en todos los sentidos; es de reconocer la participación de las comunidades y que se les escuche como voz primaria en cualquier decisión”, dijo Torres.
Tanto Sucre como Sánchez creen que Costa Rica sí ha intentado apoyar, al menos, la conservación de los bosques de sus comunidades.
Por ejemplo, desde 1997 Costa Rica mantiene el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), que reconoce económicamente a quienes protegen, reforestan o cuidan los bosques y ríos. Según la Casa Presidencial, más de 122 mil hectáreas en territorios indígenas fueron protegidas bajo este programa entre 2010 y 2020.
No obstante, sienten que el gobierno no los escucha y además falla en la protección a sus líderes ambientales indígenas. En los últimos tres años, dos miembros de los pueblos indígenas costarricenses fueron asesinados por participar en la lucha de recuperación de territorios, invadidos por finqueros y colonos. El Estado no ha resuelto ninguno de los casos.
Sucre enfatiza que el gobierno falla en proteger y apoyar la resiliencia de las comunidades rurales e indígenas: la mayoría de proyectos que están llevando las comunidades del país que representa, son hechas por ellos mismos u organizaciones sin fines de lucro.
“Esa agenda verde que tiene el país no llega a nuestros territorios. La visión del país no le presta atención a estas cosas”, dice el activista.
Una de los proyectos de la administración anterior fue la creación del programa REDD+ Pagos Basados en Resultados, que consiste en desembolsar $54 millones, provenientes del Fondo Verde para el Clima (GCF), durante cinco años para la conservación de bosques y la prevención de incendios en comunidades indígenas y rurales.
El activista dice que, aunque este tipo de proyectos son un avance, no es suficiente para subsanar las pérdidas irreparables que sufren a nivel de bosques ni los habitantes de los territorios. Sucre enfatiza que las comunidades seguirán exigiendo mayor financiamiento, protección y participación por parte del nuevo gobierno.
